Resolución: Hacia un modelo de trabajo emancipado y un ingreso social.

Martes 10 de febrero de 2015, por Mar

Diciembre 2014

En la fase actual las tasas de desempleo han alcanzado niveles históricos (en torno al 23,7%), comparables a los de la Gran Depresión, en los años 30 del siglo pasado. La extensión del empleo a tiempo parcial (16,2% del empleo), especialmente entre las mujeres, hace posible, junto a la caída de los salarios reales y nominales, que pobreza y empleo sean fenómenos que coincidan. La inestabilidad en el empleo es universal, de la que apenas se libra el funcionariado con plaza fija –y de la que tampoco se libran el resto de empleados públicos-, y la temporalidad en el empleo, tras haber caído porque fueron los eventuales quienes perdieron primero su empleo, vuelve a crecer hasta el 24,6%. La condición salarial es la forma principal de subordinación social y de gobierno de los tiempos de vida que hace una minoría capitalista sobre la mayoría desprovista de riqueza.

Sin duda alguna, la relación salarial es la forma social que domina el trabajo moderno, subyugado por la “forma empleo”. El trabajo asalariado entraña una forma tanto de dominación social como de apropiación del valor que genera el trabajo realizado, en la que se pone en juego el salario con el que poder afrontar la vida. No hay mayor disciplina que la de verse necesitado de un ingreso y temer no encontrar o perder un empleo.

Una estrategia anticapitalista no sólo ha de luchar por crear empleo y que se proporcionen mejores condiciones laborales. Yendo más allá, hemos de impugnar esta forma social al mismo tiempo que se plantea un esquema de relaciones sociales que cubran lo necesario socialmente, siguiendo la máxima “de cada uno según su capacidad para cada uno según su necesidad”, contemplando los ya superados límites ecológicos del planeta. Lo que exige plantear el mundo del trabajo y las formas de distribución de la renta en otros términos. Alcanzar una sociedad libre, mediante un modelo de trabajo emancipado y una provisión de renta y servicios universales implica apostar por iniciativas que cuestionen el trabajo asalariado mediante reformas radicales que funden un nuevo contrato social de reciprocidad.

Se ha planteado divorciar el trabajo del ingreso, mediante la aplicación directa de la renta básica universal. Este esquema presupone que, si se reclama de manera aislada, podría ser posible aplicar esta medida sin plantear batalla en el campo laboral ni proponer un esquema alternativo de trabajo y producción, fijando la atención en la esfera del Estado y de la distribución. Se ha propuesto también el desarrollo del trabajo garantizado para brindar empleo a todas las personas que buscan empleo y no lo encuentran, y que prestasen servicios de utilidad social, como un amortiguador automático anticíclico y como un derecho efectivo al empleo.

Un esquema opera en la demanda y otro sobre oferta y demanda a un tiempo, y su eficacia depende de su articulación e inserción en un contexto y esquema más amplio de políticas. Ambos son esquemas interesantes y complementarios, si bien parten de la premisa de que puede ser suficiente el control del Estado para ponerlas en marcha. No obstante, aplicar el Trabajo Garantizado y la Renta Básica difícilmente será posible sólo con la conquista democrática de las instituciones. Requerirá una fuerte intervención del movimiento obrero en los espacios laborales y una fuerte influencia y participación de los movimientos sociales en el conjunto de la sociedad, posiblemente tras un largo conflicto político que no nos podemos ahorrar. Ahora bien, ambos esquemas pueden formar parte de una serie de reformas complementarias que, de extenderse, podrían no sólo garantizar las necesidades de toda la población, proveer un empleo en condiciones más libres y justas, sino contribuir a la superación de la relación salarial y, por tanto acabar con uno de los núcleos centrales del capitalismo.

¿Cuáles serían esas otras reformas necesarias para que, extendiendo el derecho al empleo y un ingreso personal garantizados, se viese superada la relación salarial?.

En una primera fase.

  • El despliegue de una política económica favorable a la inversión creadora de empleo en actividades ecológicamente sostenibles y socialmente útiles (transición energética, regeneración medioambiental, cuidados, etc…) incluyendo el objetivo prioritario del pleno empleo de las personas disponibles, capaces y que deseen trabajar.
  • Conformar un nuevo Servicio Público de Empleo que no sólo contaría con más recursos para intermediar mejor, sino que tendría competencias plenas de preselección de personal, tanto para acabar con el amiguismo en el campo laboral como para retirarle el poder de la gestión de la fuerza de trabajo al empresariado –aún cuando las direcciones de las empresas podrían escoger entre los preseleccionados, que ya cumplirían los requisitos profesionales mínimos-. Esta medida arrebataría la gestión de la fuerza de trabajo por parte de los capitalistas, para dejar esta competencia en manos públicas bajo control social.
  • Establecer la regla de la escala móvil de tiempo de trabajo. A mayor desempleo menor tiempo de trabajo.
  • El empleo habría de ser estable en términos generales. Para el caso de trabajos en misión, de naturaleza puntual o de duración determinada, el empleador habrá de facilitar la continuidad en el empleo en otro puesto posterior. Los empleos estacionales se formalizarían con contratos fijos-discontinuos que garantizasen el SMI anual. Los empleos eventuales habrán de pagar una cuota de seguridad social más elevada y coste por despido superior al del empleo indefinido.
  • La garantía de empleo a lo largo de la vida profesional no implica que se asegure un puesto de trabajo concreto, pues esto dependerá de las necesidades globales establecidas democráticamente, de cada organización, del proyecto de trabajo del periodo, de la capacitación y mérito, y de la elección de cada persona. El despido sólo cabrá por razones de negligencia, comportamiento graves, o determinación de inviabilidad económica del proyecto.
  • Los y las trabajadoras en los ámbitos laborales debieran protagonizar su influencia en la dirección de las empresas. Esto implicaría que la gerencia tendría que ser seleccionada por razones de mérito, capacidad, propuesta de proyecto, contando con la elección del personal laboral. La dirección habría de interlocutar con la representación sindical en materia de organización de trabajo.
  • Los mercados estarían regulados, el excedente empresarial será reconducido fiscalmente para garantizar su reinversión socialmente útil y ecológicamente sostenible en áreas socialmente prioritarias.
  • Junto al empleo público, preferentemente en áreas estratégicas, habría empleo en empresas cooperativas autogestionarias que respetarían la legislación laboral y económica, contarían con plena iniciativa para sus proyectos, y parte de sus excedentes podrían ser transferidos a sectores de la economía que democráticamente se decida impulsar por su necesidad social.

En materia de ingresos:

Los empleos, con un abanico salarial que no podría superar el 1/5, se regirán por convenios colectivos.

Se establecería un Ingreso Personal Garantizado para las personas inactivas –excedencias, periodos de formación, atención a personas dependientes, etc…-, fuera de edad o condición para trabajar –periodos de enfermedad o situación de discapacidad inhabilitante-.

En una fase posterior:

Generalizar un nuevo contrato social de reciprocidad, que consagraría un compromiso de toda persona con la sociedad, y de la sociedad con cada uno de sus miembros, en términos de obligaciones y derechos, dando curso al libre desarrollo de las personas, según las condiciones socioeconómicas y acuerdos democráticos de cada momento. Este contrato se fundaría en que el sector público garantizaría la provisión de empleo a aquel que lo desee en un puesto acorde a sus méritos, capacidad y según las necesidades de producción del momento, si no lo encuentra en otra actividad. A cambio, las personas que suscriban dicho contrato, no sólo obtendrían un ingreso por dicho trabajo garantizado, sino que debieran prestar durante un periodo de su vida, preferentemente en la etapa juvenil, una prestación laboral solidaria, en actividades socialmente útiles pero no necesariamente fáciles o agradables (limpieza, mantenimiento entorno urbano o medioambiental, cuidados personas dependientes, etc…), de cara a socializar estas tareas, también de carácter remunerado.

Sobre el ingreso y servicios públicos universales:

a) En primer lugar, la administración pública debe garantizar que se respeta el derecho a usufructo de vivienda, el desarrollo de servicios de sanidad, educación y atención a la dependencia, con las especializaciones necesarias para atender la diversidad de casuísticas, y los servicios de transporte colectivo, entre otros propios del sector público.

b) Se extendería la Renta Básica Universal como mecanismo de transferencia de rentas automático y de garantía de la existencia material y la libertad personal.

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