Anticapitalistas
¿Por qué crees que es necesario un cambio en Andalucía?
La situación de vulnerabilidad previa hace que la crisis y los efectos del ajuste neoliberal hayan tenido en Andalucía consecuencias más duras. Hoy por hoy Andalucía es la comunidad autónoma con más pobres de España, con un millón de personas en situación de pobreza severa, es la primera región en desempleo en la UE. Lo que estamos viviendo en estos meses es la posibilidad inminente de un cambio real y la ventana de oportunidad no va a estar permanentemente abierta. Los partidos del régimen se pueden reconfigurar, pueden sobrevivir a esta mala gripe que están pasando, y también la gente –y esto es lo más dramático– se puede acostumbrar a esta situación. La población puede acostumbrarse a que tiene que pagar por ir al médico, a que los centros públicos estén desatendidos... Antes de que eso ocurra, antes de que la crisis de legitimidad de quienes han dirigido este país se cierre en falso, es necesario provocar un cambio.
¿Cómo se financiarían vuestras medidas más avanzadas?
La financiación de las comunidades autónomas, en particular de Andalucía, no depende de Andalucía. Nuestra capacidad recaudatoria es bastante limitada. En este caso planteamos un proyecto que también es estatal y que tiene que ver con una serie de medidas relacionadas con la deuda. Una de ellas tiene que ver con realizar una reestructuración de la deuda con quita y una auditoría, de forma que se explicite y se conozca qué parte es una deuda que puede considerarse ilegítima, por decisiones erróneas de gobiernos anteriores, por una mala gestión de los fondos públicos. Por otro lado, apostamos por una reforma fiscal progresiva que haga que sean los que más tienen los que paguen más impuestos, todo esto en un país que tiene la menor presión fiscal sobre las grandes fortunas de toda la UE. En Andalucía, hoy por hoy, la deuda pública sería la tercera consejería en gasto y eso tiene una consecuencia directa en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales o en el despido de 4.502 plazas de profesores en 2012. Esa visión de que los recortes han sido más suaves en Andalucía no se corresponde con la realidad. Tenemos el gasto por alumno y por paciente más bajo de todo el Estado.
¿Os planteáis readmitir al personal despedido por los recortes, como ha hecho Syriza?
Evidentemente sí, pero eso no es suficiente, porque antes de la crisis el gasto por paciente y por alumno era especialmente bajo en Andalucía. Hay que volver al menos a la situación anterior a los recortes y en esa dinámica aumentar las partidas de presupuesto hasta situarnos en la media europea de inversión pública.
Se habla mucho de la industria como vía para salir de la crisis. ¿Incluiría esto los buques militares que salen de Cádiz, las minas de Río Tinto o la reapertura de la mina de Aznalcóllar?
El horizonte es construir un nuevo modelo productivo. Un modelo basado en las energías sucias y los combustibles fósiles no sólo no es deseable en términos de sostenibilidad ambiental, sino que no tiene futuro a medio plazo y nos genera una situación de dependencia y endeudamiento enorme. En Andalucía hay un subdesarrollo histórico en términos industriales, una situación de dependencia y de periferia económica que casi podemos describir como colonial. Pero eso también se puede leer como una oportunidad de generar un modelo de desarrollo diferente basado en las energías renovables, un sector donde Andalucía puede ser puntera, un modelo basado en la innovación y el I+D. Quieren convertir al Estado español, y en particular a Andalucía, en la ‘Florida’ europea, cuando podríamos aspirar a ser la ‘California’ europea, donde la inversión se destine a un I+D fomentado desde el sector público con criterios sociales y ambientales; un modelo orientado a la economía social, de cercanía, un modelo en el que los productos de la tierra se transformen en Andalucía, una demanda de hace 37 años, de la mítica movilización del 4 de diciembre por el estatuto de autonomía, que aún no se han cumplido. Nosotros seguimos siendo productores de bienes que tienen muy poco valor añadido: producimos la mayoría del algodón, pero no tenemos industria textil... No hay industria de transformación de los productos del campo aquí... Sin embargo, hacer esto en el siglo XXI supone asumir los retos de la economía social, el cooperativismo, la pequeña empresa, los circuitos cortos de producción y consumo. Tenemos una serie de oportunidades para generar un modelo de desarrollo que no caiga en los mismos errores que los modelos de desarrollo industrial del siglo pasado.
¿Qué se puede hacer desde la Junta para mejorar la situación de la población campesina y rural?
Para empezar hay que aclarar que la Política Agraria Común no es un fenómeno atmosférico, es fruto del acuerdo de los dos grandes partidos a nivel europeo. Tenemos que luchar contra este modelo que, además de generar poco empleo, lo que hace es crear pingües beneficios a los grandes terratenientes en Andalucía. Esta lucha, que tiene que ver con un marco europeo, en Andalucía se podría llevar a cabo, por ejemplo, con la propuesta del banco de tierras, que se quedó en el cajón en la última legislatura y que supone la adquisición de parcelas y el aprovechamiento incluso de tierra pública para ponerla a disposición de cooperativas y de ayuntamientos para que los parados de los pueblos puedan al menos cultivar la tierra y generar tejido económico, no sólo de empleo agrario sino también de producción ecológica.
¿Cuál es vuestra principal propuesta en materia de vivienda?
En Sanlúcar de Barrameda [Cádiz] hay ahora 100 familias que están ocupando viviendas propiedad de fondos buitre; en Cádiz capital hay una experiencia muy reciente, que es la Corrala La Bahía, donde están viviendo en torno a 30 familias; la Corrala Utopía [en Sevilla] terminó en parte con una victoria de los inquilinos, que consiguieron encontrar una solución a su problema habitacional... Los cambios legislativos tienen que ver con la movilización desde abajo. Así ha sido históricamente y así debe ser. No sólamente un buen gobierno, capacitado política y jurídicamente, tiene capacidad de cambiar las cosas. Es necesario ganar en la correlación de fuerzas por debajo y fomentar los procesos de autoorganización y empoderamiento de la gente. En cualquier caso, lo que nos tocaría desde el Gobierno es generar una legislación que paralice los desahucios a partir del día siguiente [de llegar a la Junta]. Y hay base legal para hacerlo: el Tribunal de Justicia de la UE determinó que los mecanismos judiciales de desahucios en España no respetan las garantías jurídicas mínimas para los hipotecados. El horizonte es adquirir vivienda pública y ponerla a disposición de la gente con un alquiler social. Hay que revertir el proceso de pérdida de vivienda pública que se ha vivido en Andalucía para que la vivienda tenga la función social que le otorga la propia Constitución, no hay que irse más lejos.
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