Anticapitalistas
- Unas 50.000 personas han participado en esta manifestación histórica en que por primera vez se concentra de forma unitaria todo el colectivo de personas con discapacidad.
- Hacen una “llamada de socorro” ante la “amenaza de ruina” a la que se exponen los logros alcanzados en los últimos 30 años.
- Las Administraciones adeudan al sector de la discapacidad más de 300 millones de euros.
- “Sería una injusticia atroz que carguemos con los errores y las maldades de otros”, denuncian.
- Este lunes es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Agencias/ 20 Minutos/ Público
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Unas 50.000 personas, según los convocantes, han participado en la gran marcha para protestar contra la “regresión” de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias que ha recorrido Madrid este domingo, víspera del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
Convocadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y bajo el lema ‘SOS Discapacidad – Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’, decenas de miles de personas con discapacidad, familiares, voluntarios y profesionales se han concentrado para “ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis, las decisiones políticas de regresión de derechos y el debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección social“.
Unas veces “socorro”, otras “auxilio” y en la mayoría de casos “SOS”. Con independencia del término utilizado, 50.000 manifestantes han salido este domingo a la calle para pedir a las administraciones públicas que paguen los 300 millones que adeudan al sector de la discapacidad y exigir al Gobierno de Rajoy que deje de recortar sus derechos. “Si siguen recortando en derechos sociales nos terminarán matando“, resume Pedro López, un hombre de 48 años que sufre esclerosis múltiple y que ve como el centro en el que recibe tratamiento puede desaparecer por culpa de los impagos de la Administración.
“Estamos sufriendo muchísimo“, ha asegurado Eva, una joven mujer discapacitada y dependiente que ha relatado a EFE las dificultades económicas a las que se enfrenta para acceder a los medicamentos que requiere su enfermedad y que le llevan a plantearse abandonar un tratamiento que no puede pagar.
Eva, que se desplaza en silla de ruedas con la ayuda de su marido, tiene derecho a 55 horas mensuales de ayuda a domicilio a las que ha renunciado ya que debe pagar una parte. “A mi pareja la han despedido porque tenía una jornada reducida para poder ocuparse de mí“, ha explicado.
Los manifestantes han llegado a Madrid procedentes de distintas ciudades en 300 autobuses —que han movilizado a más de 10.000 personas— y ha contado con la participación de 700 voluntarios que han prestado su ayuda a invidentes y a quienes se han desplazado en sillas de ruedas.
Alrededor del 20% de los centros de atención a personas con discapacidad de toda España están en peligro de cierre inminente. Sólo en Aragón la Administración adeuda a los centros de atención 1.700.000 euros. Es decir, todos los servicios que estos han prestado durante el 2012 y, lo que es más grave aún, la Junta aún no sabe cuando podrá pagar la deuda.
Ante esta situación, que pone en peligro de extinción los derechos alcanzado por el colectivo de la discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) -que agrupa a más de 7.000 entidades- ha convocado una marcha protesta para que las personas con discapacidad dejen de ser las “víctimas fáciles de la historia” y se conviertan en “coprotagonistas de la misma”. La convocatoria, quizá porque la situación así lo exigía, ha resultado todo un éxito y miles de personas con discapacidad, junto a sus familiares y amigos, han abarrotado el centro de Madrid. Sólo de Andalucía han llegado 64 autobuses, 300 desde toda España. Ha sido la primera vez en la historia de España que el movimiento asociativo de la discapacidad sale a la calle de forma masiva y unitaria.
“Llevamos hasta 18 meses de retraso en los pagos. La deuda no es una cuestión nueva pero ahora sí que es insostenible. El problema supera a gobiernos de uno u otro símbolo y pedimos un gran pacto de Estado para poner a las personas con discapacidad donde deben estar, que no es otro lugar que con el resto de la ciudadanía”, ha señalado a Público Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.
Pero la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias no se concretan solamente en la deuda de la Administración con los centros de atención. El CERMI denuncia que se ha incumplido de manera “sistemática y estructural” las leyes aprobadas para defender sus derechos, como la Ley de dependencia; el copago; la paralización de las políticas de creación de empleo para personas con discapacidad o la desaparición de los programas de atención temprana a niños y niñas con discapacidad.
“Si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegamos a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis“, ha denunciado Laura López Espejo, una joven con discapacidad auditiva, durante la lectura del manifiesto.
Es el caso de la familia García. Jaime padece síndrome de Down y un grave problema cardíaco. Necesita el cuidado constante de una persona. Su madre está jubilada y su hermana, Consuelo, está en paro. Los tres tienen que “salir adelante” con los 500 euros de ayuda que recibe Jaime y la “mísera” pensión de su madre. La Ley de dependencia nunca llegó para ellos, según denuncia Consuelo. “Con 500 euros debemos hacer frente al colegio, medicinas, médicos, autocar… Una vez nos concedieron unas horas de ayuda en domicilio pero nos querían cobrar por ello. ¿Con qué dinero lo pagamos?“, denuncia Consuelo.
Una “llamada de socorro” En el manifiesto, leído al término de la marcha, los colectivos de discapacitados han hecho una “llamada de socorro” a la sociedad y a los gobernantes ante la “amenaza de ruina” a la que se exponen los logros en términos de derechos, inclusión y bienestar alcanzados en los últimos 30 años.
“Cuando alguien está en peligro, cuando alguien siente una amenaza inminente que pone en riesgo su integridad y hasta su misma supervivencia, esa persona lanza un SOS, una llamada de socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir de esa situación de absoluta emergencia“, han alertado.
La “aterradora” crisis económica, las “políticas tóxicas” y las decisiones “socialmente crueles” que —han subrayado— se ceban con los más débiles “están acabando con las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas décadas“.
“Estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica“, han advertido para denunciar que si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegan a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas “sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis“.
“Nunca llegamos a participar del festín, cuando lo hay, pero somos los primeros a quienes se nos quitan hasta las migajas“, han lamentado.
Denuncian el incumplimiento de las leyes Los manifestantes han denunciado el incumplimiento “sistemático y estructural“ de las leyes aprobadas para defender los derechos de los discapacitados, el aumento de la pobreza y la exclusión, así como el abandono de los apoyos a la familia, “que queda como única y solitaria red de soporte, cada vez más exhausta, sin apenas ya capacidad de resistencia“.
Han advertido también de que el “debilitamiento, cuando no desaparición” de los bajos niveles de protección social pública conseguidos y la paralización de la creación de empleo para personas con discapacidad por falta de políticas activas de inclusión laboral suponen un “peligro real de pérdida de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad“.
Más de 60.000 empleosen los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España —han alertado— “pueden desaparecer mañana mismo por la reducción drástica de los apoyos públicos“.
“Y por si todo esto fuera poco, las Administraciones autonómicas y locales adeudan al sector de la discapacidad, a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros“, han asegurado.
La próxima, en Berlín
La rabia contra aquellos que se van “de rositas” tras cometer errores que cuestan millones de euros a las arcas públicas ha sido compartido fervientemente por Narciso Hidalgo, un hombre de 77 años usuario de sillas de ruedas desde hace 25. “He estado toda mi vida pagando impuestos y cotizando hasta que sufrí el accidente. He pagado mis impuestos y la seguridad social y ahora unos pocos me quieren quitar mis derechos y mi dinero. Mi mujer recibía 350 euros de pensión por cuidarme por la Ley de Dependencia. Ahora de ese dinero tenemos que pagar la Seguridad Social? ¿Están locos? No quiero decir sus nombres, pero sabemos todos quiénes son. No están robando nuestro dinero“, denuncia Narciso, llegado desde Granada para manifestarse. El punto y final a la concentración lo ha puesto Luis Cayo, presidente de la CERMI, quien ha citado a los presentes para volver a manifestarse pero esta vez en el ámbito europeo, bien en Bruselas o en Berlín. “La señora Ángela Merkel se tiene que enterar de que en Europa somo 80 millones de personas con discapacidad. No se puede asfixiar a los países porque están formados por un conjunto de personas que están a punto de ser ahogados“, ha sentencia Cayo.
Más de 50 asociaciones en la marcha Además, el CERMI ha indicado que con este acto se pide “evitar el colapso” de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias y ha señalado que la estrategia ‘SOS Discapacidad’, que iniciará su andadura con esta marcha, se mantendrá mientras perdure lo “más agudo de esta crisis”.
“Por primera vez en la historia, salimos a la calle para que los políticos sepan que estamos al borde del colapso“, ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, quien ha reclamado que la salida de la crisis sea también la solución para el 10%de la población que padece discapacidad, unos 4 millones de personas.
Más de medio centenar de organizaciones secundan este acto: FEDACE, Autismo España, DOWN España, COCEMFE, PREDIF, AFEM, Confederación Aspace, FIAPAS, Cocarmi, CNSE, EDF, FEDER, FEAPS, FEACEM, DOWN Madrid, Fundación ONCE, FNETH, FEDAGAGE, ACIME, FEAFES, Plataforma del Tercer Sector, Consejo Navarro de la Discapacidad, FELEM, Plataforma de ONG de Acción Social, ONCE, Cogami, Federación Española del Síndrome X Frágil, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, Special Olympics.
También se han adherido ECOM, AEDIS, el Comité Paralímpico Español, UNAD, Aecemfo, APEMIB, Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), entre otras.
El CERMI es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómicas, todas las cuales agrupan a su vez a más de 6.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total.
Los sindicatos critican la reforma laboral y los recortes UGT asegura que la reforma laboral ha hecho más precario el trabajo de las personas con discapacidad, que cuentan con peores condiciones laborales y un salario menor, y critica que en 2012 la contratación indefinida de este colectivo haya retrocedido un 22% respecto a la del año anterior.
En este sentido considera que se debería delimitar el uso de la modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje a personas con discapacidad, estableciendo un límite en la edad y fijando unas retribuciones que prevengan de situaciones de exclusión social.
También cree UGT que en la reforma laboral debería modificarse el precepto que se refiere a los despidos por faltas justificadas de asistencia al trabajo cuando se trata de empleados discapacitados, y sobre todo en aquellos contratos que tienen suscrita una relación laboral de carácter especial por su grado de enfermedad.
Por su parte, el sindicato CC OO ha denunciado que el Gobierno Regional de Murcia “recorta siete millones de euros en atención a las personas con discapacidad” en 2013, que se suma al descenso del 20’6% en la partida de programas del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este colectivo.
En un comunicado de prensa, fuentes de este sindicato han explicado que los Presupuestos Generales de la CARM para 2013 incluyen para el programa de Personas con discapacidad una dotación inicial de 55,1 millones de euros, 7,5 millones menos que en 2012, lo que supone un 12% menos en términos relativos.
En este sentido, han insistido en que en 2013 se recortará 130.000 euros de la partida de prestación de servicios a personas con discapacidad y 489.318 euros de dos partidas relacionadas con prestaciones económicas para cuidados familiares de la ley de Dependencia.
Así mismo, han explicado que a esto se suma el hecho de que el ministerio del ramo ha reducido el próximo año “la partida para programas destinados a personas con discapacidad del 20’6% y la del Real Patronato un 7%, mientras que los programas del IMSERSO tienen una reducción del 25% en los convenios de accesibilidad y continúa la reducción de plazas concertadas“.
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