Anticapitalistas
Manuel Garí | Viento Sur
Nada más ganar por primera vez las elecciones presidenciales brasileñas Luis Inácio Lula da Silva, el semanario Veja abrió su edición, siguiendo la orientación del gran capital, con una portada extremadamente agresiva contra la izquierda del PT: Lula libérate de inmediato de tus radicales libres. La consigna tuvo su efecto inmediato y el posibilismo social liberal encontró en Brasilia su capital para los países emergentes. Allí y aquí la izquierda mayoritaria ha ido interiorizando y haciendo suya esa autocontención y desnaturalización del discurso y la propuesta. En el caso de la Unión Europea, los gobiernos -y muy particularmente el español- y las “oposiciones” socialdemócratas -y muy especialmente la española- se diferencian en las comas y entonaciones del discurso pero comparten las tesis económicas (o sea el discurso político y social de fondo).
Pareciera que el contundente imperativo presente en los jardines alemanes, Es ist verboten die markierten wege zu verlassen (Está prohibido salirse de los senderos señalizados) se hubiera trasladado como primer mandamiento de las tablas de la ley capitalista al mundo del pensamiento, la economía y la política. Y está claro que el aviso implica que alguien detenta la autoridad y tiene la capacidad para señalizar, prohibir y sancionar. En el gobierno de la economía que sufrimos esa autoridad es la Troika al servicio de los inversores privados (los famosos mercados), y en lo tocante a la UE y al euro, el gobierno alemán al servicio de la burguesía industrial y financiera germánica. Esos organismos y los sujetos que los dirigen son quienes administran los objetivos, premios, condenas y castigos, bendiciones y absoluciones.
Gobernar para los neoliberales es la prolongación por otros medios (mediante las instituciones) del negocio. Su objetivo político, siguiendo a Margaret Thatcher, es “dar libertad completa los capitales y mercados financieros” para “inyectar vida al capitalismo y fuerza a los patronos”. Ello implica facilitar y potenciar el crecimiento económico sin límites para permitir la realización de la ganancia, de los rendimientos empresariales, del valor de las acciones y las obligaciones. Con el aumento de la riqueza, las clases subalternas también recibirán su parte, por ello es inútil priorizar de antemano la distribución / redistribución del ingreso. Hasta aquí el pensamiento neoliberal. Pensamiento que podemos ver reapropiado por figuras de la socialdemocracia. Felipe González, en el Foro-Debate sobre la Globalización en el marco de la Conferencia Política del PSOE celebrada la semana pasada en Granada, afirmó que antes de redistribuir globalmente la izquierda debe saber cómo crecer económicamente, cómo lograr la eficiencia en una economía “abierta y competitiva”. Primero crecer, luego distribuir. Y, recordemos sus viejas palabras, para crecer da igual el color del gato con tal de que cace ratones. Social liberalismo productivista en estado puro. ¿Con este pensamiento puede fundarse alternativa alguna?
Una oposición arrugadita en la propuesta económica
Alfredo Rubalcaba en el discurso de clausura de la (irrelevante) Conferencia, tras hablar mucho sin decir algo, lanzó el banal mensaje en forma de mantra y en referencia al PP: “No somos iguales, no somos iguales, no somos iguales”. Nunca pensé que lo fueran. Por origen, pasado no franquista, tipo de lazos con el capital y de vínculos con los sectores organizados de las clases trabajadoras, sensibilidad social, cultura democrática, etc. Pero hay una cuestión esencial que explica la postración socialdemócrata: las diferencias entre el PP y el PSOE persisten siempre y cuando no afecten al núcleo duro del negocio capitalista. Para botón de muestra las declaraciones de Ramón Jáuregui, coordinador de las elaboraciones de la Conferencia, al afirmar sin pudor que hay muy poco margen para hacer políticas económicas diferentes a las vigentes. Resultado 1: la banca gana; resultado 2: ni rastro de discurso alternativo al ultraconservador en las instituciones y en los medios de comunicación. Aguas estancadas.
El miedo a salirse del guión explica el pesado silencio (que atruena en nuestros oídos) ante la mentira de Rajoy sobre el rescate bancario que nos supondrá soportar desde las arcas públicas el 70% de los 41.300 millones de euros prestados por la UE que vienen a sumarse a los 11.000 millones procedentes de fondos españoles. Cabe preguntarse ¿qué hace Rubalcaba ante tan evidente engaño público? Quizás no se atreva porque es duro reconocer que en tiempos de Miguel Ángel Fernández Ordóñez el Banco de España fue tan “consentidor” con los Blesa, Rato o Botín como actualmente Caruana o el propio Linde con los correspondientes del momento. Quizás no se atrevan porque discutir sobre esos temas puede acabar incurriendo en un debate de por qué aumentó aceleradamente la deuda soberana y qué hacer con una losa que atenaza nuestra economía. El gobierno del PP se lanzó a emitir deuda pública de la que el 38,74% la detenta la banca española y el 37,29% la extranjera, particularmente la alemana. Según Eduardo Garzón la cifra que deberá pagar el Estado español a las entidades financieras acreedoras en el año en curso asciende al 19% del PIB. Pero los socialistas tienen poco que decir y mucho que callar pues corren el riesgo de que se les recuerde que la reforma del artículo 135 de la CE la hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Quizás no se atrevan porque de mentar la deuda habrá millones de personas que dirán: nosotros no debemos, no la paguemos. Eso rompería el jarrón chino de la Comisión y el BCE, de los Tratados de Estabilidad y de la filosofía presupuestaria de la señora Merkel. Por todo ello el PSOE ni habla del tema, siendo como es crucial para la salida de la recesión.
El horror a abandonar la senda trazada está en la raíz de la falta de imaginación de quienes ante la huelga del sector de la limpieza viaria y jardinería de Madrid se limitan a denunciar que el problema radica en los pliegos de condiciones de los contratos del consistorio con las empresas concesionarias (pliegos que son un horror ciertamente, pero son el resultado no la causa) o volver a recordar que la privatización de los servicios se llevó adelante de forma inadecuada. ¿Tanto les cuesta exigir y movilizar desde sus responsabilidades institucionales la (re) municipalización del servicio a la vista de que el servicio puede deteriorarse y encima es caro? No es preciso ser un redomado izquierdista para hacer una cuenta aritmética harto sencilla: si el ayuntamiento no tiene que soportar el IVA de las facturas del servicio de limpieza viaria y jardinería -imagino que situado al 21%-, ni el beneficio empresarial de las contratas -probablemente del 15%-, ni el 2% para sueldos de asesores nombrados a dedo para mantener la relación con las concesionarias… resulta más barato municipalizar de nuevo el servicio. Y si ni eso osa, mucho menos se va a atrever a pedir la expropiación, socialización y puesta bajo control social de las empresas energéticas y la banca, medidas ineludibles para poder diseñar y llevar a cabo políticas soberanas al servicio de la mayoría.
Entre las pocas propuestas de tipo económico formuladas en Granada se ha efectuado la de una timorata reforma fiscal, a todas luces insuficiente para restablecer los ingresos públicos y que sigue siendo tributaria de una concepción (“bajar los impuestos es progresista”) que ha borrado las líneas de separación con las ofertas neoliberales. Después de 30 años de un sistema fiscal obsoleto, todo lo que se les ocurre es una boutade: que los que menos tienen menos paguen en el IRPF a la par que abogan por aumentar los ingresos sin incrementar los impuestos como si ello fuera un objetivo en sí mismo. Quizás esa “timidez” provenga de no querer enmendar la plana al gobierno Zapatero de 2008 cuando la presión fiscal (impuestos más cotizaciones) en relación con el PIB descendió de 37,9% a 33,9% -más baja que la existente en 2000 que suponía el 34,8% y mucho más baja que la de 2008 en la UE-15 situada en el 41,1%-. El premio Nobel Joseph Stiglitz ha señalado que en España, entre 2000 y 2009, los impuestos sobre las rentas del trabajo se incrementaron en un 5,4% mientras que los impuestos sobre las rentas del capital descendieron un 15,9%, lo que supuso un descenso de los ingresos públicos de un 1,5% del PIB. Frente a ello en esos años Jordi Sevilla, el ministro y maestro de economía de Zapatero, insistió tozudamente en la idea liberal de la necesidad de bajar impuestos, establecer un tipo único de gravamen, contener el gasto público, amortiguar las políticas retributivas y hacerles perder centralidad, priorizar el mercado para asignar los recursos y liberar las energías del sector privado. Su pensamiento no se aleja demasiado de la formulación de Merkel: “la economía social de mercado se basa en la fuerza de la libertad, en el espíritu empresarial y en la disposición al rendimiento (…) que permite la competencia…“ Por su parte Miguel Sebastián coincidió con una parte esencial del razonamiento de Sevilla sobre los impuestos y el gasto público. ¿Con estos antecedentes se puede levantar una alternativa sin zanjar las cuentas con el pasado?
También se ha formulado la baladronada de limitar el ratio entre los salarios más bajos y más altos de una empresa a 1/12. De salarios hablan, no de otras retribuciones, y se quedan tan anchos, como si el principal problema de la distribución del ingreso en el país fuera el del abanico salarial -que existe y es una lacra- cuando las rentas salariales en su conjunto no llegan al 50% del conjunto de los ingresos. Obviamente no se abordó un asunto central: el del beneficio de las grandes empresas, del orden de 42.000 millones. Ni tampoco el de la punción del excedente empresarial por parte de unas retribuciones crecientes y prioritarias a accionistas y obligacionistas que está drenando la fortaleza del tejido de las empresas y en la práctica, además de llenar los bolsillos de quienes “hacen dinero durmiendo” en expresión de Engels, supone una falta de reinversión que se traduce en desinversión con el paso de los ejercicios contables. Ni citaron el de las retribuciones de los directivos que en muchos casos son superiores a los de sus homólogos alemanes y japoneses, ni las retribuciones de los consejeros. La razón es poderosa: el PSOE participa del ir y venir entre la responsabilidad política pública y la empresarial; por ejemplo solo en el sector de la energía: Felipe González cobra de Gas Natural, Pedro Solbes de Enel y Elena Salgado de una filial de Endesa. Nada que envidiar a los del PP, excepto que estos tienen más y mejores contactos a nivel “nacional” e internacional. En estas condiciones ¿alguien puede dar credibilidad a las propuestas de regeneración política emanadas de Ferraz o a su intención de “dificultar las puertas giratorias”?
Una oposición modosita ante el conflicto político
Ante las reiteradas conculcaciones del derecho de huelga y la ofensiva mediática a favor de la adopción de medidas autoritarias para “defender las libertades” que vienen realizando diversos voceros del PP (Cristina Cifuentes, Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez, Soraya Sáenz de Santamaría o la nueva “estrella” Ana Botella) con la intención de limitar el ejercicio del derecho y penalizar instrumentos del mismo como los piquetes, la respuesta socialista ha sido mínima. Políticos en ascenso en el carrusel del partido como Eduardo Madina, se limitan a decir que se opondrán al recorte, sin plantear de una vez romper con los límites que impuso el propio Felipe González en los ochenta quien se negó a que se derogase y sustituyera el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo por una norma que desarrollara efectivamente los derechos de los trabajadores a y en la huelga que por mucho rango constitucional que tenga (CE 28.2) sigue gobernada por una normativa postfranquista y pre democrática cicatera con los derechos y ambigua respecto a figuras básicas. Es este otro de los fantasmas de la Transición que nos persiguen. Un fantasma que huelga a huelga hemos visto que está con los patronos para contener la actividad sindical.
El “verboten…” nueva versión del castizo “el que se mueva no sale en la foto”, explica el infame consenso criminalizador contra David Fernández en su valiente intervención en el Parlament de Catalunya ante el poderoso y presunto multidelincuente Rodrigo Rato, miembro de un partido que, además de atacar derechos básicos y estar involucrado en el saqueo de las arcas públicas, se permite el lujo de insultar y calumniar desde cualquier foro urbi et orbi a todo el que pueda entorpecer su demoledora labor. Les invito a que observen las bocas y gestos de bastantes de los parlamentarios populares durante las intervenciones de sus oponentes y se sorprenderán con las palabrotas o los cortes de mangas.
Pero, sobre todo les invito a que reflexionen sobre por qué los políticos de la mayor parte de partidos tienen que distanciarse del gesto del parlamentario de las CUP. Todos temen a Goliat.
Manuel Garí forma parte de la Redacción de VIENTO SUR
RSS 2.0