Charla-debate: La crisis del Estado y de la política en México. Una visión desde abajo y a la izquierda.

Martes 26 de octubre de 2010

Intervendrá: Arturo Anguiano, Profesor de la UAM de México DF y colaborador de la revista zapatista Rebeldía.
Miércoles 27 de octubre, a las 19:30 horas. Lugar: c/ Limón, 20, bajo exterior derecha.
Organiza: Comisión de América Latina de Izquierda Anticapitalista

La Revuelta Cotidiana. Política de los Oprimidos hacia la Emancipación

Arturo Anguiano

Durante casi treinta años, el neoliberalismo en México ha provocado una profunda devastación social, sin que necesariamente haya logrado encontrar una salida a la crisis prolongada de la economía y la política en el país. Mediante una ofensiva a fondo del capital contra el trabajo dirigida por un Estado fuerte que se fue desmontando hasta convertirse en su sombra, la sociedad sufrió un largo proceso de disolución de todo lo social, así como de las viejas formas, condiciones y relaciones que mal que bien le aseguraron una existencia y reproducción por encima de la mera supervivencia. Sin embargo, en medio de un proceso de degradación de la política estatal, en los lugares de trabajo, en la ciudad como en el campo, en pueblos y comunidades, obreros, empleados y toda suerte de asalariados, pero igualmente campesinos, pequeños productores, indígenas, mujeres, jóvenes, etcétera, no dejan de efectuar numerosas luchas y resistencias, buscando en los hechos recomponer el tejido social. Más todavía, excluidos de la política estatal, donde sólo son vistos como clientelas políticas de ocasión, los oprimidos avanzan en la reconquista de su autonomía, viviendo distintas experiencias de autoorganización, autogestión y autogobierno. Son experiencias que permiten la repolitización acelerada de los oprimidos, pero al mismo tiempo van dando forma a una nueva política que se desarrolla a contracorriente y al margen de la política del Estado y sus partidos. Es, en cierta medida, una política de autoemancipación que se experimenta desde ahora.

La disolución de lo social, el ataque a las conquistas

El orden neoliberal ha logrado instaurar en México una situación generalizada de desasosiego, de temor, de incertidumbre. Si bien treinta años de estrategias económicas duras y reformas electorales parciales no han logrado superar la crisis estatal ni relanzar un nuevo período de acumulación, sí impusieron una relación de fuerzas del todo desfavorables a los oprimidos. Éstos han sufrido el desmantelamiento de sus condiciones de trabajo y han visto degradar de más en más su situación de vida. La precarización generalizada y el despojo múltiple (en la ciudad como en el campo) se han impuesto diluyendo seguridades, normas y logros que de cualquier forma garantizaron durante años cierta supervivencia más o menos modesta; los pueblos y comunidades, en particular, han padecido desde la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, el abandono primero (el fin de las ayudas gubernamentales), luego la disgregación mediante la individualización de la propiedad agraria y su mercantilización, que han generalizado el despojo abierto a favor de grandes propietarios y sobre todo de inmensas empresas mundiales que se apropian incluso los recursos naturales básicos .

La ofensiva del capital y del Estado contra el trabajo y contra pueblos y comunidades debilitó estructuralmente al conjunto de trabajadores, a los oprimidos, que fueron sometidos a procesos de reestructuración productiva, pérdida de derechos y logros, cierre de empresas, maquiladorización, políticas como el outsourcing (tercerización) y la generalización de los contratos de protección. La flexibilización del trabajo se impuso como una forma de disciplinar y subordinar férreamente a los asalariados: manos libres y garantías plenas a los patrones, inseguridad, desasosiego y precariedad para el conjunto de los trabajadores. La explotación, la desigualdad y el despojo extremos son la manifestación patente del capitalismo neoliberal que acumula riquezas sin par en plena crisis y actualiza en los hechos –en el Centenario de la Revolución mexicana– reivindicaciones elementales volatilizadas: jornada de trabajo de ocho horas, libertad de asociación, derecho de huelga, etc. Se han exacerbado la explotación, el desempleo masivo y en general las condiciones precarias de trabajo y subsistencia que simbolizan la explosión del llamado sector informal de la economía.

El capital va por todo. No sólo ha logrado imponer donde quiera condiciones sumamente precarias que le han posibilitado mantener y elevar sus ganancias en plena declinación de la economía, sino que ha ganado la llamada opinión pública a través del control de los medios de comunicación que condenan los supuestos privilegios que quedan a ciertos núcleos de trabajadores (las antiguas prestaciones y logros sociales, salarios menos raquíticos, etc.), como fue el caso reciente de los más de 40 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desprovistos de su fuente de trabajo de la noche a la mañana, y glorifican la flexibilidad generalizada entendida como el arbitrio absoluto de los empleadores, proclamados verdaderos benefactores, fuente de bienestar y riqueza para el país. Bajo pretexto de creación de empleos y de modernización nacional, el Estado promueve y protege la privatización y el despojo de las tierras ejidales, comunitarias y nacionales. Los latifundios y monopolios se reconstituyen como nunca, con un claro carácter capitalista. Empresas mineras, agroindustriales y turísticas devastan el territorio, los bosques, las selvas, los campos, los litorales, incluso las zonas arqueológicas, apropiándose (con el aval de un Estado privatizador) lo recursos productivos, la biodiversidad, la tierra, el agua, el aire… Garantías, subsidios, ganancias desmedidas e impunidad para el capital; precarización, despojo, desplazamiento, éxodos migratorios para pueblos y comunidades, para trabajadores urbanos y rurales cercados en condiciones adversas, degradadas e inseguras. 

Condiciones para la revuelta

La prolongada ofensiva neoliberal ha sido compleja, múltiple, global, y no deja de reforzarse con el apoyo de gobiernos y partidos que, todos, se desviven por revelarse como la mejor opción para instrumentarla a nombre, y bajo la conducción, del gran capital, sobre todo financiero. Debilitó por supuesto al conjunto de los trabajadores, pero en particular a las agrupaciones sociales tradicionales (sindicatos, organizaciones campesinas y populares, ejidos, etc.), sometidas al dominio corporativo del Estado. No obstante, si bien se diluyeron y desnaturalizaron hasta caer en la inoperancia por la dilatada ofensiva neoliberal, y aunque incluso el llamado sindicalismo y las organizaciones de masas independientes construidos desde los años setenta se burocratizaron, debilitaron y entraron en decadencia, lo social, incluso disminuido y acorralado, no ha dejado de recomponerse por vías muchas veces inéditas e imaginativas. La magnitud de la ofensiva del Estado y el capital explica la multiplicidad de las reivindicaciones y luchas que se están desplegando en su contra. 

La resistencia individual o colectiva en toda suerte de empresas públicas y privadas, a través o por fuera de las organizaciones sociales, no ha dejado de producirse a lo largo y lo ancho de la nación. La explotación exacerbada, la arbitrariedad de los empleadores, el abuso y la impunidad de los organismos laborales dependientes del Estado, siempre en combinación con los primeros, han producido resistencias que desbordan el ámbito de la producción y el trabajo para extenderse y reforzarse en el barrio, en la comunidad, en el colectivo, en las calles, etcétera. Incluso en sectores consentidos por los gobiernos, tan regimentados y precarios como las maquiladoras, armadas supuestamente a prueba de huelgas y luchas, se desarrollan procesos de recomposición y organización que incorporan núcleos sociales discriminados como las mujeres y que hoy también integran, cada vez más, a trabajadores provenientes de distintos pueblos indios. Las resistencias e inconformidades rebasan el espacio productivo para reencontrarse en barrios y comunidades.
El desempleo en masa y el crecimiento explosivo del sector informal de la economía debilitan por supuesto, en términos sociales, a la clase trabajadora, al trabajo asalariado regular, formal. Pero si da origen a formas de trabajo sumamente precarias sujetas a toda clase de mafias económicas y políticas que las transforman en masa de maniobra, en clientelas de ocasión de los distintos partidos políticos y gobiernos, al mismo tiempo posibilita la supervivencia de amplios sectores excluidos. Estos se organizan en ocasiones de forma autónoma, desarrollando cooperativas de producción y comercialización, la venta ambulante de carácter individual y asociaciones de diversa índole; son, de cualquier forma, un sector social masivo que no deja de crecer, pantanoso, inseguro y sumamente explosivo, como en repetidas ocasiones se ha manifestado por ejemplo en la Ciudad de México.

La incierta búsqueda de las formas de subsistencia causada por la precariedad generalizada y las resistencias a efectos desarticuladores del neoliberalismo, aceleran los procesos de recomposición social en los barrios, ciudades, pueblos y comunidades, lo que genera toda suerte de reivindicaciones defensivas como la lucha por los servicios, por la reubicación de antenas de telefonía; contra las altas tarifas eléctricas, los desalojos, la construcción de gasolinerías y obras públicas que implican despojo de vecinos, destrucción de propiedades, abusos y peligros contra la comunidad y el medio ambiente. Pero asimismo el rechazo a la criminalización de ciertas formas de trabajo, como el los vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, los pequeños propietarios, trabajadores de la calle en general, pero igualmente pescadores y agricultores en zonas arbitrariamente declaradas protegidas.

Demandas gremiales y sectoriales contra los despidos, el desempleo y la simulación de los contratos de protección, etc., se ligan y combinan con las demandas sociales de carácter general o circunstancial como el rechazo de impuestos (IVA) a medicinas y alimentos, la protesta contra la privatización y desmantelamiento de la seguridad social y la Ley del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), por la defensa del sistema de jubilaciones y pensiones, contra la privatización y tecnocratización de las universidades; contra la privatización de la industria eléctrica y el petróleo, etcétera.

El despojo de pueblos y comunidades, la destrucción de culturas y modos de vida campesinos se extendieron y agravaron luego de la reforma al artículo 27 de la Constitución y de la entrada en vigor del tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque el nuevo movimiento indígena y campesino convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) estimuló las luchas de resistencia contra las políticas neoliberales hegemónicas en el campo, la defensa del territorio y de la tierra ante la mercantilización y privatización de tierras ejidales, comunales y nacionales, así como contra las distintas formas de despojo que conllevan. La defensa de la comunidad agraria y de su capacidad productiva, como en el caso de Tlalnepantla, Morelos, la lucha de los pueblos afectados por la construcción de presas en diversos lugares, el repudio de las construcción de autopistas, de corredores eólicos, complejos turísticos en inmobiliarios, en general de obras públicas que perjudican y despojan; las acciones en rechazo a la venta de litorales, de zonas costeras, esteros y manglares; la resistencia a la explotación irracional y a la privatización de los recursos naturales (forestales, acuíferos, salineros, corredores turísticos); la defensa de la biodiversidad y el maíz; la protección de las zonas arqueológicas y el patrimonio cultural amenazados por el capital, etc.. En fin, las luchas por los derechos y culturas de los pueblos indios desparramados a lo largo y lo ancho del país articularon una resistencia que no cesa y que, después de la contrarreforma indígena en 2001, asume un claro carácter político contra el Estado, la oligarquía y el capitalismo.

Las resistencias, las reivindicaciones, las luchas, lo encuentros llevaron a los oprimidos a tratar de recomponer el tejido social. Viejas formas de organización como las agrupaciones sectoriales, gremiales, comunales y cooperativas, aun en decadencia, se combinaron con formas novedosas como comités, colectivos, brigadas, caravanas, foros, convenciones, redes sociales, medios alternativos (radios, Internet, prensa, etc.). La sociedad buscó organizarse a contracorriente, inventando formas de expresión, de comunicación y de acción, tejiendo a la vez nuevas relaciones de solidaridad, intercambio y convivencia. Nuevos actores individuales y colectivos surgieron o se recomponen: trabajadores (especialmente de maquiladoras), indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, jubilados, ex braceros, artesanos, profesionistas, científicos comprometidos, maestros, ambientalistas, actores, músicos, defensores de derechos humanos, homosexuales, lesbianas, individuos de todas las procedencias, medios y niveles, comunidades, pueblos, barrios, etc. Identidades diversas, múltiples trataron de afirmarse, reconocerse, madurar al calor de confrontaciones, relaciones, encuentros, prácticas de distinta índole y alcance.
Desde el fondo de sus lugares de trabajo, de convivencia, de habitación y de vida, una revuelta cotidiana se desarrolla. Comienza como el rechazo y la resistencia de los oprimidos contra las degradadas e inseguras condiciones de trabajo, contra una existencia difícil cada vez más precaria (carestía, servicios malos y caros, inseguridad), así como por los abusos y la prepotencia que enfrentan día a día por parte de patrones, supervisores, jerarquías laborales, líderes postizos, pero asimismo de funcionarios, policías, gentes de partidos y representantes institucionales lejanos, manipuladores y voraces. El abuso del poder, la discriminación, el desprecio y la represión –en una atmósfera de derroche y enriquecimiento ostentoso de los de arriba–, se suman a la explotación desmedida, la precariedad generalizada y la inseguridad atemorizante, para alimentar enojos e inconformidades de los oprimidos. Preparan las condiciones para la revuelta, la cual brota por doquier y no puede ser sino política.

Exclusión de la política estatal y politización

Parte fundamental del largo proceso de crisis, de la transición de carácter histórico en la que se ha deslizado el país desde hace cerca de cuarenta años, la acción de los oprimidos, tanto por sus luchas reivindicativas como sus exigencias de derechos democráticos, de libertad y justicia, contribuyó a la apertura del régimen político autoritario simbolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que buscó la manera de detener su pérdida de legitimidad y de recuperar la estabilidad extraviada. El “nuevo sistema” de partidos políticos, los cambios en los procesos electorales y la puesta en práctica de la alternancia partidaria en las instituciones del Estado (del municipio a la Presidencia de la República, pasando por el Congreso nacional y los congresos locales), no se tradujo sin embargo en un proceso de democratización de la sociedad que favoreciera el despliegue y la puesta en práctica de los derechos sociales y políticos de todos los ciudadanos, pueblos y comunidades que la componen. Al contrario, los partidos creados o reforzados por las confrontaciones político-sociales, acabaron por asimilarse al Estado que los prodigó de concesiones y prerrogativas que los potenciaron, reproduciendo la tradicional cultura política antidemocrática sostenida en el clientelismo y en el restablecimiento de un orden jerárquico que se asienta en la desigualdad, la manipulación y la exclusión. Los nuevos partidos y el gobierno nacional, así, dieron origen a una clase política ampliada que reprodujo las mismas concepciones, las mismas prácticas, idénticos estilos de gobierno, apurados por administrar estrategias capitalistas de corte neoliberal vistas como fatalidad. De esta forma, los oprimidos no solamente tuvieron que enfrentar la ofensiva devastadora del capital en los espacios productivos, también sufrieron el desengaño de una política y de actores políticos que se volvieron extraños, cuando no adversos. Tanto la izquierda como la entonces derecha democrática (representados en particular por el PRD y el PAN) se asimilaron a un régimen político que –remozado– continuó siendo excluyente, reservado a los actores profesionales, esto es a los partidos registrados legalmente, devenidos institucionales.

La política estatal se volvió una auténtica pesadilla donde, por ley, los únicos actores son los partidos, esto es la oligarquía estatal o clase política ampliada. Gobernada por el marketing político, la política estatal es vivida por los oprimidos en tanto clientes o espectadores, más que como ciudadanos con plenos derechos. La corrupción y la despolitización se reproducen a todos los niveles por el conjunto de los organismos estatales, como una forma de asegurar la resignación y parálisis de los de abajo. A lo que se añade la pretendida guerra contra el narcotráfico entablada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato en 2006 y la que aparece, en realidad, como el enfrentamiento brutal entre facciones mafiosas arraigadas en el aparato estatal (el narcopoder). Ante la ausencia de legitimidad y la continuación de estrategias de devastación social del capital neoliberal, el gobierno del PAN echó mano así de la política del miedo y del terror para desorganizar mayormente y contener a una sociedad harta de la violencia, la precariedad, la ausencia de derechos y la impunidad de los de arriba. Ha sido coartada para la militarización del país y la violación masiva de derechos humanos y políticos, así como de asesinatos impunes de la población.

Todo para garantizar el funcionamiento de un régimen político encerrado en el autismo, ajeno a la democracia, faccioso y al que resultan incómodas y subversivas las irrupciones de la sociedad –en especial de los de abajo– en el espacio controlado y acotado de la política .

De esta forma, la confiscación de lo político por el régimen oligárquico remozado restringió como siempre en México el espacio público, lo privatiza en los hechos, cancelando posibilidades de manifestación de los oprimidos, pero igualmente de desahogo de los conflictos. Excluidos del ámbito de las instituciones y de la política estatal, donde solamente se les tolera arrinconados en tanto clientelas políticas supeditadas, con derechos restringidos y condicionados, los oprimidos empero han proseguido desempeñando un papel fundamental en el larga transición histórica, en el interminable proceso de crisis estatal y económico-social anunciado desde 1968. Sus irrupciones en la política –las que no cesan de producirse– revelaron e impulsaron transformaciones decisivas en la cada vez más compleja sociedad mexicana y en sus relaciones con el Estado y el régimen incapaces de democratizarse. Ni la violencia ni el miedo expandidos y reproducidos por el aparato estatal y los medios de comunicación, menos la intoxicación y aturdimiento que éstos últimos propician consiguieron mantener paralizados y conformes a los oprimidos.

La gestación de alternativas desde abajo

Excluidos de la política estatal, golpeados por las ondas de choque de la ofensiva neoliberal que buscó acorralarlos en la supervivencia y la resignación, los oprimidos no han dejado de resistir, de entablar luchas reivindicativas parciales y parceladas, pero igualmente políticas. Reconstruyendo a contracorriente formas organizativas, prácticas colectivas y nuevos espacios públicos donde ensayan formas propias de participación política, los de abajo van preparando condiciones para el cambio de las relaciones de fuerza. Al marginarlos de la política (la estatal, la única válida para el régimen) y someterlos a los designios del capital mundializado, al obstaculizar sus resistencias contra la precarización y la incertidumbre generalizadas –desnaturalizando o deshaciendo sus organizaciones elementales de defensa, recurriendo a la represión y la criminalización de lo social (acciones, pertenencias, agrupamientos, etc.) con su secuela de jueces a modo y juicios amañados–, la oligarquía estatal toda genera sin falta las condiciones para la revuelta de los de abajo, de los excluidos, de los oprimidos. Más todavía, ante la destrucción de los canales resguardados, institucionales, se abren paso opciones paralelas, autónomas, otras lógicas y perspectivas ajenas a las estatales.

Por el carácter del régimen, en México siempre las luchas sociales se transfiguran aceleradamente en luchas políticas. Lo social se politiza invariablemente. Las luchas más elementales por reivindicaciones materiales sólo pueden prosperar haciendo añicos sus estrechos marcos, deviniendo políticas al derivar hacia la reivindicación de derechos elementales como la libre organización, las libertades de reunión y manifestación, siempre restringidas, condicionadas, riesgosas. Los derechos individuales y colectivos, sociales y políticos son garantizados por la Constitución, pero como la República que instituye ésta última, son ilusorias. De ahí la larga y difícil lucha por las libertades democráticas y por la defensa de derechos consagrados pero virtuales.

La resistencia contra el capital y la opresión politizan aceleradamente a los núcleos sociales insumisos, a contracorriente de una clase política que despolitiza e intoxica con toda la fuerza de los medios de comunicación masiva a fin de asegurar la resignación y la parálisis de la sociedad. Por ello la miríada de resistencias, a veces moleculares y reticulares, se convierten en una verdadera revuelta cotidiana de la sociedad, de los de abajo, de los pueblos, comunidades y actores colectivos e individuales que la componen. Frente a la exclusión de la política y el cierre o privatización del espacio público, los oprimidos van inventando sus propios espacios y sus formas de participación en la política. De hecho, las distintas prácticas y empeños desembocan en la necesidad de hacer una política accesible, cercana a la gente, a la vida cotidiana, como expresión de la sociedad, de la comunidad, del colectivo de que se trate. Como una forma de vida, como la vía para asumir y resolver los problemas comunes (y hasta los sueños) en colectivo, sin supeditaciones ni jerarquías, bajo la responsabilidad de todos y todas.

La confiscación de lo político por la oligarquía estatal aleja a los oprimidos de los procesos políticos institucionales, como las elecciones marcadas cada vez por el abstencionismo o administraciones gubernamentales (municipales, estatales, nacionales) que pierden más pronto que tarde sus bases sociales y su legitimidad, hasta sus clientelas siempre movedizas, inseguras. De ahí la ausencia de continuidad de la mayoría de los gobiernos y las carreras inciertas y de pesadilla de todos los políticos profesionales, electos a cargos de representación institucional. La defensa y ejercicio de derechos y prerrogativas legales (y hasta las luchas reivindicativas) enfrenta a los oprimidos con los partidos y sus gobiernos, cuyos intereses y necesidades se revelan contradictorios o al menos circulando en sentidos y dimensiones por completo distintos.

Esta situación favorece el despliegue de prácticas y experiencias de organización autónomas por parte de los sectores oprimidos de la sociedad. La defensa de derechos y libertades, las resistencias y luchas reivindicativas se topan con las respuestas represivas no sólo de los aparatos policíacos, militares y judiciales del Estado, sino incluso de los partidos que trocaron sus anhelos democráticos por la intolerancia y el miedo a las movilizaciones disruptivas e incontroladas de la sociedad. En Chiapas, por ejemplo, hoy las comunidades rebeldes zapatistas no solamente enfrentan el hostigamiento y las agresiones de paramilitares sostenidos por los viejos caciques incubados en el régimen decadente, sino también el despojo y la violencia de los nuevos contras que ocupan organizaciones sociales vinculadas al PRD y protegidos por el gobierno perredista, supuestamente de izquierda. Y no es cuestión de discrepancias u opciones políticas, sino de acciones criminales, de una guerra sucia contra los indígenas zapatistas que da continuidad a la entablada por el último presidente del PRI, Ernesto Zedillo (1994-2000) y los presidentes emergidos del PAN.

En estas circunstancias, al contrario de lo sucedido en los años setenta y ochenta en que los partidos políticos (especialmente de izquierda) desempeñaron un papel sustancial en el ascenso de las luchas independientes que a la vez los potenciaron y enraizaron socialmente, ahora las resistencias, las protestas, los ensayos de recuperación de la capacidad de organización, de expresión y hasta de decisión de los distintos componentes movilizados de la sociedad, aparecen también como lucha contra la injerencia de los partidos políticos en los procesos y movilizaciones. La autonomía se reclama frente al Estado, pero asimismo respecto a los partidos y los políticos profesionales que integran la cada vez más indiferenciada clase política ampliada. Más identificarse con, y defender, las instituciones estatales (comprendidos los partidos), en general las luchas y resistencia expresan la desconfianza hacia todas ellas, consideradas adversas. Esto no significa un rechazo social de las expresiones políticas e ideológicas incluso de izquierda, la “despolitización” o el fin de los programas de largo plazo, sino más bien el repudio de actores que se consideran parte del Estado, de la oligarquía estatal supeditada a la oligarquía del dinero, al capital mundializado. Si antes las instituciones estatales eran interlocutor o mediador obligados, ahora resultan amenazantes, lo que muestra su degradación y deslegitimación.

La criminalización de formas de resistencia, movilización e inconformidad de los oprimidos (paros, bloqueos, ocupaciones, plantones, retención de funcionarios, caravanas, etc.) ahonda y agrava el conflicto y la ruptura de hecho entre aquéllos y los partidos, actores formales de la política estatal. En lo sucesivo, las movilizaciones e irrupciones de los oprimidos en el amplio espectro de la política corren el peligro de romper el orden y por lo mismo se realizan bajo la amenaza represiva simbolizada por la agresión desmedida al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la intervención militar (disfrazada como policíaca) contra la rebelión del pueblo de Oaxaca en 2006.

Las resistencias, las luchas de cualquier índole son sinónimo de rebelión, de revuelta, de trasgresión del orden y sus reglas. Ante la legalidad convenenciera (a modo) que prevalece en beneficio de los de arriba, se van desarrollando entre los oprimidos –al margen del Estado– prácticas y normas que se sostienen en la igualdad, la justicia y la libertad; formas democráticas de organización, de convivencia, de intercambio, comunicación y toma de decisiones en espacios públicos colectivos. Apuntan hacia la implementación de otra forma de hacer política distinta a la estatal, sin profesionales ni especialistas, sin representaciones incontroladas que suplantan, con rendición de cuentas y revocación de mandato.

Las experiencias autónomas y autoorganizativas brotan y se desarrollan por todas partes, rehaciendo el tejido social en muy diversos medios y entre actores en extremo diferenciados, con una miríada de identidades singulares y de trayectorias, pero unidos por la precariedad, la explotación, la exclusión (hasta proscripción) y sobre todo por su carácter de oprimidos. Las experiencias autónomas de resistencia se realizan a través de diversas y singulares opciones de organización siempre colectivas, bajo el sello (o el modo) de los actores concernidos y los espacios públicos que van construyendo. No hay reglas ni modelos, pero las tendencias que brotan de abajo reproducen experiencias ancestrales de los oprimidos, combinándolas con prácticas actuales que pueden resultar innovadoras en un medio no democrático como el mexicano. La democracia desde y por abajo parte de la igualdad, de la tolerancia, del aprendizaje y el respeto comunes, pero asimismo del intercambio de experiencias y conocimientos, de la información y comunicación. Por esto tienen un papel privilegiado en el desarrollo de los espacios autónomos el surgimiento de medios alternativos (de los espacios de Internet a las radios comunitarias, pasando por las publicaciones impresas) ligados a los movimientos, colectivos, pueblos y comunidades. Es ésta, también, una revuelta contra la dictadura mentirosa y enajenante de los medios de comunicación electrónicos, cómplices y copartícipes del poder.

Si en las ciudades se abren espacios colectivos donde la vida se enriquece y politiza, donde la política se vive como resistencia, como crítica, como explosión de culturas, como búsqueda de afirmación y reconocimiento de identidades proscritas o ninguneadas, en pueblos y comunidades se están produciendo algunas de los ensayos más significativos en la perspectiva de la emancipación de los oprimidos y ya no sólo de la resistencia. Por ejemplo experiencias como la Policía Comunitaria en el Guerrero, el Municipio Autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, las formas ancestrales de autogobierno de distintos pueblos originarios, como en Sonora y Michoacán, y por supuesto la construcción de la autonomía en las comunidades rebeldes zapatistas en Chiapas (los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que incorporan a los municipios autónomos), que posibilitan el control del territorio, su reordenamiento y el ejercicio de formas de autogestión y autogobierno que refuerzan y maduran los procesos sociales, culturales y políticos que se desarrollan. Se realizan procesos político-sociales que rescatan o reconstituyen en especial los municipios conforme a los intereses de pueblos y comunidades, sin importar la fragmentación impuesta por el Estado. 

Son todos procesos al margen de la legalidad formal vigente en el país y por lo ello irreductibles, sujetos al hostigamiento, la persecución de fuerzas estatales legales (administrativas, judiciales, policíaco-militares) o extralegales (como los paramilitares). Van construyendo a contracorriente formas de democracia, la justicia y la libertad que se ensayan desde la perspectiva de los oprimidos; gestan su propia legalidad, sus formas de justicia, sus “instituciones” (comisiones, gobiernos, coordinaciones, etc.), regidas por la solidaridad y la igualdad, sin jerarquías impuestas, sostenidas en la defensa de la propiedad colectiva de la tierra (muchas veces recuperada, como el caso de los zapatistas) y hasta de formas de trabajo, producción, cooperación e intercambio que inciden en los hechos en la reformulación de las relaciones sociales (y políticas) comunitarias. Se trata, evidentemente, de procesos que se desarrollan si no en contra, sí al margen, a la vera de las instituciones y procesos estatales y en respuesta al arrasamiento capitalista del trabajo, del territorio, de la vida de los pueblos, comunidades y núcleos sociales que resisten y se rebelan en México contra el dominio del capital global.

La revuelta cotidiana contra la miseria, la degradación y la opresión impuestas por el capitalismo y el Estado neoliberales generan experiencias de prácticas sociales, de autoorganización y participación política que contribuyen a resistir en México la devastación del capitalismo mundializado. Pero también van preparando condiciones para generar y construir alternativas a la pretendida fatalidad capitalista. La exploración de caminos que posibiliten reforzar la resistencias hasta transformarlas en ofensivas frontales contra el capitalismo y el poder de los de arriba, actualizan la reflexión y el debate sobre las posibilidades de autoemancipación de los explotados y oprimidos en pleno siglo XXI. La lucha por el poder entra a otra dimensión cuando se trata de avanzar en la reconstitución del poder por abajo y desde abajo y desde ahora. La democracia, la igualdad, la justicia y la libertad son conceptos que han sido vaciados de su contenido libertario por gobiernos y partidos lo mismo de derecha que de izquierda. Para redefinirlos hay que partir de la memoria tanto como de las vivencias actuales, de la multiplicidad incontable de experiencias de resistencia, de luchas, de organización en los espacios de la política de los oprimidos (territoriales, sociales, culturales, etc.), pero igualmente de los experimentos en la producción y en la supervivencia (local, regional, sectorial, nacional, mundial) en un medio adverso como es el capitalismo, en crisis pero todavía hegemónico. Es tiempo de resistir, pero también de reflexionar, de debatir, de crear y construir.
 
Septiembre 2010.

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