Anticapitalistas
John Brown Iohannes Maurus
El régimen español, tras la muerte de Franco, se ha caracterizado por su contitnuidad jurídica e institucional con el orden establecido por el 18 de julio. No sólo se pasó de la "democracia orgánica" a la "monarquía democrática" en el marco de las leyes franquistas y sin la más mínima ruptura del ordenamiento jurídico, sino que se mantuvo en la jefatura del Estado al rey elegido por Franco, los magistrados y mandos policiales responsables de la represión conservaron sus puestos y prosiguieron sus carreras, los mandos militares franquistas siguieron en su lugar. El conjunto del aparato de poder del régimen se mantuvo, haciendo sitio en los lugares de privilegio a los dirigentes de los partidos de oposición que aceptaron legitimar la mutación. A todos ellos, la constitución de 1978 les garantizaba no sólo la impunidad, sino el respeto público, pues los que habían sido pilares de uno de los regímenes más sangrientos del período fascista europeo y lograron hacerlo sobrevivir hasta bien entrados los años 70 del siglo XX, quedaron transformados en sostenes de la "joven democracia". En el contexto de este peculiar arreglo, quienes dentro de la débil oposición deberían haber pasado a los libros de historia como responsables de horribles crímenes de guerra fueron incluidos "generosamente" en la impunidad de sus vencedores. En España no hubo nunca una comisión de la verdad y la reconciliación que esclareciera todos los crímenes, hubo silencio recíproco entre los responsables de los principales partidos sobre sus responsabilidades respectivas.
Manuel Fraga Iribarne, que hoy nos acaba de abandonar fue un actor fundamental de esta transformación. En su historial está sin duda el haber sido ministro de Franco y haber dado cobertura política y moral a algunos de los más espeluznantes crímenes del franquismo reciente (Grimau, Puig Antich, Vitoria...). Fraga aprobó en su conjunto el régimen de Franco del que fue uno de los pocos intelectuales competentes, lo que le daba una posición excepcional en el erial intelectual que fue el franquismo. Su posición fue siempre conforme a su autodefinición, la de un "liberal conservador". Sin embargo, esta calificación merece matices importantes, pues la defensa del orden liberal, para Manuel Fraga, podía requerir la abolición de la libertades democráticas. Fraga, aunque en algún momento, como embajador del Estado español en Londres luciera bombín no era un conservador británico, sino un reaccionario español particularmente ilustrado. No puede despreciarse en su formación intelectual el bagaje del pensamiento de la contrarrevolución y en concreto la influencia de pensadores como Joseph de Maistre o Donoso Cortés. Su amistad política y filosófica con el ultracatólico y filonazi Carl Schmitt a quien acogió en momentos de desgracia -tras el paso de este por el tribunal de Nüremberg- en el Instituto de Estudios Políticos es a este respecto muy ilustrativa. Al igual que Carl Schmitt quien consideró que la defensa del régimen liberal de Weimar pasaba por la implantación de una dictadura y que, en último término acabó defendiendo las leyes de excepción que sirvieron de fundamento al régimen hitleriano, Fraga defendió el orden burgués desde la dictadura franquista. Lo hizo, al igual que Carl Schmitt, con todas las consecuencias: aceptando la ausencia de libertades, los encarcelamientos políticos, la tortura y las ejecuciones. Para Fraga, sin embargo, la democracia no era imposible; era incluso deseable siempre y cuando respetase el orden liberal burgués. De ahí que impulsara una transición controlada del franquismo originario a la peculiar "democracia" que hoy conocemos. Para Manuel Fraga, la esencia del Estado de derecho era, aunque él no utilizara estos términos, la dictadura de clase: el mantenimiento por todos los medios necesarios de un orden social dominado por la burguesía y las demás clases capitalistas españolas. Por ello mismo, la diferencia entre dictadura y democracia nunca fue una diferencia radical para él, pues lo importante era el mantenimiento de la "situación normal" basada en el respeto de la propiedad y de las libertades mercantiles y las demás libertades resultaban accesorias y temporalmente prescindibles.
Este planteamiento de Fraga y del sector de la derecha española que constituyó en torno a él Alianza Popular y posteriormente el PP explica que el Estado español sea uno de los pocos países europeos donde no existe una extrema derecha organizada. A pesar de los intentos por parte de Blas Piñar (Fuerza Nueva) o Ramiro Fernández Cuesta (Falange) de crear un espacio autónomo de extrema derecha, nunca llegó a haber desde la transición un partido fascista con peso significativo en el panorama español. La explicación de este fenómeno radica en que la identidad de extrema derecha no corresponde ni puede corresponder a ningún partido en particular, sino al conjunto del régimen transfranquista y, en particular, a la fuerza de derechas que encarna su naturaleza "liberal conservadora" en el sentido anteriormente matizado. La extrema derecha española puede permitirse ser liberal, e incluso "democrática" a condición de que, bajo ningún concepto se ponga en peligro el orden social capitalista en su versión hispánica. Para ella, Estado de derecho y dictadura no son términos contradictorios siempre que la dictadura tenga como objetivo la defensa del orden social y no su subversión. Esta posición, prevalente en el PP, destiñe hacia otros horizontes políticos, contando con eximios representantes en un PSOE que defiende posiciones neoliberales y nacionalistas españolas y que siempre ha criticado el franquismo sin la más mínima intención de romper con él, y, por supuesto, hacia el partido del nacionalismo español a la vez impolítico y autoritario que es UPyD.
Del mismo modo que no había razón alguna para alegrarse de que Franco muriese en su cama, tampoco la hay para celebrar la muerte de Manuel Fraga. Después de todo, es sólo la muerte de dos personas. Las instituciones y sobre todo el orden de legitimidad política que fundaron y defendieron siguen existiendo, representados en el principal nexo de continuidad entre la etapa actual y la etapa anterior del régimen: la persona del monarca designado por Franco para sucederle a título de rey. Más vale ahorrarse los improperios contra Manuel Fraga, pues no sólo él defendió o encubrió ejecuciones y torturas. El actual Jefe de Estado compartió balcón el Plaza de Oriente con el Caudillo, cuando este se dirigía en sus últimas semanas de vida a una manifestación espontánea organizada que apoyaba los últimos fusilamientos del régimen. Asimismo, Juan Carlos de Borbón declaró más de una vez que jamás aceptaría que se criticase a Franco en su presencia. El régimen no ha muerto, sólo ha muerto uno de sus más lúcidos y tal vez cínicos exponentes, que algunos consideramos un "enemigo político" en el sentido preciso que diera Carl Schmitt a ese término: " El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no pueden ser resueltos por una normativa general establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero "no-involucrado" y por lo tanto "imparcial". " No puede decirse lo mismo de la inmensa mayoría necia, inculta e indecente de los exponentes del actual régimen español.
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