¡Aborto por decisión de las mujeres, en la sanidad pública y para todas!

Miércoles 3 de octubre de 2012, por Mar

Declaración de Izquierda Anticapitalista

La conmemoración del día 28 de septiembre como Día Internacional por la Despenalización del Aborto surgió en el año 1990 por iniciativa de las feministas de Latinoamérica y El Caribe para cambiar las legislaciones criminalizadoras predominantes en la región, responsables de más de 20.000 muertes al año debidas a abortos clandestinos. En el Estado español, el aborto también está penalizado excepto en determinadas condiciones, plazos y supuestos. En estos momentos, además, nos enfrentamos al proyecto del Gobierno del PP de restringir aún más estas condiciones. Dicho ataque se suma a todos los efectuados sobre las mujeres desde el estallido de la crisis, destinados a recuperar roles familiares y de género tradicionales y retrógrados para hacer recaer el peso de los recortes sobre sus espaldas.

Desde Izquierda Anticapitalista, en apoyo a todas las iniciativas provenientes del movimiento feminista, consideramos prioritario y de máxima urgencia oponernos a este nuevo ataque. El proyecto de reforma que propone el PP, junto al desmantelamiento de la sanidad pública, supondrían la imposibilidad para muchísimas mujeres de interrumpir su embarazo, si así lo desean, en unas condiciones adecuadas. Esta nueva ofensiva contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y capacidad reproductiva forma parte de una historia de intromisión del Estado en su libertad sexual y reproductiva y, a su vez, de un ataque generalizado contra los derechos de la gran mayoría de la población en forma de privatización de la sanidad y la educación pública, los recortes en servicios sociales y la atención a la dependencia.

La reforma de la Ley de Salud Reproductiva

El control que ejerce el Estado sobre la capacidad reproductora de las mujeres, imponiendo su poder por encima de sus decisiones, es una de las vías que emplea el capitalismo patriarcal para imponerles la obligación de reproducir la mano de obra, tanto en el sentido biológico como en el social. La regulación y el castigo penal del aborto forman parte de un conjunto de medidas que incluye además la restricción de la anticoncepción de urgencia, la limitación del acceso a la anticoncepción y la imposición de un modelo de sexualidad enmarcado en relaciones heterosexuales, en el que las mujeres tienen un papel subordinado y donde se identifica sexualidad con coito. En resumen, quieren imponer una sexualidad indisolublemente ligada a la reproducción.

Una de las formas del control del Estado es la criminalización. Actualmente, de acuerdo con el Código Penal, el aborto por decisión de la mujer es delito, excepto en los casos y condiciones previstos en la Ley Orgánica 2/2010, “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Esta ley establece que las mujeres, durante las 14 primeras semanas de embarazo pueden decidir si abortan o no. Pasado este plazo y hasta las 22 semanas, solo podrán hacerlo en caso de “grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” o de “riesgo de graves anomalías en el feto”. A partir de las 22 semanas solo es posible llevar a cabo una interrupción del embarazo en aquellos casos en que el feto prácticamente es incapaz de sobrevivir. La ley de 2010 proclama en su Preámbulo que el aborto es un derecho de las mujeres, y que son ellas las que tienen que decidir, pero en su articulado no les reconoce efectivamente ese derecho. En cuanto a la regulación, en un aspecto presenta una mejora respecto a la de 1985: las mujeres mayores de edad no tienen que pedir permiso para abortar durante las primeras 14 semanas. Pero en otros aspectos supone un empeoramiento, ya que impide prácticamente el aborto legal después de este plazo. Un ejemplo de ello resulta el caso de una niña de 12 años, violada en su propio hogar quien, cuando de manera comprensible tardó en reconocer y verbalizar su embarazo, no pudo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo antes de las 22 semanas y, en aplicación de la ley, se vio obligada a ser madre contra su voluntad. Los abortos tardíos no son un capricho de las mujeres: son un derecho y una necesidad para algunas de nosotras.

El proyecto de ley del PP, según la escasa información que dejan caer con cuentagotas, pretende que el aborto solo sea legal en los casos de “peligro cierto” para la salud física o psíquica de la madre o de violación. Esto significa que las mujeres no podrían decidir, ya que se les impide abortar legalmente salvo que puedan probar una de estas circunstancias. Además, para las jóvenes de 16 y 17 sería obligatorio el permiso de los padres. Resulta incongruente que jóvenes que según las leyes pueden decidir sobre cualquier intervención sanitaria que les afecte, incluso cuestiones de vida o muerte, no puedan decidir sobre su embarazo. Es paradójico que se considere preparadas para afrontar una maternidad impuesta a las mismas jóvenes a las que no se considera suficientemente maduras para decidir sobre su aborto.

Las nuevas restricciones legales tendrán un impacto muy diferente según la situación económica de las mujeres y sus otros recursos, como información o posibilidad de viajar. Para unas supondrá la incomodidad de los viajes a Londres o a otra ciudad europea. Para otras supondrá poner en peligro su salud o su vida con abortos ilegales y clandestinos (que son una causa importante de muerte allí donde se producen). Para otras más, supondrá tener hijas e hijos de los que no pueden o no quieren hacerse cargo. Para todas ellas significa poner en peligro su salud, física o mental y, en resumen, su derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas.

La reforma de la legislación sobre el aborto, además de responder al carácter conservador del PP, que una vez más hace políticas ultraderechistas, es un gesto hacia la jerarquía de la Iglesia Católica la cual, Código Penal en mano, quiere imponer su moralidad a todas las mujeres. No les basta con el miedo al infierno y utilizan el miedo a la coerción del Estado.

Para justificar su posición hablan de defensa de la vida. Y emplean un discurso mentiroso, con trucos como el de equiparar una célula con un ser humano; buscando el impacto irracional sobre las emociones, por ejemplo, cuando llaman a un embrión o un feto “pobre niño, víctima indefensa de su madre” o cuando falsifican imágenes, haciendo pasar fotos de niñas y niños por las de embriones o fetos.

La hipocresía del gobierno del PP queda patente al ver cómo actúan frente a la vida humana real. Su política sanitaria, destinada a aumentar las ganancias de los banqueros e inversores, supone un empeoramiento de la calidad de vida de las personas y, tal como ha ocurrido con políticas similares en otros países, causará muertes prematuras y reducirá la esperanza de vida. La hipocresía supera cualquier límite cuando Gallardón dice que eliminará el supuesto de malformación fetal “para no discriminar a los discapacitados (sic)”. Mientras, su gobierno reduce las prestaciones por dependencia, los apoyos educativos, y en general los pocos servicios públicos destinados a atender necesidades relacionadas con la diversidad funcional, empeorando su calidad de vida actual y futura.

No podemos aceptar que se restrinja aún más el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo y capacidad reproductiva. Solo la propia embarazada puede decidir si continúa o no el embarazo. Para ello el aborto debe estar fuera del Código Penal, regulado como una prestación sanitaria más. ¡La interrupción voluntaria del embarazo debe ser un derecho y un servicio al que las mujeres accedan de manera gratuita en la red de la sanidad pública, y no un delito!

El desmantelamiento de la sanidad pública

La situación actual es que solo un pequeño porcentaje de las interrupciones de embarazo se realizan en la sanidad pública. Respecto a las que se realizan en centros privados, en algunas comunidades es gratuito, en otras la mujer tiene que pagarlo y luego se le reintegra, y en otras no hay ninguna cobertura. Ahora se pretende que el aborto no sea una prestación sanitaria para nadie. Uno de los aspectos del desmantelamiento de la sanidad pública es que deja de ser universal, y ya se ha excluido a una parte de la población: inmigrantes, jóvenes que no han tenido un contrato de trabajo. Otro aspecto es la retirada de prestaciones. Entre éstas se pretende eliminar la interrupción voluntaria del embarazo, la anticoncepción y la detección precoz de enfermedades.

La interrupción del embarazo, como las demás prestaciones sanitarias, es un derecho. De la misma manera que estamos saliendo a la calle para oponernos a los recortes, la austeridad y el resto de ataques contra las clases populares, desde Izquierda Anticapitalista hacemos una llamada a apoyar las movilizaciones que tendrán lugar el 28 de septiembre con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

¡Aborto por decisión de las mujeres, en la sanidad pública, para todas!

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