El derecho a la ciudad: crisis y retorno de los movimientos vecinales

Viernes 3 de septiembre de 2010

Intervención en la 1a Unviersidad de Verano Anticapitalista

Lluís Rabell

“La ciudad – escribe el urbanista Jordi Borja – es el lugar de la historia, de la innovación cultural y política, es el entorno en el que se puede recrear y desarrollar la izquierda. Hoy hay tendencias “disolutorias” de la ciudad y de la ciudadanía. Es el doble desafío al que se enfrenta la izquierda: reinventar la ciudad y reinventarse a sí misma en la ciudad”.

La ciudad, teatro de la lucha de clases

La globalización neoliberal ha transformado en profundidad las ciudades, reflejando a través de ello los cambios en la esfera de la economía, como en las relaciones políticas y sociales. Basta con señalar algunos rasgos, característicos de las últimas décadas. El más significativo es, sin duda, la transformación de la ciudad compacta en una urbe continua y difusa. Las ciudades han conocido un inusitado crecimiento (más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades), generando extensas periferias entorno a los centros urbanos tradicionales. Han surgido grandes distancias entre la vivienda y los lugares de trabajo, alejados del tejido urbano. Se han generado zonas urbanizadas en extensión, insostenibles por cuanto a los servicios se refiere. La especulación inmobiliaria se ha convertido, en países como España, en un motor central de la actividad económica en su conjunto y en un condicionante decisivo de la gestión de la ciudad, acentuando a cada paso ese carácter difuso. Las dificultades de acceso a la vivienda han determinado la expulsión de una parte de la ciudadanía a los cinturones periféricos. Los barrios céntricos se han “gentrificado”, bajo la presión combinada del turismo y de la especulación. Los centros monumentales se convierten en parques temáticos, la ciudadanía es desposeída de su ciudad. Los modelos de distribución y consumo – en manos de las grandes cadenas – y la promoción del vehículo privado hacen el resto, perfilando amplias zonas cuyos referentes monumentales, aglutinadores, son los grandes centros comerciales y las gasolineras.

En esa transformación de la ciudad estaban inscritas la desindustrialización, la eclosión de la economía de servicios, las privatizaciones, el “efecto llamada” hacia la emigración - destinada a cubrir las necesidades de un modelo que requería ingente mano de obra barata, sobre todo en el ramo de la construcción y de la atención al turismo -, la disputa por la apropiación privada del espacio público… En la ciudad se da un lugar primordial de producción y reproducción del sistema. Es el escenario donde se despliegan todas sus contradicciones y se dirimen los conflictos sociales.

Estalla la crisis…

“Es casi un lugar común en Europa la idea de que la contradicción propia de nuestras sociedades se ha trasladado del ámbito de la empresa al del territorio; es decir, de la contradicción capital/trabajo a la de las políticas públicas (por acción u omisión) y las condiciones de vida (reproducción social). Sin embargo, esta contradicción parece confusa por la multiformidad de los objetos o materias que la expresan, tan dispares como la vivienda y la seguridad, el trabajo precario y la inmigración, la protección del medio ambiente o el patrimonio y la movilidad”.

Esa percepción es una de las típicas extrapolaciones de la izquierda postmoderna, que transforma un rasgo sobresaliente del capitalismo en su fase neoliberal en un absoluto, en una fuerza irrestricta que anula las otras características del sistema. Es verdad que la precariedad generalizada y la fragmentación del mundo del trabajo - fragmentación física y contractual - hacen que la empresa sea un ámbito más inhóspito y difícil para la unificación de los asalariados y asalariadas. Pero, más que “desplazarse”, la contradicción “se extiende a través de la ciudad” y se “despliega en sus múltiples facetas a través de ella”. Esa evolución de la situación de la empresa va de la mano de la evolución de la ciudad en las últimas décadas; forman parte de un mismo proceso de globalización del conflicto social. La crisis, acentuando las políticas neoliberales, crispa el modelo de ciudad globalizada y confiere un contenido clasista a los conflictos que se dirimen en su seno, a los proyectos que se enfrentan en ella. Repasemos algunos de los derechos consustanciales y constitutivos de lo que David Harvey y otros autores denominan “el derecho a la ciudad”.

1- El derecho a la vivienda. El capitalismo español ha hecho de la especulación inmobiliaria un factor clave de su modelo de crecimiento y acumulación. Nos enfrentamos a ello desde la exigencia de un parque público de viviendas de alquiler social y la lucha contra la especulación sobre el suelo urbano: municipalización del suelo urbano y urbanizable o fiscalidad disuasoria sobre las plusvalías generadas por la compraventa del suelo.

2- Derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza. Las zonas de la ciudad “justa e integradora” deben estar articuladas. El gasto en equipamientos colectivos no es despilfarro, sino justicia distributiva.

3- Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. El transporte público urbano e interurbano de cercanías define – frente al modelo basado en el coche privado – un modelo de ciudad socialmente justa y medioambientalmente sostenible. Un derecho inseparable del derecho a la centralidad de las distintas áreas de la ciudad y sus zonas periféricas; es decir, la superación de las dinámicas segregadoras y “especializadoras” de los territorios, optando por la mezcla, la diversidad de poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios.

4- Derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad y derecho a la ilegalidad. Es decir, desde la dignificación integradora de nuevos espacios, hasta la legitimación de aquellos movimientos que vulneran la legalidad o se sitúan en sus márgenes, como el movimiento ocupa. La persecución policial y judicial de la ocupación se está convirtiendo en todo un vector de la lucha del sistema contra la disidencia social.

5- Derecho al gobierno metropolitano y plurimunicipal (gobierno de proximidad) y a la innovación política (participación ciudadana). Ahí se abre todo un campo de debate que va desde la financiación de los ayuntamientos hasta la democracia participativa, la relación de las instituciones representativas con la ciudadanía, la “profesionalización” o no de la política, los presupuestos participativos…

6- Derecho a los servicios de titularidad y de gestión públicas (frente a las tendencias privatizadoras y externalizadoras de los ayuntamientos y del conjunto de las administraciones, fuente de degradación de las condiciones laborales y de los propios servicios), recuperación de la gestión municipal de servicios básicos (como el agua).

7- Derecho a la calidad del medio-ambiente. Algunos movimientos vecinales, como la FAVB, han celebrado foros sobre ecología y ciudad, donde se han esbozado políticas sostenibles y respetuosas del entorno que iban desde el ámbito de la energía (promoción de fuentes alternativas) hasta la gestión del territorio, pasando por el tratamiento de residuos, la movilidad urbana o la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia.

8- Derecho a las políticas municipales inclusivas y a la protección de los colectivos más vulnerables. Ese aspecto es particularmente relevante en zonas urbanas con una notable proporción de población envejecida, y ante la necesidad de desplegar amplios servicios sociales y asistenciales a causa de los estragos producidos por la crisis. (En determinados barrios de Barcelona, por ejemplo, el paro puede alcanzar el 50% de la población activa).

9- Derecho a la ciudad desde una perspectiva de género. Es decir, desarrollo de una red de servicios y equipamientos de proximidad que atiendan necesidades específicas (puntos de información, centros de planificación familiar…) y brinden recursos para socializar tareas domésticas que generalmente recaen sobre la mujer y la confinan en el hogar o la condenan a dobles o triples jornadas (guarderías, centros de día, asistencias domiciliarias, etc.).

10- Derecho a la justicia local y a la seguridad. La derecha y la extrema derecha hacen de la seguridad un caballo de batalla, agitando la angustia social y cargándola de odio hacia determinados colectivos. Especialmente, se trata de explotar y magnificar la pequeña delincuencia, los hurtos o los comportamientos incívicos para generar miedo o “sensación de inseguridad”. Se trata de promover una justicia local eficiente de base municipal y una seguridad basada ante todo en la prevención, la mediación en los conflictos y la educación, y en cualquier caso concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada.

11- Una ciudad de derechos civiles. Esto es, una ciudad que promueve la igualdad de derechos, la incorporación a la plena ciudadanía de la inmigración, y que no admite discriminación alguna en función de creencias, hábitos culturales o bien orientaciones sexuales. La experiencia de algunos municipios franceses de izquierda frente a las actuaciones de Sarkozy contra la población gitana demuestran hasta qué punto el ámbito local puede ser un terreno fértil de contestación de determinadas políticas estatales.

12- Podríamos añadir aquí una sugerencia, genérica y discutible, pero que abre todo un campo de reflexión a los movimientos sociales y a la izquierda… y que cobra una importancia muy especial ante la explosión del paro. Es lo que Jordi Borja denomina el “derecho al empleo y al salario ciudadano” y que define en estos términos: “El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporciones ingresos monetarios, es decir remunerados, al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (por ejemplo servicios de proximidad, ecología urbana, etc.), en este ámbito pueden experimentarse y gestionarse algunas formas de “salario ciudadano” y de formación continuada para todos. El espacio urbano-regional puede ser un marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proximidad y organizaciones sindicales y sociales”.

Retorno de los movimientos vecinales

Las asociaciones de vecinos representaron, a finales de la década de los 60 y durante la década siguiente, un movimiento político-social, paralelo y complementario en cierto modo al de Comisiones Obreras, y fueron matriz de los movimientos sociales que se desarrollarían de modo autónomo en el período siguiente: pacifismo, ecologismo, feminismo… No hay lugar aquí para analizar su evolución, su crisis por cooptación de cuadros por parte de los ayuntamientos democráticos, etc. Las asociaciones no pueden volver a ser lo que fueron en sus orígenes. Tampoco es deseable: tienen dinámicas, metodología y ritmos de trabajo distintos de los demás movimientos sociales. Sin embargo revisten características importantes que hacen de ellas un terreno importante de intervención y de desarrollo de una izquierda anticapitalista con arraigo social: la continuidad organizativa, la territorialidad, el carácter referencial para amplios sectores de la población, la interlocución con la administración… Eso hace que puedan jugar un papel unificador respecto a los movimientos sociales urbanos, contribuyendo a federarlos y vertebrarlos localmente y a “traducir” sus aspiraciones en propuestas y alternativas. (Eso hemos hecho, por ejemplo, ante ciertas ocupaciones, sobre las que hemos “engarzado” reclamos vecinales de equipamientos y nuestra propia contestación de la promoción municipal de hoteles de lujo, reforzando así ante el vecindario la legitimidad de una acción juvenil demonizada desde los poderes públicos).

El movimiento vecinal puede cobrar una renovada importancia en la medida en que la crisis social se vive como una crisis “en la ciudad” y también “de la ciudad”. Y en la medida también en que el movimiento obrero necesita apoyos sociales externos a la propia empresa, de alcance territorial, para recomponer sus fuerzas y su propio horizonte transformador de cara al nuevo período de la lucha de clases. La huelga general del 29-S es una primera cita, que abordamos con la voluntad de contribuir a levantar un amplio movimiento ciudadano favorable a una salida social de la crisis.

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