Gestionar el desorden

José Gallego | GRUNDMagazine

“Como sucede en el caso del estado de excepción, la seguridad se ha convertido actualmente en auténtico paradigma de gobernación”. Giorgio Agamben.

“El gasto en material antidisturbios y equipamiento de protección de la Policía Nacional se multiplicará 18,8 veces en 2013, un 1.780% más, según recoge el Proyecto Presupuestos Generales del Estado para el próximo año”. Javier González en El Mundo (05/11/2012).

Quesnay sitúa lo que entendemos hoy por seguridad en la Revolución francesa: se trataba de dejar que se produjeran las hambrunas (ya que los distintos poderes anteriores al nuevo régimen se habían visto incapaces de prevenirlas) para una vez llegadas estas, intervenir y gobernar en toda la amplitud de estos términos. Giorgio Agamben señala en este sentido que “el actual discurso sobre la seguridad, contrariamente a lo que afirma la propaganda gubernamental, no tiene como finalidad la prevención de atentados terroristas u otras formas de desorden público; su función es, en realidad, el control y la intervención a posteriori. Tras las revueltas ocurridas durante la cumbre del G8 en Génova, en julio de 2001, un alto cargo policial declaró ante los magistrados que investigaban la actuación de las fuerzas del orden público que el gobierno no pretendía el mantenimiento del orden, sino la gestión del desorden”. En esto consiste pues la idea de asumir la seguridad como nuevo paradigma de gobernación, y para ello, el gobierno español ha aumentado el gasto el gasto en nuevas inversiones y renovación del “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa” de los173.670 euros de este año a 3,26 millones en 2013. La prueba de esta nueva forma de gobernar en tiempos de crisis la hemos sufrido estos días en Cádiz con motivo de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Unos cuatro mil policías han tenido tomada la ciudad durante varios días reteniendo arbitrariamente a ciudadanos que paseaban o que se dirigían al trabajo, cortando calles y cerrando centros, prohibiendo a los vecinos salir de sus casas a ciertas horas, etc. Además, todo este despliegue ha servido para gestionar la acción sindical y de los movimientos sociales la noche y la mañana de la Huelga General del catorce de enero. El clima para ejercer nuestro derecho a Huelga y a formar piquetes informativos fue asfixiante durante toda la jornada.

Giorgio Agamben señala que la aceptación de este paradigma de gobernación supondría aceptar inevitablemente la muerte de la democracia o, como decía Rossiter Clinton, para defender la democracia hay que estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio, incluso a sacrificar la propia democracia. Inventaba así Rossiter Clinton el “modelo de excepción”, y Franklin D. Roosvelt recogía el testigo: “Nuestra constitución es tan simple y práctica que es posible enfrentar necesidades extremas al hacer algunos cambios en el énfasis o la interpretación sin perder su forma esencial. Esto es por lo que nuestro sistema constitucional ha probado constituir el más durable mecanismo político que el mundo moderno ha producido. Ha enfrentado cualquier proyecto expansivo, guerras foráneas o amargas luchas internas”.

Llegados a este punto, podemos leer en la Constitución española, artículo 28.2: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. La debilidad de la izquierda viene, entre otras cosas, de aceptar como bueno los postulados liberales, con sus miserias y sus contradicciones y sus injusticias, ante el fuerte empuje del neoliberalismo. Esta debilidad le lleva a obviar la fuerza del “poder sobre”, del poder de las leyes y de los que las regulan, pero sobre todo del poder ejecutivo. Ahora bien, cómo establece la ley este derecho que “consagra la Constitución”. Para ello tenemos que remitirnos al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, a su Capítulo I, al artículo 6.6: “En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo”. Hasta aquí todo bien. Pero en los últimos meses estamos comprobando como el nuevo paradigma de gobernación basado en la seguridad que describe Giorgio Agamben ha venido para quedarse: “la democracia ha pasado a designar ahora una simple forma de gestión gubernamental de la economía y de la seguridad”. Veamos un ejemplo para esto más claro. Este artículo que hemos citado ha sido vulnerado, en el caso del a huelga de los trabajadores de la recogida de la basura de Jerez (Cádiz), por la gestión municipal siguiendo este nuevo paradigma: el Ayuntamiento ha enviado a la policía a neutralizar las protestas de los trabajadores, a los que mantienen retenidos en las instalaciones de la empresa, y a acompañar a un grupo de esquiroles contratados para reventar la huelga y recoger la basura acumulada.

Foto: Esquiroles contratados por el Ayuntamiento de Jerez para boicotear la huelga de los trabajadores de Urbaser.

El derecho a Huelga, protegido por Decreto-ley y arropado por una Constitución imperfecta, pero al fin y al cabo por una Constitución, queda supeditado a la gestión economicista y cortoplacista, a la gestión del desorden por medio de un gobierno que prefiere tirar de policía antes de que de democracia.

Giorgio Agamben invita a la izquierda a reflexionar seriamente para responder a esto con seriedad: “lo verdaderamente importante en política no es la soberanía, sino el gobierno; no el rey, sino su ministro; no la ley, sino la policía y el poder ejecutivo”. “No la ley, sino la policía y el poder ejecutivo”: fijaos, el poder ejecutivo decreta leyes (veintiocho el Gobierno de Rajoy en menos de un año), y el Parlamento solo se limita a sancionarlas. Sí, “el gobierno trata al ciudadano como terrorista en potencia”, y 3,26 millones de euros en material antidisturbios, más el endurecimiento del código penal, lo demuestran.