Entre la calle y las urnas

Viernes 24 de junio de 2011, por Mar

César Castañón

El auge del movimiento 15M sigue alterando la normalidad política y mediática en la estábamos sumidos desde hace más de dos años. Las noticias anunciando recortes y las declaraciones pidiendo que nos apretemos el cinturón se disputan ahora los titulares con la movilización social que, desde hace un mes, sacude nuestra vida cotidiana como no lo había hecho desde la crisis el franquismo. Los acontecimientos más recientes, la concentración de los indignados frente al Parlament de Catalunya y las manifestaciones del pasado 19 de junio, han abierto para la opinión pública una batalla de legitimidades, en la que se enfrentan el modelo parlamentario actual y lo que Daniel Bensaïd habría llamado la política profana.

El origen de este debate, además de estar en un intento por parte de la derecha mediática de deslegitimar el movimiento 15M, se encuentra enmarcado en la actual crisis del poder político, que sin duda ha sido parte influyente en el estallido de la movilización social. Los barómetros del CIS nos indican que la credibilidad en el sistema parlamentario ha descendido 15 puntos en los últimos dos años, llegando a mínimos históricos cercanos al 30% en los últimos 12 meses.

Uno de los principales problemas surge de las dificultades del sistema electoral para adaptarse a la realidad social. Nos encontramos en un estado en el que importantes sectores de la población tienen limitado o cercenado su derecho al voto. Los jóvenes de 16 y 17 años, que terminan su periodo de escolarización obligatoria y comienzan a ser considerados suficiente maduros para asumir responsabilidades legales en un amplio abanico de materias, representan un colectivo de cerca de 900.000 habitantes (datos del INE) que, a pesar de todo siguen sin disfrutar del derecho al voto. Asimismo la población inmigrante, un colectivo de 5,7 millones de personas (INE) que viven, pagan impuestos y trabajan en el estado español y de las cuales calculamos que aproximadamente 4,5 millones tienen más de 18 años, tienen sus derecho de sufragio profundamente limitado. Si bien es cierto que en las pasadas elecciones una parte de ellos pudieron votar debido a una reforma en la Ley de Extranjería, en las próximas Generales continuarán privados del voto. La ampliación de los derechos de sufragio es siempre un proceso difícil. Lo fue en 1931 cuando se aprobó el voto femenino por primera vez, y sin embargo el tiempo ha demostrado que la extensión de los derechos políticos es un factor fundamental en la construcción de una sociedad democrática.

A estos factores debemos añadir una grave crisis de representatividad. Las opciones políticas con posibilidad de ejercer el gobierno se encuentran cada vez más alejadas de la ciudadanía y más cercanas entre si, impidiendo que la mayor parte de la población pueda identificarse con cualquiera de ellas. Esto provoca que en un número notable de casos el voto no se ejerza en base a criterios políticos o programáticos, sino escogiendo “el mal menor” o “votando A, para que no gane B”. Si bien es cierto que existen otras fuerzas políticas con un programa diferente, sus posibilidades de constituirse como una alternativa política viable se ven profundamente limitadas por su imperante necesidad de agarrarse al ascua ardiente del modelo parlamentario en crisis. Problemas de tal magnitud difícilmente se arreglarán con un cambio en la ley electoral, aunque este está siendo un tema recurrente en las últimas semanas.

En este contexto, la aparición del movimiento 15M ha supuesto un cambio radical en las perspectivas de salida de una crisis que no es sólo política, sino también económica y social. Conceptos como ciudadanía o democracia empiezan a valorarse más allá de las instituciones y del reconocimiento jurídico. La dinámica de las acampadas ha facilitado la recuperación de un modelo de participación política perdido, y casi olvidado, que hace frente a un sistema individualizante, en el que los problemas siempre se definen como personales y nunca políticos, rompiendo con las dinámicas de miedo y autoculpabilidad a las que estábamos acostumbrados. Y el proceso de aprendizaje colectivo que se esta llevando a cabo ataca la pasividad con la que aceptábamos las decisiones “técnicas” de los “expertos”.

Es cierto que la mayor parte de la población no ha asumido ni asimilado los cambios que simboliza el movimiento 15M, y que el sistema político sigue en pie, sustentado por los beneficiarios de sus medidas. Sin embargo, las brechas abiertas nos permiten atisbar nuevas formas de organización de las relaciones sociales, que afectan, y deben afectar si queremos superar la crisis, a aspectos como el género, la economía o la política.

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