El FMI y el Banco Mundial en Egipto

Olga Rodríguez/periodismohumano

Esta semana la Corte Administrativa egipcia ha anulado el acuerdo de venta cerrado en 2006 por el que el 90% de la cadena de tiendas de ropa, muebles y complementos Omar Effendi, hasta entonces estatal, pasó a manos de la compañía saudí Anwal. El tribunal ha considerado que dicha transacción se realizó de manera corrupta, con una tasación del precio inadecuada. Es decir, la empresa fue vendida a un precio menor de su coste real en el mercado.En concreto se vendió por 99 millones de dólares, cuando tan solo el valor del terreno en el que se asientan las 82 tiendas es de 670 millones de dólares, según han desvelado varios medios de comunicación egipcios citando fuentes judiciales.

Desde entonces Omar Effendi solo ha registrado pérdidas y acumulado deudas. No es un caso aislado. Desde la caída del dictador Hosni Mubarak han llegado a los tribunales decenas de demandas de abogados y asociaciones que solicitan la nacionalización y recuperación de empresas y fábricas vendidas -y privatizadas- a multinacionales extranjeras por un precio mucho menor de su valor real. Buena parte de ellas están siendo desmanteladas por sus nuevos dueños, a pesar de que en los contratos de venta se comprometían a invertir en ellas.

Por alguna de esas privatizaciones están acusadas importantes personalidades, como el ex primer ministro Atef Ebeid, el ex ministro de Sector Público Mokhtar Khattab -que supervisaba el programa de reformas económicas impulsado por el FMI, el Banco Mundial y la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional- y Mohamed el-Danaf, presidente de la Compañía Industrias Metalúrgicas. Los tres están involucrados en la venta irregular de la Compañía estatal de Cementos Assiut -la más grande del país- vendida en 1999 a una empresa mexicana por solo 373 millones de dólares, un precio cuatro veces menor que su valor real, según los demandantes.

Este tipo de transacciones se realizaron en el marco de la reforma económica egipcia iniciada en la década de los años noventa y centrada en la privatización de fábricas y empresas estatales, con el asesoramiento de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Los demandantes han celebrado el veredicto de los tribunales en el caso Omar Effendi. El director del Centro egipcio por los Derechos Sociales y Económicos, Khaled Ali, cree que esta sentencia sienta un importante precedente y abre la puerta a un posible proceso de nacionalización de empresas.

INVESTIGACIONES PENALES

Hay otras investigaciones penales abiertas en relación con estos procesos de privatización corruptos. Una de las principales acusaciones que de momento ha prosperado en los tribunales es la dirigida contra el ex ministro de Finanzas Youssef Boutros-Ghali, que supervisó el diseño y la puesta en práctica de los programas de reforma económica en Egipto.

Ghali presidió el Comité Financiero del Fondo Monetario Internacional desde octubre de 2008 hasta febrero de este año, cuando presentó su dimisión tras el estallido de las revueltas.Ya al inicio de su carrera hace más de tres décadas Ghali había trabajado en el FMI; en los años ochenta regresó a Egipto donde negoció acuerdos con el FMI y el Club de París. En la actualidad está acusado de defraudar al Estado egipcio por dar un trato preferente a empresarios próximos al régimen de Mubarak.Se encuentra fuera de Egipto y por tanto fuera del alcance de los veredictos de la Justicia de su país.

Uno de los protegidos de Ghali es el ex ministro de Inversiones Mahmoud Mohieldin, a quien prominentes activistas egipcios involucran en la venta irregular de una cadena de hoteles y en la propia venta de Omar Effendi. Desde octubre de 2010 Mohieldin ocupa una de las tres direcciones generales del Banco Mundial, con sede en Washington DC.

Como ministro de Inversiones impulsó una serie de reformas económicas que fueron objeto de elogio en varios informes del Banco Mundial, como el “Doing Business Report” de 2008, encargado de medir la facilidad para hacer negocios en los países. En el año 2007 el Banco Mundial señaló a Egipto como el mayor reformista del mundo, algo que evidentemente podía beneficiar a los inversores extranjeros pero no al Estado ni a la sociedad egipcia, a la vista de datos como el último informe publicado por el propio gobierno de El Cairo, que indica un aumento de la pobreza y la desigualdad en los años 2009 y 2010.

A pesar de estos resultados, Mohiledin es, además de Managing Director del Banco Mundial, Director del Programa de Reducción de la Pobreza de dicha institución.