Monarquía, democracia y memoria. Respuesta a la Sra. García Cuevas

César Castañón Ares

El pasado 2 de octubre del presente 2013 la Sra. García Cuevas, diputada del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, se permitió el lujo de lanzar -en el marco de un pleno de la Comisión d’Afers Institucionals- una diatriba sobre la memoria histórica del siglo XX en España y Cataluña de esas que, aunque escuchemos poco, ilustran con claridad el fondo político sobre el que se construye el PP. Habiendo comprobado que nadie en la sala respondió debidamente a tales declaraciones, y como no estoy dispuesto a concederle el beneficio que siempre otorga tener la última palabra, aquí va mi respuesta:

1) Sra. García Cuevas, debe usted saber, que de acuerdo con la legislación franquista, España es un Reino -y por tanto, una monarquía- desde al menos 1947, año en que se promulga la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Y es en espíritu a esa ley, no a ninguna voluntad democratizadora, que el entonces Jefe del Estado, Francisco Franco, proclama en 1969 al actual Rey, Juan Carlos de Borbón y Borbón, su heredero. A partir de este hecho, frecuentemente omitido por su partido, deberíamos tener en cuenta al menos una cosa: que ese pasar página -al que aluden continuamente los apologetas de la transición- es muy fácil para quienes mantuvieron sus cargos en las instituciones del Estado o para quienes habían levantado grandes emporios económicos durante la dictadura; sin embargo, se cuentan por miles los que, en la “página” siguiente, mantienen a sus familiares perdidos en alguna cuneta; o los que, como mucho, consiguieron recuperar la libertad después de haber sido encarcelados por luchar contra una dictadura. Francamente, treinta y ocho años después de la muerte de Franco, las páginas de unos y otros siguen sin ser las mismas.

2) Se equivoca usted al afirmar que la oposición política al franquismo fue “militante, más activa al principio del régimen que en sus últimos años”. Como sabe toda la comunidad historiográfica, y cualquier persona que haya querido leer un poco sobre el tema, la oposición social y política fue mucho más fuerte en los últimos años de dictadura; lo que nos permite hablar, al menos desde 1969, de un régimen político en crisis. Pero su error no acaba aquí, porque fue precisamente 1976 el año en el que se produjo una mayor conflictividad; el año en el que el presidente honorífico de su partido, Manuel Fraga, tuvo que afirmar, rabioso, que la calle era suya. No debemos olvidar que bajo la dictadura hacer huelga era considerado un delito de rebelión militar, y a pesar de todo, en 1976 se estima que se llevaron a cabo 110.000.000 de horas de huelga en todo el territorio del Estado. Fue esa oposición -seguramente junto a algunos otros factores de interés económico- la que obligó a las instituciones del Estado, en las postrimerías del citado año, a intentar una solución reformista. El régimen no acabó, por tanto, “con Franco”, como usted afirma. Pasaron dos años antes de que se llevara a cabo el primer movimiento de las instituciones del Estado, y ni siquiera este tuvo un sentido claramente democrático.

3) No debe usted olvidar -estoy seguro de que no lo olvida-, que la tan aireada Ley para la Reforma Política es un texto de página y media, impulsado por quien hasta la fecha había sido Secretario General del Movimiento [Nacional Fascista], y que dejaba muy poco clara cual sería la naturaleza de ese régimen “reformado”. No debemos olvidar que la Ley de marras fue una más de las Fundamentales del Reino con las que se gobernaba la dictadura, perfectamente compatible -y así lo sabían Suarez, Fraga, Martín Villa o Fernández Miranda-, por tanto, con el mantenimiento de la norma jurídica franquista. Y es que es difícil afirmar, aunque fácil sospechar, que cuando Fernández Miranda hablaba de llevar el cambio “de la Ley a la Ley”, no tenía en mente más que la voluntad de mantener cuantos principios fundamentales del Movimiento Nacional fuese posible.

4) Es importante recordar que la convocatoria de las elecciones a cortes de 1977 se produjeron en un clima lejano a lo que podríamos definir como libre, en el que muchos partidos políticos seguían ilegalizados, y en el que las posibilidades de los que se presentaron de hacer campaña fueron notablemente limitadas -el PCE fue finalmente legalizado el 9 de abril y las elecciones fueron el 15 de junio. Sin embargo, el resultado electoral sorprendió a propios y extraños, otorgando a los partidos claramente alineados con el movimiento antifranquista un 43% de los votos, en un mapa que recuerda curiosamente a los de las elecciones republicanas. Es este un factor definitivo, imposible de explicar sin la existencia de una movilización de masas y una desafección soterrada y permanente a la dictadura, para entender las particularidades -sus virtudes y también sus limitaciones- de la Constitución elaborada posteriormente. Los derechos sociales y laborales garantizados por esa Constitución, que su partido está pisoteando sin piedad, son el mayor de los tesoros de esa Constitución. Las limitaciones en los derechos de las diferentes naciones del Estado se demuestran hoy una de sus mayores taras.

5) Quienes hemos nacido en Europa en los siglos XX o XXI no debemos olvidar nunca nuestro pasado, porque éste nos recuerda qué, en la medianoche del pasado siglo, hubo personas que defendieron con su vida la vieja triada republicana -libertad, igualdad, fraternidad-, hubo personas que lucharon por el progreso y la emancipación de la humanidad independientemente de cual fuera su sexo, su raza o su religión. Pero también hubo quienes humillaron esos principios, quienes oprimieron y exterminaron sistemáticamente a las personas diferentes, quienes afirmaron la superioridad de su esencia nacional frente al resto. Hubo -y hay- fascistas, y las fuerzas sociales que se levantaron el 18 de julio de 1936 contra la República, defendieron con su vida la particular forma del fascismo español, y ejercieron el “revanchismo” que usted menciona durante, al menos, los 38 años que duró la dictadura. Obvio debería ser decir -pasados los años y moderadas las pasiones- que la transición no “restituyó” la memoria de todas las víctimas, y que esta es la principal necesidad de nuestra memoria pública hoy día.

6) A pesar de lo que pueda parecer entre los estrechos muros del Parlament de Catalunya o del Congreso de los Diputados, nuestras Universidades públicas están llenas -cada vez menos llenas, después de los recortes que su partido, y el gobierno de CiU y ERC en Catalunya, aplica a los presupuestos universitarios- de buenos investigadores sobre la historia más reciente. Los debates historiográficos respecto de los temas que aquí he ido señalando son ricos y complejos. Lo que aquí he expuesto son sólo algunas posiciones, refrendadas por una parte de las investigaciones publicadas. Su intervención parlamentaria, Sra. García Cuevas, no es más que una nueva muestra del autoritarismo que caracteriza la política de su partido, queriendo establecer una única memoria pública, ante la que el resto debemos asentir y obedecer. Una sola forma de pensar y de actuar, aunque esta signifique miseria, paro y exclusión para la mayoría. Aquí se nota que ustedes, en el fondo y en la forma, no son muy diferentes de los “reformadores” franquistas.

@CastAres