Armas contra los derechos humanos

Jueves 1ro de julio de 2010

Izaskun Sánchez Aroca y Pablo Elorduy | Diagonal

El gobierno socialista, un buen aliado de la industria armamentística

En la carrera por paliar la crisis económica, el Estado español ha centrado sus esfuerzos en aumentar las exportaciones. Uno de los mercados que han sido privilegiados en ese empeño es el de la industria armamentística. Si entre 2000 y 2004 el monto total de exportaciones aportó 385 millones de dólares a las empresas españolas, desde 2005 esa cifra se ha multiplicado hasta llegar a los 2.958 millones. El mismo Gobierno que impulsó la Alianza de Civilizaciones no ha tenido reparos para autorizar exportaciones a países que violan los derechos humanos sistemáticamente como Israel, Marruecos, Sri Lanka o Pakistán.

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“Se analiza caso por caso y de manera completa cada operación”, ha asegurado la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, para defender que el armamento exportado por el Estado español “no alimenta conflictos en curso o latentes y que tampoco ha sido ni será utilizado con fines de represión interna”. Iranzo defiende la boyante industria armamentística y militar española, que no parece atisbar la renombrada crisis.

De hecho, mientras en 2009 se alcanzaban los cuatro millones de personas paradas, la industria de ‘defensa’ registraba un aumento de las exportaciones del 44% respecto a 2008 y el 71,5% comparado con 2003.

La industria armamentística es un sector privado, con participación pública, que negocia directamente con los compradores, privados o públicos, en el marco de una legislación europea que deja manga ancha a cada Estado para que decida la idoneidad de la exportación. En el caso del Estado español, la ley que regula esta transacción comercial es la 53/2007, que insta a que se valoren criterios de estabilidad política o posibles violaciones de derechos humanos en los países importadores.

La autorización tiene que pasar por una comisión dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio formada por miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y representantes de Interior y Defensa, una comisión que mantiene en secreto sus deliberaciones y las actas de sus reuniones.

Para el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) de Canarias, “el control de la venta de armas cuenta con unos criterios que no se respetan: no utilización para represión, ni agresión a los derechos humanos”. Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau han denunciado que en el primer semestre de 2009 al menos 17 países en los que se violan derechos humanos o que atraviesan una situación política inestable han recibido armas de empresas españolas. “El interés de acumulación del capital y poder está en el centro de cualquier relación militarizada. Por tanto siempre priman los intereses de capital por encima de cualquier valor y de cualquier comportamiento ético” denuncian desde el MOC.

Las cuatro grandes

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) en 2008, cuatro de las 100 primeras empresas que venden armas a nivel mundial eran españolas. Navantia, una empresa pública dedicada a la construcción naval militar, se encuentra en plena expansión en países como Turquía, Arabia Saudí o Marruecos y, recientemente, en Malasia, con cuyo Gobierno Navantia ha firmado un acuerdo para el suministro de dos simuladores de submarinos Scorpene.

Otra de las empresas del top 100 es Indra, una de las líderes mundiales del sector que, a través del programa europeo de control de fronteras por satélite Sea Horse, desplegado en las costas africanas, ha obtenido 1,8 millones de euros de beneficios. La incorporación de nuevos países como Marruecos a este programa va a reportar 1,4 millones de euros para Indra.

EADS-CASA es experta en la fabricación de aviones no tripulados. En 2009, vendió a Colombia un avión CN-235-300 para la realización de misiones de Vigilancia Marítima con sensores de misión de última generación, al que hay que sumar otros dos que ya exportó en 2003. El cuarto grupo al que se refiere el Instituto Internacional de Estudios para la Paz es Santa Bárbara Sistemas, empresa que fue pública y que se ha integrado en el holding General Dynamics. Santa Bárbara se ha especializado en fusiles de asalto, lanzagranadas, vehículos blindados y carros de combate como el Leopardo 2E. Esta empresa se ha visto beneficiada con la privatización de la seguridad en los atuneros del estado español en el Índico.

Los principales destinatarios del material de ‘defensa’ fabricado en el Estado fueron los países de la OTAN y de la UE, que coparon el 64,78% del total de las exportaciones. El destino del resto de materiales es cuestionado por Jordi Armadans, de la Fundació per la Pau, quien ha declarado que “dos años es un plazo más que razonable para lograr una aplicación correcta de la ley”. Desde esta Fundación se exige al Gobierno “más rigor y una aplicación correcta que hasta ahora no se ha producido”.

ISRAEL

En mayo, la organización Centro para la Innovación Social Nova denunciaba en un informe las estrechas relaciones en materia militar y de seguridad entre Israel y el Estado español. Estas relaciones se mueven dentro del marco de acuerdos bilaterales entre ambos países, por lo que ni siquiera es necesario que los intercambios comerciales sean aprobados por el Gobierno. En este margen se mueve Aries Ingeniería y Sistemas, radicada en Madrid. Esta empresa, junto a la israelí Goldtech Technologies, están sentando las bases para la exportación de tecnología y aviones no tripulados, los mismos que se usan en los ataques selectivos sobre Gaza o Líbano. Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam expresan su preocupación por la posibilidad de que ambas empresas lleguen a un acuerdo, algo que, denuncian, incumpliría “de forma flagrante” las disposiciones de la ley 53/2007.

El año pasado, cuando el Estado de Israel lanzó su ofensiva sobre la franja de Gaza, en la que murieron más de 1.400 civiles, el Estado español exportó a Israel 2,8 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes, misiles, armas de cañón y munición. Según el informe de Nova, algunos países de la UE como Noruega, Finlandia, Suecia o Bélgica ya están desarrollando iniciativas para prohibir la exportación de armas a Israel.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

En 2009 se ha vendido un radar a Ruanda por 15 millones. Como recuerda el investigador de Escola de Cultura de Pau, Josep Maria Royo: “a nivel interno Ruanda es un país que se encuentra en una situación de represión política y privación de libertades por parte del Gobierno”. A esto se une el papel que juega en el escenario de conflictos de los grandes lagos, en los que varios países de la región, entre otros Ruanda, están implicados, y donde diversos grupos se enfrentan por el control sobre los recursos y el poder político.

En Kenia, las denuncias de fraude electoral de 2007 derivaron en marzo de 2008 en un brote de violencia en el que murieron 1.500 personas y más de 300.000 tuvieron que ser desplazadas. Las denuncias de la comunidad internacional no se han tenido en cuenta para detener la exportación de bombas de aviación a Kenia por valor de medio millón de euros.

SRI LANKA / PAKISTÁN

Más de 7.000 civiles murieron en 2009 como consecuencia de la ofensiva del Gobierno contra la insurgencia tamil en Sri Lanka. El largo conflicto entre el ejército de ese Estado y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil no ha supuesto un impedimento para que España autorizase la venta de bombas, torpedos, cohetes y misiles por valor de 4,1 millones en 2008. Finalmente, el Gobierno decidió bloquear la salida de armas a Sri Lanka a mediados de 2009, año en el que ‘sólo’ se exportaron 1,1 millones de euros en armamento.

Pakistán es otro de los destinos considerados muy preocupantes para las ONG, denunciado por Amnistía Intenacional, Fundació per la Pau, Greenpeace y Oxfam. La permanente tensión con su país vecino, India, y el enfrentamiento interno entre talibanes paquistaníes y el Gobierno son aspectos que no preocupan al Estado español a la hora de autorizar 15,2 millones de euros en exportación para este país, principalmente en equipo para simulación, entrenamiento militar y aeronaves.

Como señala Royo, la triangulación del mercado de armas hace que muchas de las armas ligeras exportadas a Arabia Saudí viajen de nuevo hasta Afganistán y Pakistán, uno de los compradores más importantes de la actualidad. En la primera mitad de 2009, se autorizaron ventas a Arabia Saudí por valor de cinco millones de euros en munición y aviones militares. Una cifra pequeña en relación al comercio que EE UU mantiene con ese país, donde exportó 4.100 millones de dólares en 2006.

MARRUECOS

El Gobierno ha autorizado la exportación de 29,5 millones de euros a Marruecos. Según Royo, “aparte de las violaciones de derechos humanos en el interior”, el país vecino mantiene abierto un conflicto en el Sahara Occidental del que España es responsable. La secretaria de Estado de Comercio ha recalcado que el Estado “analiza de manera completa cada operación al Reino de Marruecos”, si bien las asociaciones prosaharauis insisten en que la violación de derechos de la monarquía alauita debería ser suficiente para que el Estado vetase definitivamente la exportación de este tipo de material.

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