Anticapitalistas
Declaración Izquierda Anticapitalista
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) es una muestra más de la política errática y llena de improvisados gestos electoralistas del Gobierno de Zapatero. La LES no tiene un contenido ambicioso y plausible que impulse un modelo de desarrollo sostenible, la creación de empleo y una salida de la crisis favorable para las clases trabajadoras.
No marca un cambio de rumbo a medio plazo respecto al modelo productivo y tampoco es un instrumento inmediato para luchar contra la crisis económica y el aumento del paro. Mucho menos es una herramienta útil para un cambio en profundidad del sistema socio-económico.
Le han llamado ley de la sostenibilidad de la economía, cuando realmente han desarrollado, con mejor o peor fortuna, una ley de la competitividad de la economía capitalista.
Hasta el lenguaje han pervertido, hoy sostenible no es utilizado por el gobierno como el calificativo de un desarrollo humano, social y ambiental armónico sino el de un crecimiento capitalista continuado sin crisis ni sobresaltos. Abajo las caretas, lo que cuenta es el negocio.
Marco social, económico y ambiental en el que aparece la ley
La “ocurrencia” de la LES apareció en el ínterin entre la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2010 deficitarios, antisociales e incapaces de combatir el paro generado por la crisis y una más que probable reorientación del gobierno en lo referente a la reforma laboral favorable a las tesis patronales.
Mientras en la Conferencia Empresarial de CEOE los “capitanes de la industria” José Luis Feito y Gerardo Díaz Ferrán clamaban contra el “absentismo laboral” como raíz de los males económicos, proponían –en flagrante contradicción con su radical neoliberalismo- que el dinero público del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se hiciera cargo del 100% de la morosidad y exigían una urgente reforma del mercado de trabajo se suceden una serie de ignominiosas declaraciones de dirigentes del PSOE que muestran la lógica social liberal gubernamental.
Elena Salgado propone retrasar la edad de jubilación ante el aumento de la esperanza de vida con total desprecio del desempleo existente y por supuesto del derecho al ocio de quienes han dedicado lo mejor de su vida a trabajar. Elena Espinosa, en un alarde de ecologismo afirmó el 9 de diciembre “… no vamos a Copenhague simplemente a prevenir catástrofes, sino a invertir en nuestro futuro en prosperidad y bienestar, recuperando la confianza de los inversores internacionales”. José Luis Rodríguez Zapatero pontificó que las reformas que propone pretenden “proteger la actividad empresarial, sin desproteger a los trabajadores” y que hay reforzar relación entre cotización y pensión –o sea ampliar el periodo de cómputo de los años de contribución con lo que corremos el riesgo de reducir el monto de las pensiones.
Todo ello se afirma con 4 millones de personas registradas en el paro. En un país sin política industrial, especializado en actividades ajenas a la innovación y con escaso valor añadido. Un país con un importante déficit exterior que ve incrementar su deuda externa neta. Donde impera el empleo precarizado por la temporalidad y la segmentación, y un sistema de formación profesional obsoleto. Donde las clases trabajadoras tienen incrementos salariales por debajo de los aumentos de la productividad y por supuesto de la media de los países de la Unión Europea (UE), lo que supone un decrecimiento continuado de la participación de los salarios en el conjunto del PIB a favor de las rentas del capital. En un Estado con una deuda creciente y una presión fiscal global muy por debajo de la media comunitaria. Concretamente en lo referido los impuestos ambientales y sin entrar a discutir si lo son o no algunos de los considerados como tales en España, destacamos que en nuestro país representan el 1,8% del PIB frente al 2,4% de la UE y los impuestos sobre la energía ascienden a un 1,4% del PIB frente al 1,7% comunitario.
El año 2009 ha sido altamente rentable sin embargo para las principales fortunas capitalistas del país (un 32% más ricos que en 2008) y para los grandes inversores en bolsa (que cerró el año con subidas espectaculares). Buen país para el dinero, donde el fraude fiscal alcanza más de un 20% del PIB y una sustanciosa parte de las ganancias de la construcción, el turismo, la industria, la banca o el transporte se encuentran situadas como activos monetarios en paraísos fiscales extra territoriales. Un país en el que los activos de un solo banco, el Santander, alcanzan casi la cifra del PIB. A esa gente que ganó fortunas incalculables, la sequía del crédito que está yugulando a la PYMES no les afectó, como tampoco les perjudicó la subida de un 69,90% anual del petróleo, que en diciembre alcanzó un incremento del 111% al cotizarse a 80 dólares el barril de crudo Brent, ni tampoco quitó el sueño el incremento generalizado de las materias primas que alcanzó un promedio del 115% desde marzo. De esas subidas, esa gente también hace negocio.
En los mismos días que el gobierno se llena la boca de energías limpias y de I+D+i para cambiar de modelo productivo –precisamente tras aprobar unos presupuestos que bajan los gastos en investigación- se entra en contradicción por ejemplo no modificando la ley del sector eléctrico, insensible a los efectos ambientales, o no tocando un ápice del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) cuya apuesta por las autovías y autopistas para automóviles y camiones y por los trenes de alta velocidad para pasajeros, junto con la política de intensificación del tráfico aéreo y la irresponsable construcción de aeropuertos, lo sitúa en las antípodas de las soluciones sostenibles para la movilidad. Hoy el transporte basado en la quema de combustibles fósiles –que no internaliza el conjunto de costes- es uno de los motores del modelo capitalista de globalización económica y la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero. El PEIT favorece la irracional desvertebración de gran parte del territorio, es un impedimento para el desarrollo rural y comporta nuevas agresiones al medio natural con efectos negativos irreversibles sobre la biodiversidad.
También podemos referirnos como ejemplo al progresivo alejamiento del gobierno del PSOE de su compromiso antinuclear reflejado en la prórroga concedida a la central nuclear de Garoña, el incio del proceso de construccción del cementerio nuclear aplazado durante más de 10 años (ahora está abierto el proceso de elección de ayuntamientos) y la ambigüedad sobre la vida prevista de las centrales nuceares.
La LES como parte de otro invento: la Estrategia 2020
El Gobierno encuadra la LES en el marco de lo que ha denominado la “Estrategia de la Economía Sostenible 2020” compuesta además de por la ley por el anuncio de creación de dos instrumentos -el Fondo ICO-Economía Sostenible y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL)- y el impulso de reformas en los siguientes campos: justicia, estrategia social y laboral, desarrollo de la Directiva de servicios, pacto por la educación y pacto por la energía.
Vista la falta de operatividad de la mediación bancaria de los fondos ICO para paliar la sequía crediticia, la experiencia de despilfarro del Fondo Local de 2009 y las razonables criticas que está recibiendo la propia naturaleza del FEESL, poco cabe esperar de dichos instrumentos. Del lado de las reformas solo cabe añadir que constituyen de momento un auténtico revoltijo de cuestiones bajo el paraguas de una pomposa denominación. Simplemente se trata de una operación más de marketing político para ganar tiempo mientras la crisis escampa ya que personajes como Campa prevén un seguro remonte del PIB para los primeros meses de este año.
La cantidad prevista para la financiación de I+D+i que posibilite el cambio de modelo productivo, 20.0000 millones de euros en 10 años, es claramente insuficiente hasta el extremo de lo ridículo si la comparamos con los efectos reales de las “inyecciones” monetarias recientes en nuestro país. Problema que se agrava cuando el texto aclara que del total, la mitad, 10.000 millones correrán a cargo de la “iniciativa privada”. Además se comprometen 5.000 millones más para una continuación del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), esta vez más centrado en proyectos de innovación y eficiencia, cuyo resultado pronto podremos contar y medir.
Gran parte de las cuestiones enunciadas en la Estrategia o en la propia LES forman parte de anteriores compromisos gubernamentales, algunos de ellos pertinazmente incumplidos, o de proyectos de ley en marcha por lo que de nuevo el gobierno de Zapatero aprovecha una propuesta para incluir a modo de cajón de sastre un totum revolutum de cuestiones sobre las que venía hablando y lo que es más grave, tal como arriba se señala, no ponen en cuestión decisiones vigentes totalmente contradictorias con la sostenibilidad.
La genérica intervención del 2 de diciembre del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para informar sobre esta “Estrategia 2020” no permitió conocer las medidas que piensa aplicar para favorecer la reactivación económica, impulsar políticas públicas para crear empleo, garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, integrar los diferentes regímenes del sistema en el sistema general o transformar el modelo productivo. Quizás en la falta de concreción haya que buscar la respuesta: mejor no aclarar que comprometerse. Ese mismo día y como aclaración a uno de los apartados de la LES, Zapatero afirmó que puede cambiar su posición sobre las nucleares si consigue el “valor añadido” (sic) de un acuerdo sobre el tema con el PP. Afirmación que nos evoca el “estos son mis principios, si no les gustan tengo otros” del genial Groucho Marx.
Cualquier ley no vale
El cambio de modelo productivo es vital. No se puede eludir la tarea de producir ya los bienes y servicios de forma sostenible. Particularmente urgente y necesaria es la descarbonización de la economía. Pero el cambio no vendrá mágicamente de la mano de una norma. Como tampoco vendrá de su mano un cambio de sistema económico y social que articule una distribución justa de la riqueza en cada país y en el ámbito internacional. Pero la legislación puede favorecer o dificultar las posibilidades para cambiar el estado de cosas. Por ello la orientación y calidad de las normas no es una cuestión baladí.
Desde hace algún tiempo la incapacidad de la política para regular la economía y la sociedad global se viene expresando en lo que en términos jurídicos se denomina "soft law". Una técnica proviniente del derecho internacional que se ha trasladado a las leyes nacionales. Son normas que se limitan a describir abundantes principios e intenciones políticas, pero pocas reglas y obligaciones; leyes donde cabe hablar de todo pero lo exigible es escaso o nulo.
La LES es buen ejemplo de lo anterior. Ha recibido diversos calificativos: insostenible (desde el punto de vista ambiental), inconexa y confusa (por su dispositivo jurídico), insuficiente (en diversos aspectos según los puntos de vista a su vez muy encontrados entre sí: patronales, sindicatos, organizaciones sociales y ecologistas). En su corta vida ya ha necesitado de importantes aclaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y otros miembros de su gobierno, pues por si misma la LES explica poco.
No es una ley de la sostenibilidad, es una ley de la competitividad
La política económica e industrial gubernamental española se diseñan de forma reactiva y defensiva ante las presiones de las fracciones más poderosas del capital español y la LES no ha sido una excepción. Nos encontramos ante la continuidad del “business as usual”. No es una afirmación gratuita ya que la misma Vicepresidenta económica Elena Salgado puso especial énfasis en identificar sus propuestas con la de los patronos reunidos en Madrid en la Conferencia Empresarial al afirmar, en entrevista al periódico Público del pasado 6 de diciembre, que “casi todas las propuestas de la CEOE están en la Ley de Economía Sostenible”. ¿Realmente era necesario un anteproyecto de ley para seguir dándoles la razón a los empresarios?
Si la analizamos de cerca su razón de ser no es la que anuncia su título pues no aborda la sostenibilidad (ecológica) de la economía ya que fundamentalmente se centra en medidas para impulsar la competitividad de la misma en el marco de la globalización capitalista. Lo hace desde una visión opuesta a la que se esperaría desde la perspectiva social y ambiental que Zapatero dice defender y, además, lo hace sin hoja de ruta: no tiene objetivos concretos, claros, mensurables con asignaciones presupuestarias determinadas y a lograr en un tiempo determinado y por tanto evaluables.
La LES propone una autoreforma de las instituciones capitalistas y de la propia administración para racionalizar el modelo, de ahí medidas como las englobadas bajo el epígrafe de “Mejora del entorno económico”. En el mismo se plantea modificar el funcionamiento de organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Competencia y el de los mercados financieros mediante la Reforma de los Mercados de Valores, o especifica los criterios normativos para cambiar la contratación pública. Medidas que vienen a acompañar las contenidas en el epígrafe “Competitividad” en el que caben desde la determinación de los plazos para crear empresas o sobre la morosidad hasta la reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario o cuestiones relacionadas con de la sociedad de la información entre otros temas.
No hay en la LES ninguna propuesta de dimensión social –derechos de ciudadanía- a excepción de la promesa (otra más) de la banda ancha universal. La agilización de los contratos públicos, el incremento de la colaboración público-privada (que en muchas ocasiones en España han conllevado y enmascarado privatizaciones de servicios públicos) y los apoyos a empresas e incentivos a la investigación empresarial son medidas que pueden crear un marco institucional más garantista y estable para el capital, pero que nada tienen que ver con la economía sostenible desde un punto de vista ecosocialista.
En relación con los asuntos contemplados en el denominado epígrafe “Sostenibilidad ambiental” cabe hacerse algunas preguntas y realizar algunas valoraciones.
¿Realmente alguien piensa que es una medida ambientalista efectiva regular la creación de un sello certificador? ¿Acaso la sostenibilidad podrá avanzar mediante la creación de un Fondo público para la compra de créditos de carbono? ¿Por qué no se impulsa el transporte de pasajeros por ferrocarril para todos los recorridos, trazados y necesidades de conexión y movilidad? ¿Por qué se impulsan “empresas de servicios energéticos” en vez de darles competencias y medios a las Agencias públicas de la energía existentes en las Comunidades Autónomas e incluso municipios?
La apuesta por centrar la economía en la innovación, podría ir en el sentido de la sostenibilidad, siempre y cuando el desarrollo técnico persiga la mejora en la eficiencia. Pero, una máquina más eficiente por si misma no garantiza la sostenibilidad ya que a su vez debe haber un importante esfuerzo por el ahorro en materiales y energía para generar los bienes y servicios.
Los objetivos sobre ahorro y eficiencia energética, la movilidad sostenible, el impulso de la rehabilitación del obsoleto parque inmobiliario, el apoyo al alquiler de viviendas frente a la adquisición y sobre la participación de las energías renovables con un 20% en el mix energético para el año 2020 son manifiestamente insuficientes y no pasan de constituir un mantra ambientalista que periódicamente le conviene recitar al gobierno.
Señalamos que los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero contemplados en Copenhague permitirían superar las emisiones a que se comprometió nuestro país en el protocolo de Kioto. Pero nosotros, independientemente del fracaso esperado en la pasada cumbre, exigimos a todos los gobiernos de la UE que mantengan compromisos unilaterales para desbloquear la situación sin esperar a la reunión preparatoria de Bonn en Junio ni la cumbre de México al final de 2010.
La sostenibilidad comporta una nueva fiscalidad
Ni siquiera los instrumentos fiscales de la economía de mercado a favor de la justicia y la sostenibilidad se han contemplado rigurosamente en la LES. En el Estado español una fiscalidad redistributiva tiene importantes labores por abordar: gravar las rentas a partir de 60.000 euros anuales de forma aún más progresiva eliminando exenciones, aumentar el tipo sobre los beneficios, no reconocer las sociedades mercantiles y actividades financieras registradas en paraísos fiscales, restablecer en todo el territorio el impuesto sobre sucesiones de las grandes fortunas, recuperar y actualizar el impuesto sobre el patrimonio, crear la imposición sobre las transacciones financieras, gravar las sociedades de valores, etc. Un gobierno que quiera tener capacidad de intervención en la economía productiva y atender los gastos sociales debe confrontar con la lógica fiscal de la derecha.
Merece recalcar que una Ley que pretende una economía sostenible ni siquiera se haya planteado que las deducciones contempladas para favorecer el alquiler de viviendas o el transporte colectivo sean tan pacatas. Tampoco se contempla una modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con objetivos sociales y ambientales, ni una modulación del Impuestos sobre los Bienes inmuebles (IBI) según la certificación energética, ni un recargo del mismo sobre las segundas residencias, ni se introducen criterios ambientales para definir tarifas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ni se utilizan las posibilidades que podrían ofrecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o que el impuesto de plusvalía grave menos a la rehabilitación o densificación en suelo edificado que a las restantes intervenciones urbanísticas y constructivas.
Criterios para otra sostenibilidad
"Dicho de un proceso, que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes" Diccionario de la Lengua Española
El nuevo modelo productivo basado en las energías renovables y la producción limpia no consiste únicamente en impulsar la creación de actividades “verdes” favorables al medio ambiente, ya que el objetivo debe ser construir desde la base un nuevo sistema de producción, transporte y consumo sostenible. Se trata, por tanto, de lograr que el conjunto de la actividad económica sea sostenible.
En ello radica la diferencia entre el naciente “capitalismo verde” y la propuesta ecosocialista. El primero trata de colocar sus capitales ociosos en nuevos nichos de negocio a la vez, que como hacen muchas empresas constructoras y eléctricas, sigue manteniendo sus bussines en actividades contaminantes. El ecosocialismo implica una transformación radical del modelo productivo que pone en cuestión la misma existencia del capitalismo. La LES no apuesta realmente por un nuevo modelo productivo sostenible, pero ni siquiera es una buena ley para asegurar la estabilidad institucional que reclaman los inversores “verdes”.
Para avanzar en la propuesta ecosocialista podemos partir de algunos criterios que servirán para diseñar alternativas prácticas. Conviene tener presente que la sostenibilidad tiene ver con el cómo se generan los bienes necesarios. Esa dimensión material de la producción es clave desde el punto de vista ecológico y es inseparable de la dimensión distributiva, vector clave desde el punto de vista de la justicia social. Finalmente destacamos que la base de la sostenibilidad no es como plantea la LES el crecimiento ilimitado -que por si mismo es insostenible- sino, bien al contrario, hacer lo que hay que hacer pero hacerlo bien para que la humanidad satisfaga sus necesidades actuales sin poner en riesgo sus recursos del futuro. Es necesario que se impulsen medidas de ahorro y eficacia energética.
La manera de medir la voluntad política efectiva los gobernantes es a través de cuatro indicadores: qué marco regulatorio de obligado cumplimiento se construye, cuantos recursos públicos se movilizan, objetivos de descarbonización de acuerdo a la responsabilidad histórica contra el cambio climático y quien gobierna el proceso, el plan o el mercado.
En los cuatro indicadores la LES suspende porque no plantea las obligaciones de empresarios y consumidores en aras a la sostenibilidad productiva y consuntiva. No se plantea la creación de una banca pública que hegemonice las finanzas. No impulsa una reforma fiscal, con criterios sociales y ambientales, capaz de luchar contra el fraude fiscal, recaudar los recursos necesarios gravando las rentas del capital y los movimientos de capitales, y erradicar las conductas insostenibles (por ejemplo, gravando las energías contaminantes y los consumos suntuarios y contaminantes). Deja en manos del mercado las decisiones clave reservando al estado la función, como ocurrió ya en las anteriores crisis industriales y financieras, de guardia de tráfico con vocación de salvavidas para garantizar las ganancias privadas y socializar las pérdidas.
11 de enero de 2010
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