Humala y Keiko defienden al capitalismo y no al pueblo

Jueves 2 de junio de 2011, por Mar

Elecciones en Perú: la mafia Fujimorista

Pepe Mejía

El próximo 5 de junio Perú celebra la segunda vuelta para elegir presidente. Gane Humala o Fujimori el pueblo seguirá postrado. Ambos candidatos son firmes defensores del modelo capitalista. Pero hay diferencias. Keiko es la representante genuina de la mafia fujimorista: corrupción, narcotráfico y utilización de la violencia para eliminar a sus opositores. Keiko está rodeada de 20 políticos que trabajaron para Alberto Fujimori, preso por ladrón, asesino y corrupto. Entre estos figuran Jaime Yoshiyama, ex premier de Fujimori y procesado por el autogolpe del 5 de abril de 1992, y Rafael Rey Rey, el defensor a rajatabla de la amnistía para el psicópata mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, jefe del grupo Colina. Ambos son candidatos a la Vicepresidencia de la República y, en un eventual gobierno fujimorista, suplirían a Keiko, en sus viajes al exterior o enfermedad.

Como bien dijo Francisco Miro Quesada: “No han cambiado, son los mismos que justificaron el golpe, son los mismos que callaron o defendieron el abuso del poder y los delitos que cometió Fujimori. No merecen estar en el poder. Son aquellos que justifican los costos inevitables, para ‘disolver, disolver, disolver’ un día como hoy”.[1]

Cabe recordar que el ex presidente fue condenado por delitos de lesa humanidad como autor intelectual de dos matanzas perpetradas por un Escuadrón de la Muerte del Ejército, el Grupo Colina, en el que murieron 25 personas. 25 años de prisión por la matanza en los Barrios Altos[2] y La Cantuta[3] y por los secuestros de Gustavo Gorriti[4] y Samuel Dyer[5].

Fujimori dejó al país con un 54% de pobreza, 200 mil peruanos despedidos, 23 mil empresas quebradas, 7 mil millones de dólares robados por la corrupción y un régimen económico sumido en la recesión.

Farid Matuk, ex jefe del INEI, sostuvo que el fujimorismo dejó la pobreza tal como la encontró después de la primera gestión aprista. Se evidenciaron tres periodos durante el “oncenio”: entre 1990 y 1994 la pobreza se estancó en 54%, luego de 1994 a 1998 la pobreza descendió a 42% (1995), y en el último periodo de 1998 a 2000 subió a 52% para después dejar al país en 54%.

Transparencia Internacional calificó entre los diez presidentes más corruptos de la historia con un robo personal de US$ 600 millones al Estado. Además, entre otras, durante el régimen de Fujimori se esterilizó forzosamente a más de 300.000 mujeres.

La dictadura de Fujimori mantuvo estrechos vínculos con el narcotráfico internacional. El Mayor del EP Evaristo Castillo Aste denunció a los generales de Fujimori implicados en las redes del narcotráfico[6]

Para esta campaña electoral, el clan Fujimori cuenta con un aliado muy poderoso. El diario El Comercio y todo su grupo mediático. Martha Meier Miró Quesada, quien actualmente controla ese diario y el grupo de canales de televisión y periódicos, integró la lista parlamentaria de Fujimori Perú 2000. La lista para la cual se falsificaron un millón doscientos mil firmas.

La vuelta de la mafia fujimorista ha provocado la indignación de amplios sectores de la sociedad peruana. Son muchos los que no desean regresar al decenio que gobernó Fujimori y al que califican como el periodo más siniestro en la historia republicana peruana.

5.000 personas se manifestaron en las calles de Lima bajo la consigna: “Con esperanza y dignidad, Fujimori nunca más”. Mucha participación de colectivos de jóvenes, de activistas de derechos humanos, agrupaciones feministas y sindicales, llevaron pancartas en que se leía: “Perú decente, sin delincuentes”. En esta misma línea, el 7 de mayo la Coordinadora de DDHH impulsó la campaña ”Fujimori nunca más”.

Por otro lado, Humala es el gran desconocido. Lo único que se sabe es que defenderá los mercados frente a los intereses del pueblo. Hay que controlar y estar vigilante de las promesas de Humala que están acordes con el capitalismo y no con el pueblo. En caso de que gane Humala el movimiento popular seguirá sus movilizaciones contra la minería depredadora, contra la usurpación del agua en la pequeña agricultura, contra las hidroeléctricas que alteran el medioambiente.

Después de las elecciones, quizás, en Perú se tenga que seguir las experiencias que están atizando el fuego de las revueltas en Puno.

El pasado 19 de mayo 5.000 aymaras se manifestaron en la plaza de armas de Puno para exigir el cese de las concesiones a las empresas mineras. Y el 23 del mismo mes se juntaron -en el mismo lugar- más de 17 mil aymaras a los que se juntaron los estudiantes universitarios. La autoridad regional había anunciado su apoyo a la protesta pero los aymaras contestaron: “ustedes no van a tomar decisiones por nosotros, ustedes lo que tienen que hacer es obedecer las decisiones que ya tomó el pueblo aymara”.

Un sabio consejo que bien se los podíamos aplicar a Humala y Keiko Fujimori.

[1] Artículo publicado por el diario El Comercio el pasado 5 de abril de 2011.

[2] La masacre de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991 en los Barrios Altos, una zona tradicional y popular de Lima en Perú. Quince personas murieron y cuatro más fueron heridas por atacantes que posteriormente fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento militar formado por miembros de las Fuerzas Armadas de Perú. Esta masacre es vista como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno del presidente Alberto Fujimoriy fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición presentada a Japón en el 2003. El hecho perpetrado en Barrios Altos fue por directiva directa de Vladimiro Montesinos, por encargo de Alberto Fujimori. La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una pollada (comida en grupo) en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Huanta Nº 840 para conseguir fondos para reparar ese edificio. Aproximadamente a las 23:30, seis individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de dos vehículos. Los atacantes, cubrieron sus rostros con pasamontañas y ordenaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el suelo, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de dos minutos, matando a 15 de ellos incluyendo a un niño de 8 años, e hiriendo seriamente a otras cuatro personas, uno de los cuales quedó permanentemente paralítico. Luego, los atacantes salieron en dos vehículos. Durante la investigación, la policía encontró 111 casquillos y 33 balas del mismo calibre en la escena del crimen.

[3] La masacre de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadrón paramilitar, pertenecientes al Ejército peruano. Tuvo lugar el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Los ejecutores disfrutaron de completa impunidad. En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días después de la explosión de un coche bomba en la céntrica calle de Tarata en el barrio de Miraflores, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, muchos de los cuales supuestamente pertenecían al recientemente establecido Grupo Colina, entraron a las residencias de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Una vez dentro, las tropas forzaron a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones y echarse boca abajo en el piso. Nueve estudiantes, sospechosos de estar conectados a la explosión de Tarata, – Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, y Juan Gabriel Mariños Figueroa – fueron separados de los demás y llevados aparte. Mientras tanto, en las residencias de los profesores, un grupo de soldados irrumpió a la casa del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Luego de registrar su dormitorio, se llevaron al profesor. Ninguna de las diez víctimas fue vuelta a ver.

[4] Periodista que en el momento de su secuestro trabajaba para el diario El País de España. Fue secuestrado a las cuatro de la madrugada del 6 de abril de 1992. Sacado de su casa estuvo recluido en instalaciones del Cuartel General del Ejército en el barrio limeño de Monterrico. Gracias a la presión internacional, entre España y Estados Unidos, logró que lo trasladaran a instalaciones policiales. Posteriormente lo dejaron en libertad.

[5] La Comisión de la Verdad y Reconciliación afirmó que el empresario Samuel Dyer Ampudia fue ilegítimamente privado de su libertad por miembros de la Policía Nacional y del Servicio de Inteligencia del Ejército, quienes lo mantuvieron detenido en una instalación militar de manera ilegal en el marco de investigaciones sobre una presunta colaboración con el PCP-SL que nunca fue justificada ni demostrada con ningún elemento probatorio.

[6] Entrevista realizada por Pepe Mejía al Mayor del EP Evaristo Castillo Aste. Publicado en el diario El Mundo de España el 5 de marzo de 1995.

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0