Lecturas diversas sobre la victoria del Frente Popular en 1936 (con un anexo sobre el programa firmado por las izquierdas)

Jueves 17 de febrero de 2011

Pepe Gutiérrez-Álvarez

Ayer miércoles, y coincidiendo con el 75 aniversario del triunfo electoral del Frente Popular en 1936, hubo casi un lleno en la sala de actos de l’Escola Superior de Disney Elisava, situada en la Plaça Joaquim Xirau (por cierto uno de los filósofos marxistas más notorio del exilio), justo al lado de la Biblioteca Andreu Nin. Entre los asistentes, un personal diverso, y presencias entrañables para nosotros como la de Mª Teresa Carbonell, compañera de Wilebaldo Solano y presidenta de la FAN, y de Moratalla, un militante del POUM desde siempre.

Se trataba del debate anunciado días antes en Kaos, y con el que la Fundació Andreu Nin, persistía una vez más en sus actividades militantes de debates, difusión a través de trabajos aparecidos en diversos medios. Sin duda, nada del otro jueves, pero, al menos que separamos, fue el único acto del día que, por cierto, fue precedido por el artículo del mismo día de Josep Fontana en “Público”, y que fue citado por algunos de los ponentes.

Fuimos tres, comencé yo mismo explicando a grandes rasgos lo que ya había escrito en el artículo citado. O sea volvía insistir en la crítica de la historiografía de la derecha haciendo hincapié en dos detalles, primero, que no se trata solamente de Pío Moa y otros filibusteros de la historia, sino también de señores académicos como Fernando García de Cortazar o Stanley Payne, y segundo, que no se podía menospreciar su potencial ya que era un discurso reproducido por diarios, empresas editoriales, canales de televisión, etc. En el caso de los comunismos, se trataba de subrayar su papel marginal, incluso en el caso del PCE, y que por tanto la propuesta venía ante todo del sector que quería reeditar la colación republicano-socialista. En el caso del POUM no tuvo otra alternativa más que participar porque era un partido serio e implantado que no podía desdeñar el sentir mayoritario de las masas, para concluir – al final - que mientras que la izquierda del PSOE y la CNT tenía un proyecto para ellos, el POUM proponía un proyecto para toda la clae obrera, el del UHP, un proyecto que no podía más que propagar… Quizás dejé en el tintero el señalar que estas fueron las últimas elecciones en las que la izquierda socialista, el anarcosindicalismo y la izquierda revolucionaria, tuvieron un peso. Determinante en el caso de la CNT, de ahí que Toni Doménech explicara que el programa del Frente Popular estaba pensado para que el millón y medio de votos en los que influía la CNT, no se perdieran.

Siguió Ferran Aisa cuya bibliografía cuesta seguir, por más que uno esté al tanto, y nos anunció otras entre las que se cuenta una “Historia de la CNT” en dos volúmenes cumpliendo así un proyecto de la editorial Base. Sin entrar en consideraciones analíticas, Ferran narró los datos más señalados de la actuación de la CNT en aquel período, como tuvo lugar una rectificación después de la campaña abstencionista de 1933, y como al no intervenir en la Alianza Obrera fuera de Asturias, pudo contar con mayor margen de maniobra y preparar el congreso de Zaragoza en marzo del 36… Toni habló de la ingenuidad de la derecha socialista, pero yo creo que habría que hacerlo también de la ingenuidad de la CNT que en este congreso se reunifica, pero cuyos debates se sitúan fuera de todo lo que está sucediendo en los cuarteles. Por cierto, no me olvidé de subrayar que el gobierno del Frente Popular estaba al día del ruido de sables, y que Azaña, Giral y otros, se negaron actuar.

En sus intervenciones, Tono Doménech desplegó una buena muestra de sus conocimientos y, desde luego, atento como estaba a las palabras, no supe manejarme en las anotaciones, pero creo que nos pueden dar una idea de sus análisis unos fragmentos de la entrevista que Carlo Abel Suárez le hizo con ocasión del 70 aniversario de la guerra civil, o sea hace cinco años, y reproduzco unos extractos:
“…La II República española viene ya a contrapelo de muchas tendencias del mundo de entonces: nace en 1931, en la estela de la crisis económica planetaria de 1929, en plena crisis de la democracia y de sus valores. El final de la I Guerra Mundial había traído la democracia a Europa: se habían derrumbado las grandes monarquías meramente constitucionales continentales (sin gobiernos parlamentariamente controlables), y se habían impuesto – de la mano del movimiento obrero — el sufragio universal y las repúblicas (o al menos, como en Italia, la parlamentarización de la monarquía constitucional). Pero las clases próceres europeas que, a diferencia de las francesas y las británicas, carecían de experiencia democrática, habían reaccionado a eso en los años veinte promoviendo verdaderas guerras civiles contrarrevolucionarias contra la democracia y el bastión de ella que era el movimiento obrero, como en Italia (entre 1918 y 1926) y Austria (entre 1918 y 1934), o desestabilizando seriamente a las instituciones republicanas (como en Alemania a partir de 1920). A eso había que añadir una acelerada involución tiránica de nuevo tipo, objetiva y subjetivamente contrarrevolucionaria, experimentada en la Unión Soviética, sobre todo a partir de 1927 a manos de una camarilla decidida a todo y sin escrúpulos, que destruyó en los sectores más lúcidos y experimentados del movimiento obrero y popular mundial, y por lo pronto europeo-occidental, las grandes esperanzas puestas en la Revolución de Octubre tras el desastre de la Gran Guerra. Para mucha gente que empezaba a desesperar de la capacidad de supervivencia de la democracia, el – tardío — derrumbe de la monarquía constitucional española y el advenimiento de una República parlamentaria de inequívoco signo democrático y progresista (“República de trabajadores”) en abril de 1931 fue un signo de esperanza: el ciclo democrático-revolucionario que había empezado la Revolución mexicana de 1910 y continuado la rusa de 1917 no estaba necesariamente concluso. Ex post, puede decirse: en España iba a decidirse si lo estaba o no; si los valores cristalizados en la Constitución mexicana de 1917 (que había inspirado directamente a la Constitución soviética, a la Constitución de la República de Weimar – 1919 —, a la Constitución de la I República austriaca – 1919 — y a la propia Constitución de la II República española – 1931 —) iban a prosperar y a desarrollarse vigorosamente, o estaban destinados a sucumbir. Eso se puede decir ex post, claro. Pero la pregunta estaba, por así decirlo, en el aire, en los umbrales de la consciencia de muchas gentes…”

Carlo dice entonces: Y el golpe del 18 de julio de 1936 vino a contestar esa pregunta... Y su respuesta es:

“… ¡Todavía no! Y eso es lo que hace supremamente importante la experiencia española de esos años. En febrero de1933 había sucumbido prácticamente sin presentar batalla el movimiento obrero más fuerte y, por generaciones, más admirado del mundo, el alemán. Cuando el mariscal Hindenburg dio el golpe de Estado técnico que llevó a Hitler a la Cancillería (en contra de una leyenda interesadamente extendida después de la II Guerra Mundial, Hitler no ganó nunca unas elecciones libres en Alemania: cuando accedió a la cancillería, no llegaba al 32% de sufragios – con cerca de un millón de votos menos que socialdemócratas y comunistas juntos —, y estaba muy lejos de tener mayoría parlamentaria), el movimiento obrero apenas reaccionó: Stalin – a favor de intereses geopolíticos neogranrusos — paralizó intencionada y criminalmente a los comunistas alemanes, y la socialdemocracia alemana – la verdadera columna vertebral de Weimar — quedó más presa del pánico y de las ilusiones suicidas de algunos de sus dirigentes que presta a la lucha decidida por salvar la República. Un año después, en febrero de 1934, el gran e interesante movimiento obrero socialdemócrata revolucionario austriaco – los comunistas eran allí una ínfima minoría — sucumbió sin más que una heroica pero breve resistencia a destiempo al golpe clerical-católico final de Dolfuss, que acabó a cañonazos con la joven democracia republicana. El pueblo trabajador español ya había demostrado al mundo en Octubre de 1934 que tenía aprendida la cruel lección de los yerros de sus hermanos alemanes y austriacos, que no estaba de ningún modo dispuesto a perecer sin prestar feroz y enconada resistencia. Y el 18 de julio de 1936 lo volvió a demostrar: la sublevación de los militares felones fue desbaratada sin excepción por el pueblo trabajador en todas las capitales en que los gobernadores civiles republicanos no se negaron a entregar armas a los trabajadores y a sus organizaciones. Y en muchas ciudades – como Barcelona, la capital industrial de la República, y Madrid, su capital administrativa —, los trabajadores mismos se hicieron con armas tras asaltar épicamente cuarteles, armerías, polvorines y depósitos de municiones. Así en el cuartel de la Montaña, en Madrid. O aquí mismo, en Barcelona, cerca de donde te estoy hablando – mi despacho académico está a menos de 100 metros del cuartel del Bruch, el foco principal del que partió el movimiento de tropas golpistas el 18 de julio —: los militares fueron aplastados en horas de sangrientos y épicos combates librados en el centro urbano el 19 de julio – volviendo a hacer buena para el siglo XX la observación de Engels, según la cual la Barcelona del XIX había sido la capital mundial de las insurrecciones proletarias —, a manos de decenas de miles de obreros pobremente armados que, en el contraataque final, tomaron al asalto el cuartel del Bruch, rebautizándolo, ya de anochecida, como “Cuartel Bakunin”.

Al principio de su intervención, Toni se refirió al programa del Frente Popular, al hecho de su redactor, Sánchez Guerra, se situaba en la derecha más moderada de los republicanos, y que su moderación resulta subrayada en los momentos en los que se rechazan las propuestas de Largo Caballero y el PSOE… Por sí alguien lo quiere leer, los incluimos como anexo.

ANEXO

Programa del Frente Popular (Publicado en Madrid el 15 de enero de 1936)

Los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar, en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.

Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

I
A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.

II
Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.

Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.

III
Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.

En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:

1. Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.

2. Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.

3. Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.

4. Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente.

5. Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.

6. Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.

IV
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional.
Para la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley de Arrendamientos. Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas de la nobleza.

Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.

En consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.

V
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios.

1. Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego o implantación de regadío y transformación de terreno.

2. Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro.

VI
La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, desconocer que fuerzas tan sutiles como las del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción, ni estimular de fuera el campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; reconocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas:

Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.

Someter la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez. Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales. Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo.

VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:

1. Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios.

2. Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia.

3. Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos.

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