Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
En una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Red por el Derecho a Tener Derechos, de la que forma parte el colectivo ciudadano, ha anunciado que hoy pedirá al Gobierno central su participación en la elaboración de los reglamentos de Extranjería y de los Centros de Internamiento para Extranjeros. El presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, ha denunciado “el oscurantismo y falta de participación” que rodea el proceso.
02-12-2010 La última reforma de la Ley de Extranjería,
aprobada en diciembre de 2009, estableció un plazo de seis meses para la
aprobación de un reglamento de ejecución de dicha Ley, así como para la
regulación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Casi
un año después seguimos sin contar con estos desarrollos
reglamentarios, que se están elaborando en un ambiente de secretismo y
ausencia de participación ciudadana sin precedentes en el ámbito de la
extranjería. “Hasta el pasado martes, la única información de la que
disponíamos sobre el contenido del Reglamento de Extranjería se basaba
en meros rumores y alguna declaración pública de nuestros representantes
políticos. Parece que existen borradores, pero nadie los ha visto.
Sobre el Reglamento de los CIE ni siquiera hay rumores, la opacidad es
absoluta. En declaraciones realizadas por el Ministro de Trabajo e
Inmigración, Valeriano Gómez, ante la Comisión Parlamentaria del ramo,
aparte de señalar que no habrá texto hasta el primer trimestre del 2011,
señaló que este se encuentra en un estado muy avanzado de elaboración y
en fase de diálogo social, y que su departamento daría prioridad al
consenso aunque ello pueda demorar ligeramente su aprobación”, ha
afirmado esta mañana Javier Ramírez, de SOS Racismo, una de las
organizaciones de la Red por el Derecho a Tener Derechos, promotora del
acto celebrado en la FRAVM.
La indefensión legal y la arbitrariedad a la que se ven sometidas las
personas internadas en los CIE radican precisamente en la inexistencia
de una norma que regule estos centros. “Hoy por hoy la regulación de los
CIE depende de la dirección de cada centro y hay una absoluta falta de
transparencia informativa”, ha asegurado Ramírez. Mauricio Aravena, de
la ONG Pueblos Unidos, por su parte, ha denunciado que aunque la Ley de
Extranjería indica que las organizaciones de apoyo a las personas
migrantes tienen derecho a visitar a los internos de los CIE,
actualmente “las ONG no podemos entrar en los CIE salvo en horario
reservado a las visitas familiares, de tal forma que si lo hacemos
privamos a las familias de su visita diaria”.
Las asociaciones de la Red cuentan con una dilatada experiencia en el
asesoramiento y orientación jurídica a la población migrante, y están
constatando en la realidad diaria unas prácticas abusivas por parte de
la Administración que inducen a pensar que no existe la voluntad
política para elaborar un reglamento que subsane las deficiencias
existentes y promueva la integración social del colectivo inmigrante.
“El reglamento es una excelente oportunidad para poner fin a la
arbitrariedad de aplicación de la ley”, ha remachado Aravena.
La situación de desempleo de muchos ciudadanos y ciudadanas extranjeros
está impidiéndoles renovar su autorización de residencia y trabajo dando
lugar al fenómeno de la irregularidad sobrevenida. Además, la red ha
identificado nuevos obstáculos y trabas para la regularización por la
vía del arraigo que no hacen sino desvirtuar esta figura y promover la
exclusión social de miles de ciudadanos extranjeros con derecho a
regularizar su situación administrativa. “Cada vez se solicitan más
documentos a la empresa que realiza el contrato de trabajo (cartera de
clientes, cifra de negocios, futuros trabajos de la empresa). En el caso
de solicitudes de servicio doméstico la cuantía de los ingresos
exigidos a los empleadores resulta desconocida por cuanto no se
encuentra regulada, dejando su valoración a criterios arbitrarios que
provocan que esta cuantía sea exageradamente elevada, y se deniegan
automáticamente las solicitudes de servicio doméstico en régimen
discontinuo (trabajar para varias familias empleadoras) cuando se
estaban aprobando hasta hace unos meses y no ha habido ningún cambio
legal que lo justifique”, afirman desde Pueblos Unidos.
Se está vulnerando el derecho a la vida en familia de la población
migrante con el endurecimiento de las exigencias para la reagrupación
familiar y la denegación de estos visados en los países de origen en
base a criterios totalmente arbitrarios y que no están recogidos en
ninguna norma de rango legal. “Se está convirtiendo prácticamente en un
derecho para ricos, están pidiendo unos ingresos anuales de una cuantía
exagerada de euros para poder reagrupar”, ha añadido el representante de
SOS Racismo.
Por otro lado, siguen practicándose redadas y detenciones de inmigrantes
sin cobertura legal y basadas en criterios raciales, prácticas
cuestionadas desde varias instituciones del Estado, y se continúa
primando en todo caso la expulsión sobre la multa administrativa,
vulnerando el principio de proporcionalidad exigido en la Ley de
Extranjería. En el propio procedimiento sancionador, se recurre
mayoritariamente al procedimiento preferente en lugar del ordinario, que
es el que se debe aplicar con carácter general conforme a la ley, ha
explicado Gilberto Torres, de la Federacion Estatal de Asociaciones de
Inmigrantes y Refugiados.
El Reglamento es una oportunidad para acabar con la inseguridad jurídica
que caracteriza al Derecho de Extranjería, y en ningún caso puede
convertirse en un instrumento que dé cobertura legal a estas prácticas
restrictivas y arbitrarias de la Administración, que no hacen más que
limitar o vulnerar aún más los derechos fundamentales de la población
migrante, sostiene en definitiva la Red por el Derecho a Tener Derechos.
Y por ello, en virtud del diálogo social al que hace referencia el
Ministro, ha indicado, le pedirá hoy por carta participar de manera
activa en el proceso de elaboración, tanto del Reglamento de Extranjería
como en el de los CIE, y que estos textos legales sean fruto del
“consenso” entre el Gobierno y las organizaciones sociales que conocen
la realidad de la población migrante, “un consenso que para nosotras y
nosotros se busca en una sociedad civil plural y variada”, ha concluido.
La petición ha sido promovida hasta el momento por las entidades
CEDEHU, CGT, centro pastoral San Carlos Borromeo, Economistas sin
Fronteras, FERINE, Ferrocarril Clandestino, FRAVM, Inmigrapenal,
Programa Abriendo Mundos, SOS Racismo Madrid y Pueblos Unidos.