Zaragoza y las de abajo, el derecho a recuperar nuestra ciudad

Miércoles 3 de septiembre de 2014, por Mar

Adolfo Allué, Lorién Jiménez, Roman Sierra y Mariano Alfonso | AraInfo

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía” -Claves para entender el derecho a la ciudad- Hábitat Council.

En el año 2008, cuando la burbuja financiera ya estaba estallando, dos mil manifestantes en Zaragoza provenientes de muy diversas iniciativas sociales se desgañitaban contra la EXPO señalando el despilfarro, la corrupción y el sinsentido que significaba ese proyecto.

Aquellos miles de manifestantes comprobaron que hay un punto ciego muy peligroso en la capacidad de comprender la realidad de empresarios, bancos, cámaras de comercio, etc. pero también existía ese mismo punto ciego en todos los partidos políticos que en aquel momento estaban en el Ayuntamiento. Esos miles de manifestantes comprendieron que atesoraban más sentido común que las “fuerzas vivas”, que todos los partidos que entonces estaban presentes en el ayuntamiento, que la élite que dirigía nuestros destinos. La crisis de 2008: primero inmobiliaria, luego financiera y, después, social y política, les dio la razón y el tribunal de cuentas también, arrojando un enorme deuda pública como balance final de la Expo y demás megaproyectos que han dejado un paisaje devastador tanto en nuestra ciudad como en nuestro ayuntamiento.

Todos estos proyectos, en favor de un modelo de ciudad excluyente, bajo la retórica de la innovación, la competitividad y el empresarismo urbano, consolidan los emporios financieros e inmobiliarios. Cada proyecto constructivo, cada gran evento, cada macronegocio y cada festividad urbana, se convierten en un “agosto” que la empresa privada aprovecha para incrementar utilidades mientras los pobres quedan siempre esperando el goteo que les prometen.

En 2011, con el 15M ya en las plazas, recuperando el espacio urbano para el debate, la repolitización y la propuesta de las de abajo, esa intuición se convirtió en un firme emplazamiento al régimen del 78: no sacrificar más derechos en el altar de unos mercados guiados por la especulación y la rapiña y, entre ellos, el que nos ocupa ahora, no sacrificar la ciudad y nuestro derecho a ella, en esa inútil huida hacia adelante que resultaba ser la propuesta especulativa de urbanismo de unas élites aragonesas caracterizadas por su pereza mental y su dependencia política y territorial de otros centros de poder.

Las de abajo tenían razón y los de arriba tenían demasiado poder. Y concluimos que sólo de la ciudadanía puede venir la solución, como han venido la protección del empleo, la defensa de las familias frenando desahucios o la garantía de los servicios públicos en pequeñas pero significativas victorias. La movilización popular, la desobediencia civil y la confianza en nuestras propias fuerzas son imprescindibles, pero también lo es forjar llaves para abrir las puertas que hoy quieren cerrarnos.

La Expo fue el ejemplo más claro de la apropiación por parte de la casta de la ciudad y su intención de privatizarla (transportes urbanos, basuras, jardines, suministro de agua) pero hay muchas otras: Arcosur, Plaza, la traída de aguas a Zaragoza o la Milla Digital, el dragado del Ebro, el barquito y el azud. Todos ellos proyectos con enormes gastos en marketing -en búsqueda de consenso público forzados-, que invariablemente superan los costes presupuestados, todos ellos deficitarios. Proyectos que han buscado más el impacto mediático, la uniformidad cultural y el rédito electoral que la información de la realidad de sus cifras y la sostenibilidad de esa estrategia metropolitana. Una estrategia metropolitana que, por otro lado, supone la expulsión por parte de una minoría privilegiada de la mayoría social de su derecho a planificar y decidir la ciudad que habitan, la ciudad que producen, la ciudad a la que dan vida. Su ciudad, Zaragoza, a la que tienen derecho.

Esta estrategia supone una imposición de un modelo de vida y de relaciones sociales a todo el entorno metropolitano de Zaragoza; el mapa de la deuda y de los macroproyectos fallidos (Motorland, Gran Scala, PLHus o los grandes pantanos) es el testimonio de cómo esta minoría privilegiada impone sus políticas -y no nos deja decidir- ni en la ciudad ni en el medio rural. Esta política, es una clara degradación democrática y es nicho de corruptelas sin cuento como la evaporación de dinero público -Caja de Ahorros de la Inmaculada- a raíz de una gestión delictiva, irresponsable, llena de tratos con políticos y empresarios amigos que debería haber servido para ayudar a los ayuntamientos de Aragón.

Y sin embargo, SE PUEDE, es posible desde abajo buscar soluciones y presionar para que no seamos más “sólo espectadores” de un drama que nos afecta: el espectáculo de la degradación democrática, social y el camino abierto ya a una dictadura financiera, también en la ciudad.

Zaragoza es nuestra ya que nosotros la hemos construido, la producimos cada día y le damos sentido habitándola y cuidándola. No podemos rebajarnos a ser simples consumidores o ser poblaciones que son trasladadas de una periferia a otra según convenga a esos grandilocuentes y ruinosos planes estratégicos de “colocar a Zaragoza en el mapa” (como decía la propaganda de la Expo), de cuyo fracaso los poderes reales de la ciudad salen siempre sin mácula.

Se ha creado en Zaragoza una ciudad sin ciudadanos, el derecho a la ciudad es la bandera de lucha para estos mismos a quienes les han quitado el derecho a tener un espacio digno para desarrollarse. El derecho a la ciudad contiene muchos derechos, es entonces una bandera de lucha para los movimientos sociales y para las de abajo.

El derecho a la ciudad es el derecho de poder cambiar y reinventar, de trasformar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es también el poder colectivo sobre el proceso de urbanización en su forma general, de participación en todos los procesos urbanos, inclusive en la planificación de nuestras ciudades. El derecho a la ciudad se centra en cambiar las políticas, estructuras y prácticas que no permiten que las personas más pobres de la ciudad tengan acceso a aquello que sus vecinos más ricos dan por sentado: voz y voto en la planificación, la construcción, la manutención, el suministro de servicios y la creación de sus ciudades.

En este contexto, en Zaragoza es imprescindible abrir un proceso de participación ciudadana desde abajo, una rebelión democrática desde los barrios populares, en asambleas abiertas, desde la urgencia de “los sin” (sin empleo, sin casa, sin derechos laborales o sociales, sin futuro) en la que todos los que quieran una ciudad democráticamente gestionada, con nuevos órganos de participación, de control del presupuesto, de planificación urbana, estén presentes, para que esa planificación vuelva al servicio de las necesidades sociales y no solo a la acumulación de beneficios de los de arriba.

Es momento de plantearse un proceso constituyente de poder popular, de planificación para cubrir las necesidades sociales, de preservar los bienes y los espacios públicos. Sólo si se abre un proceso de ilusión que sea capaz de dar un nuevo salto, que al mismo tiempo active la desobediencia civil y la lucha por los objetivos de las de abajo, forme y promueva la participación y no deje la utopía para mañana; sólo entonces, es posible una Zaragoza pensada y construida desde abajo y para todas. Para así demostrar que sí, que otra ciudad es posible.

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