Programa-marco de Izquierda Anticapitalista ante las elecciones al parlamento europeo del 7 de junio de 2009

Martes 1ro de junio de 2010, por miguel

PROGRAMA-MARCO DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 7 DE JUNIO DE 2009 (Aprobado por la Convención celebrada el 10 de mayo de 2009)

“CONTRA LA CRISIS Y LA EUROPA CAPITALISTA, ¡VAMOS EN SERIO!”

Las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio se van a celebrar en un momento en el que coinciden una crisis sistémica, global y civilizatoria de enormes y graves consecuencias y una crisis de legitimidad de la Unión Europea (UE), empeñada en proseguir el rumbo neoliberal y neoimperialista que la ha convertido en “arma de destrucción masiva de derechos”. La necesidad de ofrecer una respuesta anticapitalista a la crisis y a la UE se hace más urgente si cabe y por eso desde Izquierda Anticapitalista (IA) hemos decidido promover una candidatura abierta a activistas sociales, sindicalistas e independientes con el fin de hacer oír durante la campaña electoral otras voces dispuestas a ofrecer un camino, por abajo y a la izquierda, en la lucha por otro mundo y otra Europa.

I. CRISIS GLOBAL, SISTÉMICA Y CIVILIZATORIA. CRISIS DE LA UE 1. Crisis ambiental, económica, social, alimentaria y de los cuidados. Crisis de civilización 1.1. Crisis ambiental

La creciente actividad industrial de las últimas décadas, la transformación e innovación tecnológica en los procesos productivos, la incorporación de nuevas sustancias y materiales y la ordenación de las ciudades con sus modelos de transporte y movilidad tienen un impacto muy importante sobre el medio ambiente.

La contaminación del aire, el agua y el suelo, el cambio climático, la acumulación de residuos o la pérdida de la biodiversidad son algunas de las consecuencias más graves. Alrededor de un 60% de los ecosistemas vitales del mundo están ya degradados o están sometidos a presiones fuertes . Durante los últimos 50 años, las personas hemos cambiado los ecosistemas más rápidamente y de una forma más generalizada que en ningún otro período de la historia de la humanidad .

El consumo en Europa y demás países del Norte es excesivo si se mide con el doble baremo de la equidad y de la sostenibilidad ecológica. Mientras cientos de millones de personas padecen hambre y miseria en el Sur, las poblaciones del Norte acaparamos una parte desproporcionada de los recursos de la Tierra.

El modelo de producción y consumo de los países industrializados (que representan al 20% de la población mundial) se hace imposible extender a todos los habitantes de la Tierra, simplemente porque para ello necesitaríamos de varios planetas.

Con toda probabilidad el cambio climático es el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad. No es sólo un problema ambiental, sino también económico y social. Los datos provenientes del ámbito científico son cada vez más contundentes. El último Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), fechado en 2007, sostiene que once de los doce años más cálidos desde 1850 están entre 1995 y 2006. La temperatura media global ha aumentado 0,74ºC de 1906 a 2005 (mayor que la publicada en el anterior Informe). Al tiempo que la tendencia al aumento de la temperatura de los últimos 50 años prácticamente dobla la de los 100 anteriores. El incremento de gases invernadero, lejos de reducirse, sigue creciendo y lo hace a velocidad mayor de la prevista. Según la comunidad científica es preciso empezar a reducir las emisiones mundiales en el próximo decenio y hacerlo de forma rápida, si se quiere evitar que la temperatura no aumente más de 2ºC, cifra a partir de la cual pueden desencadenarse fenómenos catastróficos irreversibles. Por eso la expresión misma de “cambio climático” no es suficientemente contundente para alertarnos frente a lo que puede suponer un vuelco brutal e irreversible de las condiciones de habitabilidad del planeta.

Esa agravación del cambio climático está estrechamente relacionada con los graves problemas derivados de la brutal dependencia de nuestras sociedades con respecto al petróleo. Crisis económica

A pesar de la ofensiva neoliberal desplegada desde comienzos de los años 80 del pasado siglo, el capitalismo se ha mostrado incapaz de salir de la larga crisis de rentabilidad que arrastraba desde comienzos de los años 70. Los procesos de liberalización financiera han eliminado una parte muy importante de las reglamentaciones impuestas tras la II Guerra Mundial a los sectores financieros y bancarios a escala internacional, permitiendo el resurgimiento y la preeminencia del capital financiero.

El ascenso de las finanzas y la formación de sucesivas burbujas –bursátiles, inmobiliarias, crediticias- como atajo para la obtención de rentabilidad, ha sido el instrrumento del que se ha dotado el capital para reforzar su capacidad de subordinar el conjunto de las necesidades sociales a su búsqueda de rentabilidad, impulsando un enorme proceso de redistribución de rentas en contra de los y las asalariadas y las capas populares.

Pero además de este enorme proceso de redistribución de la renta, el ascenso del capital financiero internacional ha venido acompañado de la multiplicación de crisis financieras recurrentes en los dos últimos decenios. Las burbujas bursátiles, financieras y crediticias asociadas a la dinámica económica neoliberal han terminado finalmente eclosionando en la enorme crisis económica que conocemos en este momento, preludio de una probable Gran Depresión.

A medida que pasan los días, la crisis actual está provocando ya no sólo la quiebra financiera y económica en muchos países, como ha ocurrido en Islandia y está sucediendo en muchos países del “Sur”, Europa Central y Oriental y la extinta URSS sino, sobre todo, una crisis social y ecológica más profunda todavía.

Durante los últimos decenios hay que recordar, además, que la vinculación político-económica existente entre las grandes potencias y las empresas transnacionales, así como los poderes que ejercen sobre las organizaciones financieras y comerciales internacionales, permiten configurar políticas y regulaciones favorables a los intereses de aquéllas, generando así una nueva Lex Mercatoria en la que se pretende garantizarles su “seguridad jurídica” frente a cualquier incursión contra sus propiedades y “derechos” por parte de los pueblos y los gobiernos sensibles a sus demandas, como ocurre en algunos países de América latina. Esta protección encuentra fuertes anclajes en el caudal normativo y jurisdiccional del comercio internacional. Son las normas de la OMC, los Tratados Regionales y Bilaterales de Comercio e Inversiones, los contratos de explotación y los sistemas de solución de diferencias y tribunales internacionales sus expresiones más concretas. Crisis social y alimentaria

La crisis social está provocando un aumento extraordinario del número de personas desempleadas, la precarización de la mayoría de quienes tienen un empleo, el deterioro de los servicios públicos y la protección social y la condena a la ilegalidad y a la expulsión a millones de trabajadores inmigrantes, contribuyendo así a una agravación de la crisis de los cuidados en perjuicio de las mujeres, las personas mayores y la infancia. Todo esto se refleja en los países empobrecidos del Sur de forma más devastadora mediante una mayor destrucción del campo y una crisis alimentaria de proporciones crecientes, a lo cual se suman las consecuencias derivadas de las guerras y conflictos que, con la complicidad de las empresas transnacionales y las grandes potencias, se extienden en muchos lugares, así como su mayor vulnerabilidad frente a las catástrofes climáticas.

Datos: de los 6.000 millones:

* 1.377 millones son trabajadores pobres, con ingresos por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares diarios (más del 40% de la fuerza de trabajo mundial) * 230 millones de desempleados en todo el mundo. * 5.300 millones de personas sin acceso a cobertura de la seguridad social. * 1.600 millones de personas sin acceso a energía moderna * 1.000 millones de habitantes en malas condiciones de vivienda, que carecen de servicios esenciales, como agua potable y saneamiento (fuente). * 923 millones de personas sufriendo por hambre (55 millones de niños menores de 5 años)

La crisis alimentaria que estalló en 2007, debida a la subida de los precios de los productos alimenticios generada por los especuladores –que se aprovecharon del nuevo mercado de los agrocombustibles y de las ayudas y subvenciones promovidas por los gobiernos del Norte-, provocó, según la FAO, un ascenso rápido del número de personas hambrientas, llegando a 963 millones de personas en el mundo en 2008. Ahora, aunque ya no se esté dando en la actualidad esa tendencia al alza, los precios al por menor no han seguido el mismo camino y una mayoría de la población mundial, como recuerda el Comité por la Abolición de la Deuda Externa (CADTM), todavía sufre las consecuencias de las subidas, a la que se unirán las decenas de millones de personas afectadas por las pérdidas de empleo previstas para los próximos años. El cambio climático también tendrá consecuencias negativas en la producción en determinadas regiones del mundo, en especial en las zonas tropicales y subtropicales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tienen una gran responsabilidad en esta crisis alimentaria debido a las políticas que han imponiendo en el Sur, como las que exigían la supresión de los depósitos de cereales, que servían para abastecer al mercado interior en caso de falta de oferta o de escalada de los precios, así como el desmantelamiento de las instituciones de crédito al campesinado, con su consiguiente endeudamiento masivo. A todo ello se ha sumado la presión para que abrieran sus fronteras a las importaciones de alimentos beneficiados por las subvenciones masivas de los gobiernos del Norte, lo que ha provocado la ruina de numerosos productores del Sur y una enorme reducción de la producción alimentaria local, además de toda la carga derivada de la exigencia del pago de una Deuda Externa injusta, ilegítima e ilegal. Crisis de los cuidados

Las tareas reproductivas "inherentemente femeninas" han sido, y continúan siendo, socialmente infravaloradas y no remuneradas. Esto ha situado a las mujeres en posiciones de invisibilidad social, económica y política y ha impedido nuestra autonomía social y económica respecto a los hombres. Incluso cuando las tareas reproductivas alcanzan el mercado laboral, como es menudo el caso del trabajo de cuidado o el doméstico, se convierten en profesiones socialmente menos valoradas, infrarreguladas, peor remuneradas y en general con condiciones laborales más abusivas.

Esta falta de valoración del trabajo reproductivo contrasta con la realidad objetiva, ya que dos terceras partes del trabajo social corresponden a trabajo no remunerado, del cual 80% es trabajo doméstico. Así, cuando hablamos de "trabajo" utilizándolo como sinónimo de "ocupación" estamos teniendo en cuenta sólo una pequeña parte y la confundimos con la totalidad de trabajo realizado en la sociedad. Las mujeres producimos el 60% de los bienes y servicios que consume la sociedad sin percibir ningún salario a cambio. Además, el valor y el volumen del trabajo doméstico no remunerado en todo el mundo equivale a una suma que oscila entre el 35% y el 55% del PIB del planeta.

A pesar de la importante presencia y responsabilidad de las mujeres en el ámbito del cuidado y de la reproducción, la incorporación de las mujeres al mercado laboral durante las últimas décadas no se ha visto acompañada de un apoyo por parte del capital o del estado. Es decir, mientras que por un lado las mujeres perdemos capacidad de cuidar de los hogares, los niños, los enfermos y la gente mayor como resultado de destinar una proporción más alta de nuestra jornada al "trabajo productivo", no se han desarrollado políticas ni prácticas por parte de las empresas o las administraciones públicas para llenar el "vacío reproductivo o de cuidado" que este proceso ha creado en los hogares. Todo ello ha propiciado la creación de lo que se ha conocido dentro del movimiento y literatura feministas como la "doble jornada" o “doble presencia” de las mujeres. Y la salud

Oficialmente, el total de población activa en todo el mundo se aproxima a los 3.000 millones de trabajadores/as, la mitad de la población mundial y se estima que el 50% lo hace en condiciones no saludables. A lo largo del planeta, se producen unos 270 millones de accidentes laborales anualmente y alrededor de dos millones de mujeres y hombres mueren cada año a causa de formas insostenibles de trabajo, aunque se considera que hay un gran número de casos de enfermedad laborales que afectan a las mujeres no contabilizados. En total, tres muertes al minuto, 5.000 al día.

Según la OMS el 25% de las enfermedades están relacionadas con el medio ambiente.

Paradójicamente, en la UE y en el mundo en general, se ha mejorado en la esperanza de vida y, sin embargo, ha crecido la desigualdad a consecuencia de las condiciones de trabajo. Un obrero tiene diez veces más de probabilidad que un ejecutivo de morir en el puesto de trabajo.

Además se evidencia cada vez más que la salud de las y los trabajadores no está solamente determinada por los riesgos en el puesto de trabajo. Además de los estilos de vida y el acceso a servicios sanitarios, la salud está condicionada también por las diferencias sociales, tales como el desempleo, los ingresos, el género y la etnia. Crisis Norte-Sur y Migraciones

La brecha económica Norte-Sur, incrementada durante los últimos decenios por las políticas neoliberales y la creciente deuda externa, está en el origen de las migraciones desde los países periféricos hacia los países situados en posición más ventajosa en el jerarquizado mundo de la globalización capitalista. Estas personas migrantes del Sur hacia el Norte –con una composición crecientemente femenina, asociada a las cadenas globales de cuidados- forman parte de la corriente internacional más importante de nuestros días. Pero conviene precisar que, en términos relativos a la población mundial, la migración transnacional no ha superado el listón del 3 % en los últimos decenios; sin embargo, su desigual distribución por áreas geográficas explica que en los países del Norte se tenga la falsa percepción de que la globalización económica ha acelerado las migraciones en el conjunto del planeta. Capitalismo culpable

La naturaleza intrínsecamente injusta del capitalismo –y no sólo del expolio practicado por los grandes estafadores y banqueros, que son sólo su cara más visible- está siendo percibida como tal por millones de personas en el planeta y un movimiento de indignación y de rabia se está extendiendo en muy distintos lugares. El contraste entre la cantidad ingente y ya incalculable de dinero público destinado a salvar al capital financiero, por un lado, y la negativa a dedicarlo a evitar la condena a la miseria y a la sobreexplotación de personas y recursos, por otro, es cada vez más patente.

Frente al panorama de emergencia global y, por tanto, de amenaza de colapso eco-social ante el que nos encontramos, hay más razones que en el pasado para promover propuestas radicales, ya que la crisis global actual no podrá resolverse con parches hechos por los mismos que la han provocado, únicamente preocupados por forzar a sus gobiernos a crear las mejores condiciones posibles para recuperar sus elevadas tasas de ganancia mediante una nueva vuelta de tuerca contra los y las de abajo y la naturaleza.

Porque la respuesta a los nuevos planes del capìtal no puede limitarse a sugerir reformas o una nueva “regulación” del sistema financiero y de sus instituciones (sin cuestionar la propiedad privada de los bancos y de las sectores estratégicos de la economía) para que el “casino global” vuelva a funcionar de nuevo y genere nuevas “burbujas”; a la simple eliminación de sus capitales “tóxicos” (tarea harto difícil cuando la asumen “bomberos pirómanos”), al retorno a políticas mal llamadas “neokeynesianas” (limitadas a un mayor intervencionismo estatal, subsidiario y asistencial, y al relanzamiento de la demanda en torno a un modelo de consumo insostenible, pero no a la restauración del “Estado social”), al falso debate sobre “librecambismo” y “proteccionismo” entre los gobiernos y los capitalistas del Norte y del Sur (ya que el problema está en el sistema capitalista y, por tanto, en la necesidad de hacer frente a los poderes económicos transnacionales que actúan por encima de los Estados y tratan de servirse de ellos); o, en fin, a la simple búsqueda de nuevas formas de “gobernanza” mundial (o sea, a nuevas alianzas “multilaterales” entre viejas y nuevas grandes potencias, acompañadas de tímidas medidas como el “control de los paraísos fiscales”), promovidas desde el G-20, las grandes empresas transnacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tan sólo insertando las medidas más urgentes y elementales frente a la crisis y contra el neoliberalismo dentro de una lógica anticapitalista, antiproductivista y antipatriarcal será posible garantizar su conquista, evitando así cualquier vuelta atrás y facilitando el avance hacia otras posteriores que apunten hacia un cambio radical del mundo y de nuestras vidas.

Para IZQUIERDA ANTICAPITALISTA la crisis actual no es sólo una crisis financiera, inmobiliaria o del neoliberalismo: es también, y sobre todo, una CRISIS DEL CAPITALISMO que, con su búsqueda insaciable de ganancias mediante una mayor explotación de la clase trabajadora, un reparto desigual de los trabajos de reproducción social y de cuidados en perjuicio de las mujeres y la apropiación, mercantilización y depredación creciente de espacios y bienes comunes de la humanidad y del planeta, ha conducido a un mundo y a unas sociedades cada vez más injustas e insostenibles.

Es, por tanto, el sistema entero –y el “modelo civilizatorio” que ha fomentado- el que no sirve y frente al que hay que construir alternativas si queremos evitar que esta crisis ponga en peligro definitivamente el futuro de la humanidad y del planeta entero.

Por eso, pese a nuestras todavía débiles fuerzas, la izquierda social y política anticapitalista tiene que aspirar a ofrecer a las resistencias y distintas formas de protesta que se están extendiendo un camino de lucha y esperanza capaz de frenar el que puede conducir a un abismo insalvable si el capitalismo y el “modelo” civilizatorio que ha fomentado sobreviven a esta crisis. Porque estamos convencidos de que OTRO MUNDO ES POSIBLE y de que OTRO CAPITALISMO ES IMPOSIBLE. 2. ¿Qué Europa tenemos? “Grandes hitos” de la UE actual

El proyecto de convertir la Unión Europea en superpotencia y motor de la globalización neoliberal ha sido y es corresponsable de esta crisis, ha dinamitado el denominado “modelo social europeo” y ha reforzado los poderes de unas empresas transnacionales, en muchos casos –como el español- surgidas de las privatizaciones, cuyos intereses han chocado abiertamente con los de los pueblos del Sur, especialmente los de América latina, pero también con los del Centro y Este de Europa. En el Estado español, el gobierno de Zapatero ha sido parte activa de esas políticas habiendo contribuido a que este país sea el primero en el “ranking” de liberalización de la economía, según la OCDE, y uno de los más desiguales del Norte, así como al crecimiento de una burbuja financiera e inmobiliaria que fomentó la ilusión de un “capitalismo popular” cuyo estallido se nos muestra hoy con sus peores caras de especulación, corrupción y depredación ambiental y, sobre todo, con sus secuelas de paro masivo (que está acercándose ya al 20 %, o sea, a 4 millones y medio de personas), endeudamiento de los hogares y precarización de las vidas de una mayoría social. 2.1. Un poco de historia

La historia de la “integración europea”, a partir de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) en 1951 y, sobre todo, desde los Tratados de Roma de 1957, ha tenido como rasgo predominante el de ser un proceso de construcción de un espacio-mercado común al servicio de las elites dominantes en los Estados firmantes de esos acuerdos. Pero ese proyecto se vio obligado a coexistir con el desarrollo de unos Estados de bienestar que, en función de las diferentes relaciones de fuerzas impuestas por los movimientos obreros de la posguerra, tuvieron que reconocer una serie de derechos sociales fundamentales.

Sin embargo, el Acta Única de 1986 y, luego, el Tratado de Maastricht de 1992 marcaron una nueva fase hacia una unión económica y monetaria en la que los Estados, sobre todo los dispuestos a incorporarse al euro a partir de 2001, fueran cediendo competencias en esas esferas a las instituciones comunitarias con el fin de adoptar una “constitución económica” común. Se fue forjando así un “europeísmo” marcadamente neoliberal justamente en un período histórico en el que la caída del muro de Berlín y la crisis en la exYugoslavia conducían a la desaparición del “enemigo” exterior tradicional y coincidían con el desplazamiento a la derecha de la mayoría de las organizaciones sociales y políticas de izquierda. Se vio así facilitada la ampliación de la UE al Este sobre la base de una política neocolonial –paralela a su incorporación a la OTAN bajo la hegemonía estadounidense- cuyos frutos amargos para esos pueblos se están comprobando ahora.

Ese “salto” hacia la construcción de una UE ampliada se desarrolló, por tanto, en el marco de un paradigma neoliberal que exigía de los Estados el abandono de las políticas keynesianas practicadas en los decenios anteriores y la asunción de los criterios establecidos en el llamado “Consenso de Washington”, puesto que –como sostenían abiertamente grupos de presión como la “Mesa Redonda Europea” (ERT por sus siglas en inglés) y la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales Europeas (UNICE; a partir de enero de 2007 emplea la denominación de “Business Europe”) constituían un requisito indispensable para sentar las bases de un nuevo modelo de acumulación capitalista y de conversión de “Europa” en una superpotencia económica y monetaria capaz de competir en mejores condiciones con EEUU y otras grandes potencias en la lucha por el control del mercado mundial. Esa aspiración obligaba a su vez a avanzar hacia una unidad de Europa en el plano político y militar (buscando siempre la compatibilidad con la OTAN) cuyo reflejo más evidente ha sido el proyecto de Tratado Constitucional para Europa. Con ese firme propósito se ha ido avanzando hacia la liberalización de los mercados, la “desregulación”, la privatización de sectores estratégicos enteros (telecomunicaciones, transporte aéreo y por carretera, servicios postales, energía...) y la “rentabilización” y mercantilización de otros (pensiones, sanidad, educación...), buscando así que esa integración económica favoreciera nuevos pasos adelante en la creación de una Unión Política.

Pero los obstáculos con los que han tropezado los promotores de esa visión funcionalista han sido tanto la heterogeneidad económica creciente dentro de una UE en constante proceso de ampliación (con mayor razón debido a que no existen unas fronteras territoriales que permitan delimitar dónde acaba Europa, como se refleja en el debate sobre la entrada o no de Turquía, por ejemplo) como la persistencia de diferentes relaciones de fuerzas sociales y políticas a escala nacional-estatal. Era necesario, por tanto, forzar desde las instituciones europeas –principalmente, la Comisión Europea- y los “lobbies” la carrera hacia el “mercado único” mediante la “armonización hacia abajo” de las políticas sociales y fiscales, con el fin de ir reduciendo los costes directos e indirectos de la fuerza de trabajo asalariado, a la vez que se aumentaba la carga de trabajos de cuidados –generalmente no remunerados- en las mujeres y se intensificaba la degradación del medio ambiente. Se ha ido produciendo así la paradoja de que mientras se pretendía mantener el llamado “modelo social europeo” como signo de identidad diferenciador frente al resto del mundo, ese mismo “modelo” iba siendo desmantelado en el marco del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en nombre de la “competitividad” y, en el caso de los miembros del Eurogrupo, de la convergencia monetaria.

En ese proceso el papel de los llamados “paraísos fiscales”, no sólo de los que hay fuera de la UE sino de los asociados a la misma (las “dependencias de la Corona Británica” -incluida Gibraltar-, los territorios coloniales de ultramar de Gran Bretaña y Holanda, Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra, San Marino) o incluso de los existentes dentro de ella (Luxemburgo, Chipre, Malta, Holanda, City de Londres, Bélgica, Irlanda), ha sido también fundamental a partir, sobre todo, de la prohibición de todas las restricciones a los movimientos de capitales por el Tratado de Maastricht. Esos centros “offshore” (extraterritoriales) han contribuido al desarrollo de la “burbuja financiera” y, sobre todo, a un “dumping” fiscal creciente dentro de la UE en el marco de una competencia global por atraer al capital. Buena prueba de ello está en que todos los países actualmente miembros de la UE disminuyeron los impuestos directos y aumentaron los indirectos y las contribuciones a la seguridad social desde 1995.

Más tarde, la Agenda de Lisboa 2000 daría un nuevo impulso a ese proyecto en el contexto de la “globalización feliz” y ante el ascenso de China e India como grandes potencias emergentes desde el punto de vista geoeconómico: se impone así un “radicalismo de mercado” (en palabras del expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors) que ha conducido a un nuevo salto en la redistribución de la renta de abajo arriba (la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE ha descendido 11 puntos en los dos últimos decenios), con la consiguiente agravación de las desigualdades sociales, entre géneros y territoriales en su seno, acentuadas más todavía tras la entrada de los nuevos países del Este.

Finalmente, como no bastaba una táctica diversificada y había que blindar todo ese proyecto, las elites europeas acordaron dar un nuevo paso adelante mediante la constitucionalización a escala de la UE de todo lo que se había ido legislando y aplicando mediante la larguísima lista de directivas aprobadas que forman parte del “acervo comunitario”. Esto se reflejó con mayor claridad en la Tercera Parte de lo que acabaría siendo el frustrado Tratado Constitucional para Europa: no se trataba en este caso de una mera “adición”, como argumentaban los “euroentusiastas” social-liberales sino que en realidad en ella se contenía la verdadera “Constitución económica” que condicionaba lo que retóricamente podía haber de “presentable” en las otras Partes. El autismo de las elites europeas (incluida la socialdemocracia europea) ante el cambio de percepción popular que se estaba produciendo respecto a la UE no les permitió prever que ese proyecto de Tratado pudiera ser rechazado en referéndum en países fundadores como Francia y Holanda en 2005 y por eso ni siquiera pensaron en un “Plan B”. Pero así ocurrió y tuvieron que modificar el calendario previsto aunque no sus intenciones, tercamente repetidas desde entonces por sus principales portavoces. La posterior victoria electoral de Sarkozy en Francia dio además un nuevo aliento a ese desprecio de la opinión popular, reanudándose desde entonces una nueva etapa en la que la UE se obstina en proseguir su despotismo antidemocrático. 2.2. ¿Qué arquitectura? ¿De qué democracia hablamos?

En ese contexto de pugna de la UE por avanzar en sus distintos pilares de construcción como bloque común, sus elites lograron consensuar una nueva versión del proyecto de Tratado Constitucional Europeo en lo que se ha dado en llamar el Tratado de Lisboa. En realidad, como reconocieron cínicamente algunos de sus autores, lo que se pretendía únicamente era suavizar la carga fuerte del término “Constitución” con el fin de evitar nuevos referendos en aquellos países donde el anterior proyecto había fracasado. Sin embargo, Irlanda se vio obligada constitucionalmente a convocar un nuevo referéndum en mayo de 2008 y el triunfo del No generó un nuevo impasse en el permanente intento de blindaje del paradigma neoliberal dentro de la UE. Aun así, seguimos viendo cómo se refuerzan las presiones para que el gobierno irlandés, a cambio de prometerle algunas salvaguardas respecto al Tratado, convoque una nueva consulta tras las elecciones al Parlamento Europeo para ver si , por fin, consiguen forzar al pueblo irlandés a votar Sí. Una actitud tan despótica y autoritaria como ésta revela por sí sóla el desprecio que tienen las elites europeas a la voluntad popular siempre que se pronuncia contra sus decisiones, contribuyendo así a desvelar abiertamente su naturaleza antidemocrática.

Ese proceso ha ido profundizándose a lo largo de los años porque no sólo se ha hecho oídos sordos a todos los referendos negativos que ha habido en el pasado sino que ni siquiera se han producido debates sustanciales en los parlamentos de ámbito estatal sobre las políticas adoptadas en el marco de la UE. Se ha dejado de esta forma a los gobiernos respectivos, en el marco del Consejo Europeo y con la Comisión Europea como intérprete de los intereses comunes del capitalismo europeo, un amplio margen de maniobra para consensuar decisiones políticas de enorme alcance para el conjunto de las poblaciones europeas y para delegar en instituciones como el “independiente” Banco Central Europeo la gestión del “núcleo duro” de una política económica y monetaria que se ha ido convirtiendo en una “camisa de fuerza” dispuesta a impedir cualquier política de izquierdas a escala estatal. La soberanía popular se ha visto progresivamente sustituida por un poder oligárquico, obligado únicamente a rendir cuentas antes los “lobbies” empresariales y al servicio de un capital financiero y especulativo fuera de todo control social y público.

El carácter antidemocrático del proceso de construcción y funcionamiento de la UE ha quedado también evidenciado, desde los mismos orígenes de la “integración europea”, por el hecho de no haber tenido en cuenta la realidad plurinacional y pluricultural de sus propios Estados miembros, negándose así a respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos que no se reconocen en esos Estados. La conversión de la “integridad territorial” de los Estados miembros en un principio fundamental e intocable aparecía claramente blindada en el proyecto de Tratado Constitucional europeo, continúa presente en el Tratado de Lisboa y contrasta, sin embargo, con la política adoptada por la misma UE, o muchos de sus países miembros, en relación a procesos como los vividos en países de la exYugoslavia o, más recientemente, en Montenegro y Kosovo. 2.3.¿Qué modelo económico, energético y de organización territorial?

La Comisión Europea ha venido actuando también desde los años 80, bajo la presión indisimulada de los grandes consumidores energéticos y de algunas empresas energéticas, como un motor incansable de introducción de reformas liberalizadoras de ese sector. A esto se ha sumado la desaparición en muchos estados miembros de la consideración del suministro eléctrico y de gas natural para los hogares como “servicio público”, la reducción o total desaparición de capital público en las empresas energéticas y el abandono de la tradicional planificación de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos para dar paso a la libertad de elección de combustible y de emplazamiento de las instalaciones energéticas. En los últimos años se ha intentado desde los sectores industriales relanzar la industria nuclear pretextando la diversificación de fuentes energéticas y sus nulas emisiones de gases de invernadero; Los éxitos de esa ofensiva son más bien discretos pero es un riesgo en aumento. En resumen, la retórica “verde” sobre la sostenibilidad y las inversiones en energías renovables se ve contrarrestada continuamente por la obsesión con el crecimiento continuo y la apuesta por proyectos como los grandes planes de infraestructuras, ahora también en el Este: las prioridades siguen estando al servicio de la preservación de un modelo de producción, distribución y consumo cada vez más insostenible.

Las políticas territoriales (entendidas como la suma más o menos coordinada de las políticas de transporte e infraestructuras, de vivienda, agrícolas o de protección de espacios naturales, entre otras) varían enormemente entre los distintos estados miembros de la UE. Sin embargo, es posible establecer algunos patrones comunes, sobre todo en los estados miembros cuyas economías han dependido en mayor medida de los sectores inmobiliario y de la construcción, y en aquellos que han recibido grandes sumas de fondos comunitarios que han invertido en la multiplicación de toda clase de infraestructuras de transporte.

En la UE, y en algunos estados miembros como España de forma más acentuada, los efectos de una prolongada e intensa burbuja inmobiliaria (apoyada sobre una siempre creciente red de infraestructuras de transporte) han sido social y ambientalmente devastadores: una masiva destrucción de suelo y una pésima eficiencia en la ocupación del territorio; un modelo urbano ambientalmente insostenible y socialmente desigual (un creciente consumo de energía, agua, materiales y territorio, para proporcionar una cada vez peor calidad de vida, y sin satisfacer derechos básicos como el derecho a la vivienda o a un medio ambiente sano); una creciente fragmentación del territorio, en el que los espacios naturales y rurales van siendo progresivamente reducidos a pequeñas islas en un mar urbano-infraestructural; un agravamiento de la dependencia alimentaria de las regiones metropolitanas que destruyen para siempre sus suelos agrícolas de mayor valor, etc.

Las políticas agrarias y ganaderas están regidas por la Política Agrícola Común (PAC), a la que se dedica la mitad del presupuesto de la UE, al servicio de un modelo capitalista injusto (el 4% de perceptores de ayudas recibe el 40% de las mismas) e insostenible, con unas consecuencias nefastas para jornaleros del campo –Andalucía y Extremadura concentran la mayor tasa de paro situada en un 33 %- y también para la pequeña agricultura. Sus resultados en el Estado español son: despoblación y desempleo (la población activa agraria ha caído hasta el 4%), desmantelamiento de la cultura campesina (víctima del modelo productivo agroindustrial y de la colonización de las grandes multinacionales), destrucción del tejido productivo (debido a una PAC que incentiva la no producción y el no cultivo y a un modelo de agricultura industrial especualtivo, a la siembra de transgénicos, a la gran cantidad de agrotóxicos y abonos químicos aplicados) y control del comercio agrícola por unas cuantas empresas transnacionales (soja, maíz, cereales).

El agua continental está también en el centro del debate sobre los recursos estratégicos y de múltiples tensiones sociales y políticas a nivel internacional, europeo y entre los distintos pueblos del Estado español debido a que su disponibilidad está en acelerado retroceso, su calidad en franco deterioro con disminución de las reservas posibles aptas para el consumo humano y el fuerte deterioro ambiental que están sufriendo los ecosistemas acuáticos, como ríos o acuíferos, impide de hecho su renovación.

En esta situación de creciente escasez y/o deterioro tienen un papel clave la contaminación de los acuíferos y ríos –también de las aguas marinas-debida al uso de productos tóxicos en la agricultura, los vertidos industriales (papeleras, farmacéuticas, etc.), por el regadío intensivo y la urbanización salvaje. Cabe hacer una mención específica en las causas del agotamiento de los recursos hídricos en relación con los efectos del cambio climático. En la Europa del Norte hay un problema de calidad de las aguas, en la Central de calidad y de eliminación de las riberas por encauzamiento entre hormigón de los ríos (con el grave problema de las riadas) y en la del Sur a los problemas de calidad hay que sumar los de gran escasez en amplias regiones por avance de la desertificación y las modificaciones en los regímenes de lluvia. Frente a estos problemas la respuesta del neoliberalismo ha sido iniciar la privatización del sector. Las multinacionales encuentran en estas otras estrategias las vías para acceder a los “mercados de futuros clientes del agua”. 2.4. ¿Qué modelo social? a. Educación

Otro frente de ataque fundamental se encuentra en las Universidades y el denominado “proceso de Bolonia”. Aunque la Declaración adoptada en Bolonia en 1999 (que incluía no sólo a países miembros de la UE sino también a otros, hasta el punto de alcanzar hoy a 46) se limitaba a emplear una retórica aparentemente inofensiva a favor de la homologación de los títulos entre los distintos países y de la movilidad estudiantil, en realidad lo que se ha ido proclamando y desvelando después, a través de los documentos y medidas prácticas que se han ido adoptando, ha sido la disposición manifiesta de las elites europeas a seguir el “modelo” estadounidense de universidad competitiva y subordinada a las necesidades del capital, siempre sobre la base de no aumentar el gasto público para las universidades y, por tanto, forzando a buscar financiación privada y, con ella, estimular la rentabilización y mercantilización de las mismas, paralelamente al aumento de las universidades directamente privadas. Todo ello ha ido acompañado de una nueva jerga psicopedagógica que, pese a su presunto papel innovador, no puede ocultar que lo que se pretende es limitar la tarea docente a fomentar aquellas “competencias, habilidades y destrezas” que mejor sirvan a la inserción del estudiantado en un mercado cada vez más precarizado. A ese alumnado se le exige mayor número de horas de trabajo semanales (40) para su evaluación continua por un profesorado que no va a ver aumentada su plantilla y, por tanto, difícilmente podría ejercer la función tutorial con la atención necesaria. A todo esto se suma que la reducción de los años de estudio del grado y la mayor relevancia de los masters van acompañadas de una mayor especialización de los planes de estudio (generalmente subordinados a las luchas de intereses entre los distintos Departamentos) y de un encarecimiento del precio de las matrículas, difícilmente subsanable con las becas a las que se podrá acceder, sobre todo cuando muchas de ellas se convertirán en préstamos a devolver. b. Sanidad, salud y cuidados

Las recetas neoliberales también han tenido en el punto de mira a los sistemas sanitarios públicos. Estos han sufrido reformas encaminadas a su liberalización y privatización con el objetivo de hacer de la atención sanitaria un negocio rentable. Fue así como todos los gobiernos de la UE encontraron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento la justificación necesaria para orientar sus políticas de salud hacia la contención de costes. Esto se ha reflejado en un estancamiento o incluso una reducción del gasto público sanitario de todos los países de la UE, especialmente en el Estado español.

En ese contexto general la “crisis de los cuidados” se verá ahora agudizada con los efectos de la crisis sistémica y la tendencia a la privatización de los servicios públicos y a la mercantilización de las tareas de cuidados también en la UE, como está quedando igualmente en evidencia con la Ley de Dependencia española.

En este contexto, la legislación europea actualmente no regula ni garantiza la existencia a nivel comunitario de una red de cuidados comprehensiva y apropiadamente financiada para las personas en situación de dependencia. Es más, propuestas como la Directiva Bolkenstein apuntan una tendencia hacia la liberalización de los servicios sociales. Todo ello, a nuestro parecer, no es más que otro síntoma de que la construcción de la Unión Europea durante las últimas décadas ha estado más centrada en el establecimiento de un bloque comercial y económico que en garantizar la “europeización” y la generalización de los derechos sociales.

La constatación de este hecho nos obliga a seguir denunciando la ausencia de una Europa social frente a la consolidación de la Europa del capital y a exigir que se pongan medidas concretas a nivel comunitario a lo que muchas hemos dado en llamar la “crisis del cuidado”: el envejecimiento de la población occidental, la reincorporación de la mujer en el mercado de trabajo, la transformación de las unidades domésticas tradicionales, así como una intensificación general de la directriz neoliberal de reducción del gasto público, han dificultado el “aprovisionamiento natural del cuidado” que solía provenir de las familias (léase mujeres). Las respuestas de los gobiernos han sido tenues y las de la patronal prácticamente inexistentes. Esta situación se agrava en contextos de estados del bienestar débiles y, en el momento actual de crisis sistémica, la disminución de recursos por parte de los gobiernos dificulta la capacidad de éstos para hacer frente a este “vacío de cuidado” mediante la financiación e implementación de legislación en esta dirección. c. Laboral

La aprobación de la directiva Bolkestein de liberalización de servicios (aunque reformada) se ha visto seguida por el nuevo impulso que se pretende dar a la “flexiguridad” (que, pese a su promesa de compensar “flexibilidad” con “seguridad social”, en realidad sólo quiere facilitar la “flexplotación”, o sea, hacer más barata para la patronal la táctica de “usar y tirar” a cualquier trabajador/a una vez sobreexplotado/a suficientemente), la directiva de “retorno” de inmigrantes (aprobada por el Parlamento Europeo con el apoyo del PSOE) y la de las 65 horas semanales (que, pese a no haber sido aprobada, no impide que la actual permita a países miembros llegar hasta las 78 horas). sin olvidar tampoco la firme decisión de culminar la aplicación de directivas como la de líneas ferroviarias de alto recorrido (que obliga a su liberalización total a partir de 2010) o la de servicios postales (que obliga a su liberalización total a partir de 2011). Sólo los trabajadores de astilleros consiguieron paralizar la directiva europea de liberalización de los servicios portuarios gracias a una intensa movilización ante las instituciones de la UE; el movimiento obrero europeo debería tomar ese ejemplo como referente y demostración de que es posible parar estas políticas liberalizadoras y privatizadoras con movilizaciones coordinadas y sostenidas a escala europea.

Habría que sumar a todo ese arsenal jurídico de excepción las sentencias que ha ido tomando el Tribunal Europeo de Justicia (en casos como los de Laval, Viking, Ruffert y Luxemburgo), todas ellas destinadas a favorecer una mayor libertad de movimientos del empresariado de un país a otro, con el fin de conseguir menores costes laborales y ambientales y en detrimento de derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente del derecho de huelga. d. Pensiones

Respecto a las pensiones, las reformas regresivas que están teniendo lugar en la UE tienen por finalidad el progresivo desmantelamiento de los sistemas de protección social colectivos. El objetivo es doble: por una parte, restringir la parte de la riqueza socializada, abriendo un espacio nuevo a la acumulación de capital, a través de ls compañías de seguros y los fondos de pensiones; por otra parte, arrastrar una partre creciente del ahorro privado hacia los mercados financieros y así financiar las reestructuraciones permanentes de las actividades económicas.. Así, mediante las inversiones en los fondos de pensiones las personas anteriormente asalariadas quedan prisioneras del capital, participando en la extracción de plusvalía de los trabajadores en activo. Estos fondos de pensiones se apropian de una parte de la producción creada en los países del Sur, especialmente de los llamados países “emergentes”, lo que contribuye a aumentar la brecha entre los asalariados de los países ricos y rentistas y las poblaciones del resto del planeta.

La realidad y gravedad de los riesgos que pueden sufrir las personas pensionistas ante la radical reducción de la rentabilidad de las acciones y lo intolerable de jugar las pensiones a la bolsa se muestra por las enormes pérdidas experimentadas a escala mundial por los fondos de pensiones durante los años 2000-2002, amplificadas con la actual crisis económico-financiera: según un estudio de la OCDE, publicado en diciembre de 2008, el patrimonio de los fondos de pensiones de sus 30 Estados miembros se habría reducido en tres billones trescientos mil millones de dólares, equivalente al 20 % de su importe total, en relación con diciembre de 2007 y ciertamente esa caída será bastante mayor en estos momentos.

En esas condiciones la elevación de la edad de jubilación mientras aumenta el nivel de desempleo en Europa sería una grave regresión social, habida cuenta que un porcentaje muy elevado de personas asalariadas se encuentra sin empleo cuando accede a la pensión, por lo que esa elevación traería consigo, en la mayoría de los casos, no la continuación de la actividad laboral sino la reducción de las pensiones. Pese a ello, la Propuesta de Informe sobre protección social e inclusión social (2009) de la Comisión Europea se alegra de que “las posibilidades de abandono temprano de la vida activa y los incentivos a la jubilación anticipada se están suprimiendo”, ya que constituyen “señales claras para que los empresarios y los trabajadores mejoren sus prácticas de gestión de la edad y pospongan la edad de jubilación”. d. Derechos

Respecto a la directiva de la “vergüenza”, mal llamada de “retorno”, hay que recordar que ha sido objeto de duras críticas por parte de diversos organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Con ella se pretende expulsar fuera de la UE a gran cantidad de trabajadores inmigrantes que son víctimas ahora de la crisis económica y han sido convertidos en “irregulares sobrevenidos”: se les obliga a irse si son despedidos y, en caso de negarse a ello, se les puede recluir en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), en donde se les puede “retener” hasta 18 meses, pudiendo enviarles luego a países que no son los suyos de origen y prohibiéndoseles regresar a teritorio europeo durante 5 años; se permite incluso detener a menores no acompañados/as que son ingresados/as en los mismos CIEs y sin garantías de reincorporación a sus familias. No puede sorprender, por tanto, que en el marco de esa creciente xenofobia institucional los grupos de extrema derecha estén conociendo un auge importante en muchos países, con una influencia creciente en las derechas “clásicas” y neopopulistas (como la italiana).

Este racismo institucional no es, sin embargo, más que la manifestación extrema de la tendencia creciente al recorte de libertades y derechos políticos dentro de la UE. Esta ha seguido la senda abierta por EE UU con el discurso de la “guerra global permanente” y la lucha “antiterrorista”, a lo cual se suma la tendencia a generar una “cultura de la seguridad” que contribuye a establecer distintas formas de “apartheid” y segregación social y étnica dentro de las ciudades. Se ha ido fabricando así todo un arsenal de leyes y medidas de excepción destinadas a ilegalizar organizaciones políticas (como la lista de organizaciones “terroristas”), restringir los derechos de reunión y manifestación y establecer distintas formas de control y vigilancia sobre la ciudadanía, especialmente contra la inmigración de origen árabe o religión islámica. El Estado de derecho tiende así a ser sustituido cada vez más por un Estado penal y “securitario”. 2.5. Y en lo ambiental

Tampoco en la política ambiental, pese a que, comparada con las otras grandes potencias, muchas de sus directivas sean más avanzadas (muchas de ellas todavía incumplidas por muchos países miembros, como el español en relación con la degradación de las costas), se puede afirmar que se hayan producido avances significativos: la UE es todavía responsable del 24 % de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero a escala mundial y los objetivos fijados por la Comisión Europea a finales de enero de 2008 son claramente insuficientes puesto que considera que bastaría con una reducción del 20 % de las emisiones para el año 2020 cuando los científicos del IPCC hablan de que se necesitan reducciones en los países “desarrollados” de entre el 25 y el 40% para evitar impactos destructivos de los ecosistemas, la economía y las sociedades. Para cumplir con sus compromisos la UE ha optado además por recurrir a los mecanismos de mercado, como la creación de mercados (que no derechos) de emisión: un mercado del que han sido excluidos los sectores industriales más expuestos a la competencia internacional, reduciendo mucho con ello su eficacia y en el que la capacidad de presión de los grandes sectores industriales ha sido bien perceptible. La crisis actual está evidenciando, además, las perversiones de unos mecanismos de mercado que permiten a ciertas empresas reducir producción, despedir a trabajadores y maquillar sus cuentas vendiendo permisos gratuitamente. 2.6. UE en el mundo: ¿a qué juega?

En el plano de la política exterior, como se ha indicado al principio, conviene no olvidar que la UE ha sido uno de los principales motores de la globalización neoliberal (es corresponsable con EEUU de alrededor del 80 % de las normas y estándares internacionales que regulan los mercados globales, incluyendo el dólar y el euro), a la búsqueda siempre de mejores posiciones de competitividad frente a las otras grandes potencias y en detrimento de los pueblos del Sur, como se refleja en el Informe de la Comisión Europea “Global Europe: Competing in the World”, de octubre de 2006 y en la política que desarrolla la UE en el marco de la OMC. En ese sentido van los acuerdos que se pretende imponer tanto a gobiernos latinoamericanos como a los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) -con su propuesta de Acuerdos de Partenariado Europeo- o con los del Norte de Africa, a los que la ayuda militar sirve para, además de reforzar sus dictaduras (como la marroquí, mientras se niega el apoyo a la legítima lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación), contribuir a “externalizar” las fronteras de la UE frente a la inmigración procedente de la región sursahariana, la más pobre entre las pobres del mundo.

A la vertiente neocolonial que caracteriza a esas relaciones hay que sumar la “solidaridad transatlántica” reforzada con EEUU (siendo un claro ejemplo de esto el Documento Solana sobre la Estrategia de Seguridad de la UE), especialmente en la región de Oriente Medio, en donde el apoyo común al Estado sionista de Israel (pese a las tímidas críticas a sus respuestas “desproporcionadas” y a la retórica de la “alianza de las civilizaciones”) y la negativa a reconocer la representación legal y legítima del pueblo palestino, o la implicación creciente en la guerra de Afganistán constituyen ejemplos muy patentes de la relevancia geoestratégica de esa zona para “Occidente” frente a sus competidores asiáticos, o a la “amenaza” procedente de regímenes como el iraní y, más en general, del mundo árabe-islámico. No olvidemos, además, que, pese a las dificultades para ponerse de acuerdo en torno a una política exterior común y a su debilidad en este plano respecto a EEUU, la UE es hoy la segunda potencia del mundo en gasto militar y, ahora ya sin las reticencias francesas, aspira a reforzar el “pilar europeo” de una OTAN envalentonada y dispuesta a ser gendarme mundial. Incluso recientemente, en febrero de 2009, el Parlamento Europeo reiteraba la voluntad de que en “temas como el terrorismo internacional, el crimen organizado, las amenazas cibernéticas, la degradación del medio ambiente (sic!), las catástrofes naturales (resic!) y en otros más” exista una “cooperación más estrecha” entre la UE y la OTAN, ya que “sin dimensión militar, la UE es simplemente un perro que ladra pero no muerde”. 2.7. Ante la crisis actual: ¿cuáles son sus respuestas?

Ese era el panorama en la UE antes de la irrupción de la crisis sistémica actual y ya estamos viendo cómo la crisis por la que aquélla atravesaba corre ahora el riesgo de convertirse en su implosión como entidad económica, como se denuncia desde la economía crítica: “Varios países al borde de la bancarrota, ausencia de voluntad política y de instrumentos de coordinación, relanzamientos ficticios y el cada cual para sí: todo esto tampoco puede ser arreglado en algunos meses y necesitaría una refundación completa del modo de funcionamiento de la Unión”. Porque, si bien en un primer momento se pretendió echar la culpa de la crisis a EEUU, la recesión europea se ha producido básicamente en territorio europeo, ya que la crisis financiera y la estrategia de Lisboa de la UE forman un híbrido particularmente explosivo cuyas consecuencias estamos empezando sólo a ver. Mientras tanto, la política de los gobiernos de la UE se limita a poner cada vez más dinero público al servicio de los banqueros y especuladores y a amenazar con nuevos ataques a derechos fundamentales de las y los trabajadores mediante medidas como la prolongación de la semana laboral, la individualización de las contrataciones, el aumento de la precarización laboral (había ya en esta situación 100 millones de personas en 2007) y el empobrecimiento (con 79 millones en esa condición ese mismo año), el mayor abaratamiento del despido, la criminalización de trabajadores inmigrantes (con medio millón de personas expulsadas en el mismo año), una creciente diferencia salarial entre hombres y mujeres (en la actualidad es del 28 %) y una nueva ola de liberalización de los servicios que no hará más que agravar la crisis de los trabajos de cuidados.

Incluso las políticas “nacionalizadoras” que, dada la gravedad de la crisis, se están tomando desde muchos gobiernos son vistas como un “paréntesis en la economía de mercado” (como predicaba el vocero de la CEOE), ya que, según propone la Comisión Europea en su comunicación para el Consejo Europeo de primavera de 2009, “habrá que gestionar cuidadosamente el proceso de retorno de las empresas nacionalizadas a la propiedad privada y el regreso general del nivel de la intervención estatal en nuestras economías a unos niveles más normales. La política comunitaria de competencia puede contribuir a este proceso fundamental, guiándolo hacia unos resultados abiertos, eficientes e innovadores”. Lo mismo debería ocurrir, según la OCDE, con las medidas paliativas contra el paro y el desempleo, ya que “pueden tener consecuencias perjudiciales a corto plazo”. No sorprende, pues, que hayan decidido suspender la Cumbre de la UE sobre el empleo que tenían previsto para este mes de mayo, conscientes sus elites gobernantes de que no podían prometer nada bueno al número creciente de personas desempleadas en toda Europa.

Pero declaraciones como éstas no hacen más que reconocer el fracaso de la Europa neoliberal, de sus pilares institucionales y de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que no han podido resistir a la crisis, obligando a los distintos gobiernos a saltarse su fundamentalismo neoliberal para tratar de hacer frente a la misma, eso sí, cada uno por su lado en función de sus intereses particulares.

En el caso español, el gobierno de Zapatero no propone más que medidas tímidamente keynesianas a favor del capital y, en el mejor de los casos, ineficaz e inútilmente a favor del consumo (400 euros de deducción fiscal) o de la inversión en infraestructuras municipales con efectos multiplicadores más que dudosos. La modalidad “suave” de socialización de pérdidas confirma también su voluntad de ponerse al servicio de la banca privada y de unas cajas de ahorro que en su gran mayoría renunciaron a su función social y se implicaron, en mayor o menor grado, en mercados como el inmobiliario. Se ha emprendido además una reforma del mercado laboral que erosionará los ingresos de la Seguridad Social con medidas, entre otras, como la conversión de las prestaciones por desempleo en bonificaciones en la cuota, que no sólo es ineficaz para crear empleo sino que simplemente engrosa el excedente empresarial a costa de un salario indirecto, sin garantías de nada (1 año de duración del contrato) y que discrimina a las personas paradas de larga duración que ya no perciben prestación. Por otro lado, la medida de incentivación del empleo a tiempo parcial no sólo es una atrocidad porque reduce drásticamente las cuotas a la Seguridad Social de esta figura contractual sino que también es una invitación a un amplio efecto sustitución del empleo a tiempo completo por el parcial, seguramente con un gran efecto en sectores como servicios personales, hostelería y comercio; se traducirá también en una reducción de ingresos salariales y un incentivo al aumento de la economía irregular. Otras medidas adoptadas hacen recaer todo su peso sobre los fondos de la Seguridad Social o en líneas de crédito ICO que son nuevamente una subvención estatal hacia el capital y en ningún caso en el compromiso o esfuerzo empresarial. Pero no se trata sólo de criticar estas medidas como “ineficientes” e injustas sino de insistir en la denuncia de la lógica capitalista que subyace detrás de ellas, por mucha retórica “compasiva” que empleen gobiernos como el de Zapatero.

Hoy, además, tras el fracaso del proyecto de Tratado Constitucional Europeo, el fraude del Tratado de Lisboa y la crisis sistémica ante la que nos encontramos, es aún más evidente la crisis de legitimidad de una UE superpotencia neoliberal, antidemocrática, patriarcal, insostenible y militarista.

Hace falta, por tanto, un cambio de rumbo radical ¡ESTA NO ES LA EUROPA QUE NECESITAMOS! II. Propuestas y alternativas. ¿Qué Europa queremos? 1. Ecosocialismo y feminismo. Hacia otro modelo de producción, distribución y consumo sostenible y socialmente justo. Por el “buen vivir”

La economía debe perseguir la satisfacción de las necesidades sociales y humanas en general, -y no la búsqueda del máximo beneficio y la generación constante de nuevas “necesidades”-, aspirando así a sentar las bases de un nuevo modo de vida, de un “buen vivir”, de una verdadera convivencia en paz con la naturaleza, la sociedad y entre todos los seres humanos, libres de la explotación capitalista y la dominación patriarcal así como de toda forma de opresión y despotismo. Ese ha de ser el horizonte hacia el que debemos tender, el de un “Socialismo del siglo XXI” capaz de frenar el rumbo actual hacia la barbarie y de construir un mundo en el que, como dice el zapatismo, quepan muchos mundos. 1. 1. Empleo y trabajo: trabajar para vivir, y no vivir para trabajar

El sistema y tejido productivo actual va a estar sometido a cambios y presiones: unos sectores van a desaparecer, otros nuevos se van a crear, y en esos casos hay que asegurar que sean de calidad. Resulta indispensable asegurar que las y los trabajadores no van a sufrir, como está sucediendo ahora con esos cambios.

El mantenimiento y la creación de los puestos de trabajo cada día estarán más ligados a que la actividad de las empresas sea sostenible. Impulsar los sectores antes mencionados salud, cuidados, educación… resulta vital para asegurar el bienestar social y es fuente de trabajo.

* SUPRESIÓN DE LAS ETTS Y POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO * Orientar la producción hacia la satisfacción de las necesidades sociales básicas, a la ampliación y mejora de los servicios públicos, a la restauración ,defensa y mejora de los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales. * Por un Plan Integral de Empleo Público que cubra al 100% las necesidades del sector público. * Frente a la nueva ofensiva patronal contra los trabajadores y trabajadoras a través de los EREs y los despidos masivos, ha de establecerse la PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS EN LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS. Asimismo, exigimos el pago por los empresarios y directivos –con su patrimonio personal y familiar- de las deudas contraídas en los sectores en crisis, incluyendo la garantía de recolocación de todas las personas afectadas y sin disminución de salarios, y su reconversión a cargo del Estado y bajo control obrero y social. * Abolición del despido libre mediante la prohibición de los despidos improcedentes. Reducción radical de la temporalidad en la contratación laboral mediante la consideración de la contratación indefinida como norma y la eventual como excepción. Todo ello en la línea de converger con las políticas sociales mas avanzadas de la UE. * Reconversión de la industria militar y de sectores en crisis, como los del automóvil y la construcción, con garantía de empleo para todos y todas y bajo control de los trabajadores, con el fin de dedicarlos a producir bienes que satisfagan necesidades sociales y sean sostenibles ambientalmente. * Promoción desde la administración pública de la recuperación de empresas en crisis por los/las trabajadores/as para convertirlas en cooperativas laborales al servicio de necesidades sociales. * Derogación de la Directiva europea de la jornada laboral: REDUCCIÓN DE LA SEMANA LABORAL A 35 HORAS, acompañada de medidas para una racionalización de horarios compatible con la conciliación entre los distintos tiempos de trabajo y de vida y la SOCIALIZACIÓN DEL CUIDADO y su dignificación en tanto que servicio a recibir y trabajo a realizar. * SALARIO MÍNIMO DE 1.200 EUROS en el Estado español, incremento de los sueldos más bajos y establecimiento de un tope máximo para los más altos; derecho a un INGRESO SOCIAL EQUIVALENTE AL SALARIO MÍNIMO para todas las personas desocupadas, incluida la población inmigrante con residencia estable, con o sin papeles, así como aquellas personas sin medios suficientes (como los sectores de trabajadores autónomos afectados por la crisis) para poder vivir, en el camino hacia la instauración de una RENTA BÁSICA UNIVERSAL. * Armonización de salarios y derechos sociales hacia arriba en el conjunto de la UE. Como norma igualitaria habría de remunerarse de manera igual todo trabajo y empleo de valor equivalente, partiendo de antemano de políticas y conductas favorables a la promoción de la plena corresponsabilidad de los hombres respeto a las tareas domésticas y de crianza, la diversificación ocupacional de las mujeres, y la implantación de reglas objetivas y transparentes en la promoción laboral que impidan cualquier tipo de discriminación de la mujer. Equidad de género en el fomento del empleo y la protección del desempleo. * Jubilación a los 60 años y, en el Estado español, derecho a una pensión mínima de 1.000 euros. * DEROGACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE “RETORNO” CONTRA LOS INMIGRANTES, CIERRE DE LOS CIES y desmantelamiento del FRONTEX y de las vallas fronterizas en el Norte de Africa. Derogación de la Ley de Extranjería, despenalización del “top manta” y, frente al nuevo proyecto de reforma de esa ley, defensa del derecho a la hospitalidad para las personas “sin papeles” y derecho a una tutela efectiva y atención integral por parte de los MENA. Reconocimiento pleno del derecho a la libre circulación y residencia. * POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO. Teniendo en cuenta que, fruto de la opresión de género, son las mujeres las que más sufren la precariedad en el mundo laboral (en forma de trabajo parcial y temporal y discriminación salarial entre otros factores), hay que tomar medidas contundentes para alcanzar una igualdad de género real en el mercado laboral sin que ésta desemboque en un deterioro de las condiciones laborales de los hombres a favor de las mujeres, sino que resulten en una equiparación universal de derechos al alza. Por ello exigimos: * Equiparación inmediata de los salarios; * Prohibición de los horarios flexibles impuestos; * Reducción del trabajo nocturno para las mujeres y los hombres a los empleos que cubren necesidades sociales básicas; la dureza de estos trabajos debe ser compensada con una jornada inferior y con la anticipación de la jubilación; * Supresión del trabajo parcial impuesto * Paridad en las diferentes ramas profesionales y en los órganos de dirección y representación de los/las trabajadores/as en las empresas * Erradicación de la discriminación salarial: a igual trabajo de igual valor, igual salario * Potenciación del papel de la Inspección del Trabajo en la vigilancia y sanción de la discriminación laboral de las mujeres en las empresas.

1.2.La importancia de lo público: bienes y servicios ambientales y sociales a. Bienes y servicios ambientales

El buen vivir implica necesariamente redistribución y acceso a los bienes y los servicios, e implica condiciones de trabajo y de vida digna, pero ello por sí solo no es suficiente. La posibilidad de universalizar el buen vivir depende también de la disponibilidad de bienes y servicios brindados por los ecosistemas. Nuestro planeta tiene límites naturales que dejan claro que no es posible pensar en un crecimiento ilimitado.

Los recursos naturales (agua, biodiversidad, bosques…) son de todas y todos, por ello es fundamental asegurar una gestión pública, participativa y con control social de los mismos. Además de las siguientes propuestas:

* Desarrollar una política activa de protección del territorio, desde una mayor protección cuantitativa y cualitativa de los espacios naturales, hasta una protección de los espacios agrícolas (como tales), de los territorios necesarios para la preservación de los recursos hídricos, o incluso del territorio sin uso productivo aparente. Pasar de la necesidad de justificar la protección de un territorio a justificar la necesidad de desprotegerlo para destinarlo a un uso artificial o urbano. * ESTABLECIMIENTO DE UN DERECHO GENERAL, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADO, A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, como garantía de efectividad de los derechos fundamentales. * Constitucionalizar el derecho a la conservación del patrimonio ecológico como condición de existencia de una convivencia social integrada con los ecosistemas que la albergan. * La gestión de los servicios públicos es responsabilidad de la población beneficiaria. Las modalidades de gestión de los mismos deberán compatibilizar este principio con la garantía de la universalidad, su financiación con criterios progresivos y redistributivos y la continuidad en su prestación. * Refuerzo de la capacidad fiscalizadora y sancionadora de los organismos comunitarios en las infracciones contra la Red Natura 2000. Endurecimiento de la Directiva Hábitats (art. 6) para impedir las actuaciones incompatibles con su conservación.

Sin olvidar a las especies animales:

* POR UN TRATO DIGNO A LOS ANIMALES. ABOLICIÓN DE LOS FESTEJOS CON MALOS TRATOS A LOS ANIMALES. No a la Tauromaquia. Hacemos nuestra la propuesta de “mínimos” que se formula para los Primates en el “Proyecto Gran Simio” y defendemos su derecho a la vida y a la libertad.

b. Bienes y servicios sociales

De la misma forma que los recursos naturales, existen bienes y servicios sociales que deben ser gestionados de forma pública, participativa y con control social, puesto que són de interés común y es la única manera de asegurar un acceso universal y equitativo.

* DERECHOS SOCIALES PARA TODOS Y TODAS. SERVICIOS 100 % PÚBLICOS. Paralización de los procesos de privatización de servicios públicos –sanidad, educación, agua, pensiones- y retorno al sector público, bajo control social, de los ya privatizados. Por servicios públicos en el mundo rural que permitan una vida digna a sus habitantes. Por un Servicio de Salud de titularidad, financiación, gestión y provisión pública, basado en una Atención Primaria de Salud Integral y en la participación y control de la población; de acceso universal y planificación orientada a las necesidades de salud, dirigida a disminuir el impacto de las desigualdades de clase, género y etnia o nacionalidad. Titularidad y control públicos de la industria farmacéutica. * Derogación de la directiva europea Bolkenstein de liberalización de servicios. * CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA BAJO CONTROL SOCIAL, dando prioridad a los préstamos, con tipos de interés mínimos, para cubrir necesidades sociales y ambientales y para promover la economía social alternativa y solidaria. Reapropiación pública de la banca privatizada –y no su recapitalización mediante la socialización de las pérdidas- y retorno a su función social de las Cajas de Ahorros, bajo control social de trabajadores y usuarios. * Derogación inmediata de todas las jurisdicciones off shore y de todos los paraísos fiscales. Supresión de las filiales de bancos de la UE (como BBV y Santander) y de las multinacionales (como Telefónica) en “paraísos fiscales” y supresión de los que existen dentro de la UE (Luxemburgo, Chipre, Malta, Holanda, City de Londres...), expropiando los fondos producto de la evasión fiscal, en el camino hacia la eliminación urgente de todos los “paraísos fiscales”.

Todo ello destinado a ir avanzando hacia una PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA de otro modo de producir, distribuir y consumir (rompiendo con la cultura productivista y consumista dominante y garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de la población), 1.3.Energía: renovable y sostenible. Contra el cambio climático

Avanzar hacia una matriz energética de 100% renovables:

* EXPROPIACIÓN, sin indemnización y bajo control social, DEL SECTOR ENERGÉTICO, con el fin de someterlo a una planificación democrática * Vuelta a la presencia de los poderes públicos al mundo de la energía. Evidenciada en el retorno a la planificación con participación social en las actividades de generación eléctrica y en la adquisición de hidrocarburos. Supeditación de los mecanismos de mercado a la lógica social. * Enfoque de demanda en dicha planificación. El interés de una sociedad racional es consumir el mínimo de energía posible para conseguir la satisfacción del máximo de los servicios. Los segundos son los que proporcionan, dentro de ciertos márgenes, el bienestar material, mientras que la energía es un coste económico y un factor de generación de impacto ambiental. * Sostenibilidad ambiental y social del suministro energético. Reducción unilateral de las emisiones de gases de efecto invernadero en la cuantía y al ritmo necesario para mantener el cambio climático dentro de los límites tolerables. Rechazo a las tecnologías de riesgo como las centrales nucleares. NO A LAS NUCLEARES.Apuesta por el ahorro, el uso eficiente de la energía y la promoción de las fuentes renovables. Empleos estables en las actividades energéticas y precios del suministro que no excluyan a nadie del suministro energético básico y que penalicen el consumo superfluo. * NO A LAS CENTRALES TÉRMICAS

Demandas más concretas:

* Nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos. Explotación unificada bajo control social de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos. * Vuelta a la consideración de servicio público para el suministro de electricidad y de hidrocarburos para canalizados por red para el sector doméstico. * Planificación energética pensada desde un enfoque de demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos energéticos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables. * Transferencia tecnológica hacia los países pobres para contribuir a una limitación de sus emisiones de gases de invernadero en condiciones ventajosas y proyectos de mitigación de sus efectos como pago de la deuda ecológica contraída. * Renuncia a la construcción de nuevas centrales nucleares en Europa y preparación de un plan de desmantelamiento escalonado pero rápido de las que ahora funcionan. Renuncia a trasladar residuos radiactivos a países empobrecidos. * COMPROMISO A ESCALA EUROPEA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UN 40 % PARA 2020 CON RESPECTO A LOS NIVELES DE 1990. Reducción del consumo de energía primaria en la UE en un 30 % en 2020 con respecto a los niveles actuales. Plan europeo de suministro energético que tienda a basarse en un 100 % en energías renovables. Moratoria sobre todas las grandes redes europeas de transporte de energía hasta reevaluar su sostenibilidad.

Por una nueva CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA SUFICIENCIA que cuestione el fetichismo del “crecimiento” económico basado en el PIB y actúe sobre la demanda y el consumo, incluyendo la restricción drástica de la publicidad en los medios de comunicación tanto públicos como privados.

1.4.El agua es un bien común, no una mercancía

La privatización de este bien básico para la vida impide su acceso universal en condiciones de salubridad y, por tanto, no respeta el Derecho Humano al Agua.

Proponemos cambios que permitan una gestión del agua respetuosa con el medio ambiente, racional, eficiente y socialmente justa: eliminar los vertidos, depurar las aguas, detener el consumo irracional en la agricultura y el turismo, respetar los caudales ecológicos y restaurar las riberas, recuperar los acuíferos y buscar soluciones sociales y ambientales mediante políticas de gestión de la demanda de agua y precios adecuados a sus usos. Algo que sólo se puede conseguir gestionando el agua como bien común y como el recurso imprescindible para la vida que es.

Por eso rechazamos su privatización y reivindicamos su Gestión Pública bajo control social. 1.5. Agricultura y medio rural: por una reforma agraria radical, por la soberanía alimentaria, por la alianza entre trabajador@s del campo y consumidor@s

El futuro de la agricultura, la alimentación y el medio rural nos incumbe a todas y todos, trabajadores y trabajadoras del campo, consumidoras y consumidores:

A) Ante la despoblación y el desempleo:

* Incentivar la vuelta voluntaria al campo, para lo cual el Estado debería hacerse con tierra pública y cederla a quienes quieran trabajarla en usufructo, dando preferencia a los jornaleros en el acceso a la tierra y a las cooperativas. * Dotar de infraestructuras al medio rural, facilitar el acceso a una vivienda digna, penalizar los atentados contra la naturaleza, elaborar un programa de agroindustrias artesanales y faciltiar créditos accesibles

B) Ante el desmantelamiento de la cultura campesina:

* Fomentar la educación e investigación pública que tenga como referencia los policultivos y el modo de producción agrecológico * Favorecer el intercambio de información entre productores y consumidores * Implementar la recuperación de las semillas autóctonas frente a la colonización y la dependencia actuales de las grandes multinacionales * Facilitar el intercambio con otros pueblos, otras culturas y otros métodos de producción agroecológicos

C) Ante la destrucción del tejido productivo:

* Prohibición de los cultivos transgénicos en toda la UE * Implementar programas productivos que nos lleven a la soberanía alimentaria

D) Ante el control del comercio agrícola:

* Creación de un marco legislativo que regule la comercialización agroalimentaria de forma adecuada, que controle el establecimiento de precios y márgenes y penalice la manipulación y el control de la comercialización por las grandes superficies * Potenciación de los mercados locales y comarcales para la venta directa productor/a consumidor/a, eliminando la actual normativa de etiquetaje que favorece a las grandes superficies * Facilitar con financiación la formación y proliferación de redes de consumo que sirvan para disponer directamente los productos al consumidor/a.

Con este programa se podrían crear 10 veces más empleos que con el actual modelo agroindustrial y se podría llegar a tener una alimentación y una vida más saludables, poniendo freno al deterioro alarmante del medio ambiente y garantizando el desarrollo y la sustentabilidad del medio rural. La financiación para alcanzar todos estos objetivos saldría del actual presupuesto de la PAC pero revolucionando el modelo de reparto mediante una revisión profunda, al servicio de aquéllos y aquéllas que trabajan la tierra y a favor de un mundo rural vivo.

* Por una política que defienda el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a decidir qué comemos y qué producimos, que la tierra, el agua, las semillas, en definitiva, los recursos naturales, estén en manos de las comunidades. * No a los trangénicos, no a las patentes sobre los seres vivos, no a los agrocombustibles, no a las grandes cadenas de distribución que explotan a los campesinos, productores, trabajadores y consumidores. * Creación de una Red de espacios agrícolas de valor estratégico, similar a la Red Natura 2000. * Por una política agraria que controle los precios, y promueva precios al productor adecuados a los costes de producción, controlando la plusvalía desde el origen hasta el consumidor final. * Una reforma agraria que expropie a los latifundistas sin indemnización y, bajo titularidad pública, dé la tierra a quienes la trabajan a través de cooperativas, promoviendo instrumentos que favorezcan una agricultura -y ganadería- productiva y acabando con los monocultivos insostenibles que no producen alimentos para la población. Para ello resulta imprescindible una coordinación con una política sectorial agrícola basada en la soberanía alimentaria, la agricultura ecológica, y la reconstrucción de los mercados y circuitos locales y regionales de producción-consumo; y con una política sectorial energética basada en el ahorro energético, las fuentes renovables y una distribución territorialmente equilibrada de las externalidades negativas de la producción y distribución energética. * Promoción de cooperativas y creación de empresas públicas que favorezcan la distribución y comercialización de los productos ecológicos, que promueva un consumo responsable y no elitista. * Fuera la agricultura y la alimentación de la OMC.

1.6.Infraestructuras, transporte y territorio: el cemento no es el fin

Las políticas de ordenación del territorio deben basarse la Planificación y en la coordinación con las necesarias planificaciones sectoriales (agrícola, productiva, energética). Esta planificación debe pasar del crecimiento a la gestión como principio rector: ya hay suficientes infraestructuras y viviendas, lo que hay que hacer es optimizar su uso, es decir no solo detener la progresión de infraestructuras nocivas, sino también "reconvertir" algunas de las existentes y gestionarlas con criterios de equidad.

Una política de infraestructuras debe basarse en la gestión de la demanda (reducción de las necesidades de transporte) y no en el incremento perpetuo de la oferta (planes de infraestructuras). Cada proyecto debe ser evaluado en función de su estricta necesidad social y del estudio exhaustivo de sus impactos de todo tipo. La inversión pública (especialmente fondos UE) deben centrarse en aquellos medios de menor impacto ambiental y mayor equidad social: un ferrocarril social que realmente vertebre el territorio frente al modelo elitista de la alta velocidad, las autovías o el tráfico aéreo. Igualmente debe primar el mantenimiento y la optimización del uso de las infraestructuras existentes frente a la ampliación o a la construcción de otras nuevas.

Algunas medidas:

* Establecer la obligación de un planeamiento territorial vinculante a nivel de estados miembros y regiones europeas. Los criterios que regirán dicho planeamiento serán la sostenibilidad ambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos naturales y la reducción de las necesidades de transporte. Evitarán la descentralización descoordinada de actividades y los crecimientos aislados en el territorio, apostando por el crecimiento en continuidad y el fortalecimiento de las ciudades pequeñas y medianas frente al de las grandes urbes. * Directiva europea sobre planeamiento urbanístico. Las plusvalías generadas por decisiones públicas, como el planeamiento urbanístico, revertirán únicamente en el erario público (España es una relativa anomalía, donde únicamente es el 10% lo que revierte a la colectividad), para impedir las tensiones especulativas sobre el suelo. * reducir la presión sobre los ecosistemas del litoral, penalizando las nuevas actividades que impliquen incremento de la ocupación y la artificialización, las demandas de agua y los vertidos domésticos e industriales. Plan de defensa y recuperación del dominio público marítimo terrestre que incluya acciones expropiatorias por ocupaciones irregulares * Moratoria de nuevas infraestructuras de transporte (viarias, portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de alta velocidad). * Reevaluación de los proyectos de infraestructuras en marcha y abandono o reconversión de aquellos que sean considerados innecesarios o destructivos (p.e. del TAV a la modernización de líneas ferroviarias existentes, de las autovías metropolitanas a la mejora del transporte público urbano, etc). * Obligación de redacción de Planes de Movilidad Sostenible en las regiones metropolitanas, priorizando la reducción de desplazamientos, los medios no motorizados y el transporte colectivo. * Suspensión de la financiación comunitaria (ya sea UE o BEI) a la inversión en infraestructuras, y redirigirla prioritariamente a gasto social, y de forma subordinada, a la inversión productiva con criterios sociales y ambientales fuertes o al mantenimiento de las infraestructuras ya existentes. * Internalización de costes en los distintos medios de transporte, de manera que sean proporcionales a sus costes e impactos reales (incluidos sus efectos sobre la seguridad y la salud públicas). Fin de la excepcionalidad fiscal del combustible en el tráfico aéreo. Armonización fiscal por arriba de los combustibles en los estados miembros. * Moratoria del sector logístico (nuevas plataformas, infraestructuras) previa a una redefinición profunda del modelo de producción y distribución industrial y alimentaria, basada en la planificación, la austeridad, autosuficiencia y la reducción de las necesidades de transporte. * Fin de las exenciones fiscales del tráfico aéreo (combustibles, etc) e imposición de nuevas tasas * Coordinación con las políticas (futuras) de planificación de la producción agrícola e industrial, para reducir drásticamente las necesidades de transporte.

1.7. Vivienda: derecho a techo

* Impulsar políticas de vivienda que respondan a un cambio de modelo, desde el actual basado en la producción masiva de viviendas de nueva construcción como motor de una economía especulativa y financiarizada, a un modelo basado en la rehabilitación y la gestión con criterios sociales de la vivienda ya construida, encaminada a satisfacer el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. * CONTRA EL FRAUDE INMOBILIARIO: Por el derecho a una VIVIENDA DIGNA: socialización del suelo y EXPROPIACIÓN DE LAS VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER SOCIAL; ningún alquiler superior al 20 % del salario medio, no a los desahucios. * Promover el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la propiedad y la nueva construcción, protegiendo el inquilinato mediante el control de los precios de los alquileres y la lucha contra la discriminación xenófoba de los propietarios en su acceso al aquiler. Las desgravaciones fiscales por compra de vivienda deben prohibirse en toda la UE. * Penalización de las viviendas vacías, para impedir la especulación. Creación de una definición jurídica clara de las mismas a escala europea y obligación a los estados miembros de constituir ’registros de las viviendas que incumplen su función social’. Extender la despenalización de la okupación, actualmente despenalizada en varios estados miembros. * Cambiar la política de vivienda protegida, encaminada a crear un patrimonio público de vivienda social fuera del mercado, inenajenable. Obligación de unificar los criterios y las listas para el acceso a la vivienda protegida, y obligar a que sean protegidas de por vida, sean de alquiler o en propiedad. * Moratorias urbanísticas en aquellos estados miembros o regiones con gran número de viviendas vacías o suelo urbanizable sin desarrollar.

1.8. Consumo crítico: que el consumo no nos consuma

Promover servicios en vez de productos, es decir, modificar nuestros patrones de consumo y producción implicaría el cambio de la venta o suministro de productos a la venta o suministro de servicios. Un ejemplo claro de ello es el sector del transporte. Un ciudadano no necesita un coche, necesita poder trasladarse, por ejemplo, de su casa a su trabajo. En ese caso, el cambio se realizaría dejando de lado la venta de automóviles, para dar lugar a una venta de un servicio que garantice la movilidad del ciudadano.

Promover el consumo de productos responsables a través de:

* Dar valor a las características del producto y despretigiar la marca * Establecer políticas que favorezcan el consumo de productos locales y circuitos de cortos de comercialización. * Favorecer el consumo de productos de temporada y ecológicos * Asegurar la transparencia informativa * Asegurar una regulación más estricta en temas de etiquetaje.

Objetivo: restricción drástica de la publicidad comercial en todos los ámbitos

La publicidad estimula falsas necesidades, es una dimensión indispensable del capitalismo y, además, se apoya en muchas ocasiones del uso de lo sexual con una perspectiva patriarcal y heterosexual para la venta de sus productos. El sistema de publicidad ha invadido todas las esferas de vida humana en las sociedades capitalistas modernas: no sólo la nutrición y el vestido, sino los deportes, la cultura, la religión y la política se configuran según sus reglas. Es más, la publicidad gasta una cantidad de recursos en una rama de "producción" que no sólo es inútil, desde un punto de vista humano, sino directamente en contradicción con las necesidades realmente sociales. 1.9. Cuidados: el derecho a cuidar y ser cuidado/a

Habida cuenta de la histórica identificación del trabajo de cuidados como responsabilidad de las mujeres y la falta de responsabilidad pública y social a la hora de de asumir esta actividad, es necesario tomar medidas tanto para garantizar la asunción de la responsabilidad del cuidado por parte de los gobiernos como una socialización de dicha actividad, la cuál necesariamente pasa por dejar de identificarla como “cosa de mujeres”.

* Creación de la Directiva Europea del Cuidado Universal, que garantice el acceso al cuidado público gratuito de calidad a todas las personas en situación de autonomía restringida. * Esta Directiva ha de obligar a los estados miembro a aprobar legislación que garantice estos derechos y a destinar todos los recursos necesarios para llevarla adelante. * El desarrollo de equipamientos sociales para facilitar la vida cotidiana de las mujeres y del conjunto de la sociedad. * Una gran red de servicio público y gratuito de cuidado infantil abierto las 24 horas, dotado de personal mixto. * Creación de casas de infancia pública y gratuita que integren guarderías y parvularios. * Una gran red de servicios públicos que integre también la ayuda a domicilio de calidad y gratuitos para las personas en situación de dependencia. * La puesta en marcha de una educación no sexista en las escuelas y en los institutos y la formación específica contra la violencia machista * Control exhaustivo del sexismo en la publicidad y los medios de comunicación. * Campañas de sensibilización social * Legislación que garantice las condiciones laborales de los cuidadores y cuidadoras a la par que las de todas las trabajadoras.

1.10. Educación: pública y de calidad

Hacemos nuestra lo afirmado en la “Declaración del Foro Social Mundial de Porto Alegre” y entendemos “La educación pública para todos como un derecho social inalienable, garantizada y financiada por el Estado, que no se puede reducir a la condición de mercancía”.

La educación es un derecho universal, no una mercancía. No es una preparación para el mercado (de trabajo) aunque pueda ser también cualificación profesional. Es un proceso de socialización, de construcción de cultura (es decir de apropiación y re-creación), de participación en una tradición cultural que entendemos como algo vivo y de desarrollo de un pensamiento crítico. Es un espacio privilegiado en el que establecer vínculos sociales y tender puentes entre las distintas generaciones. Un espacio de respeto, tolerancia y mutuo aprendizaje. Valores opuestos a los que los que el capital asigna a la escuela: instrumento básico para aceptar las leyes del mercado, interiorizar valores como competitividad y un despiadado darwinismo social, domesticar cualquier asomo de rebeldía... Lo que hoy en día se denomina la “cultura del esfuerzo”.

La educación no es un negocio privado, es un bien público. En el Estado Español, y cada vez en mayor medida en el ámbito de la UE, se va confinando la Enseñanza Pública a una labor asistencial, de atención al alumnado más desfavorecido; las escuelas públicas se convierten en guetos, afrontando unas condiciones cada vez más insostenibles, ejerciendo una labor de control social de una juventud desestructurada y , a la vez, de trasmisión de una “mínima” cultura general que perpetúa la marginación social permitiendo la incorporación, en el mejor de los casos, a los escalones más bajos del mercado laboral en condiciones de extrema precariedad (o directamente a engrosar las filas del paro).

Defendemos una enseñanza en libertad. Una escuela pública, laica, donde se enseñe y practique la tolerancia pero en el que se excluya cualquier tipo de adoctrinamiento, y por supuesto el religioso, una escuela para la que la coeducación es principio irrenunciable, con recursos suficientes, de todos y para todas y todos, que fomente la igualdad, la solidaridad, el respeto mutuo, la aceptación de las diferencias, la superación de cualquier discriminación... El adoctrinamiento religioso no debe estar presente en la escuela, las clases de religión deben salir de la misma

Por ello exigimos:

* Que ni un solo euro de dinero público se dedique a la escuela privada, no a los conciertos educativos, desaparición de la enseñanza concertada; que no se ceda suelo público para colegios privados, ni un metro cuadrado de suelo público para regalo a los negocios de la escuela privada. El dinero de todos es para la enseñanza de todas y todos. * Gratuidad absoluta de la Escuela Pública desde la educación preescolar a Primaria, Secundaría y Universidad. La educación es un derecho, no una mercancía. * Supresión de todo tipo de ayudas y control de los centros privados cuyo ideario pueda suponer el adoctrinamiento del alumnado. El estado debe garantizar una enseñanza en libertad, respetuosa con las creencias individuales y el libre pensamiento, pero no financiar ni autorizar centros en los que se adoctrina al alumnado. Frente al derecho, al parecer sacrosanto, de los padres a que la escuela eduque en sus creencias a sus hijos, se alza el derecho de todas y todos (y en particular de los más jóvenes) a recibir una educación que a nadie excluya y que permita el desarrollo libre y solidario de las personas. * NO AL PLAN BOLONIA: Por una Universidad Pública y de calidad, al servicio de las necesidades de la población y no del mercado y de la precarización laboral. Por una política cultural que favorezca la creación artística desmercantilizada, el copyleft y los medios de comunicación alternativos frente a las multinacionales multimedia.

Frente al beneficio privado y el adoctrinamiento ideológico está lo que debe hacerse realidad cada día en la escuela: la esperanza y la certeza de construir entre todas y todos un futuro, que por ser público, a todos pertenezca; en el que nos podamos reconocer como libres e iguales. 1.11. Sanidad: prevenir y no sólo curar.

El derecho a la salud, en tanto que derecho universal y bien de primera necesidad, ha de ser garantizado para todas las personas que vivan en el planeta y por ende en la Unión Europea mediante políticas públicas que desarrollen sectores públicos con el objetivo de contribuir a una redistribución de las rentas de arriba abajo y a una disminución de las desigualdades sociosanitarias que incidan positivamente en los niveles de salud y bienestar de las poblaciones.

Para garantizar una atención sanitaria de calidad cada Estado deberá garantizar a toda la población una cobertura universal, equitativa y gratuita en el acceso a unas prestaciones sanitarias homogéneas. La financiación de los sistemas sanitarios se realizará solidariamente –atendiendo a los niveles de renta- a través de unos presupuestos públicos suficientes y estables.

Las correspondientes administraciones sanitarias deberán planificar democráticamente, con la participación de trabajador@s y ciudadan@s medidas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria, en base a las necesidades que en materia de salud tengan las diferentes poblaciones.

La gestión y provisión de los servicios sanitarios deberá ser pública.

Los servicios de salud girarán en torno a una atención integral a la salud de las personas primando los aspectos de prevención y promoción de la salud, junto a la atención a las pérdidas de salud y a la enfermedad, así como a la rehabilitación. Todo ello unido a un mayor desarrollo del primer nivel asistencial como es la Atención Primaria de Salud.

Entre las prestaciones sanitarias que los sistemas sanitarios públicos proveerán gratuitamente se contarán los fármacos esenciales.

Propugnamos la necesidad de un sistema de Atención Pública y Comunitaria de Salud Mental. Contra la privatización y fragmentación de los servicios de salud mental, apostamos por el desarrollo de redes de salud mental comunitaria donde el eje principal sea el centro de salud mental. Asimismo, exigimos el cierre de los psiquiátricos penitenciarios y de los centros residenciales de tipo manicomial. 1.12. Cultura, ciencia y tecnología: crear para compartir

La creación literaria y artística es un ejercicio de libertad: una mirada crítica sobre la sociedad y a la vez la constatación de que son posibles una plenitud y una belleza que nos pertenecen y a las que no podemos ni debemos renunciar. La plasmación de que otro mundo es posible: territorio de palabras y formas ajenas a la lógica del mercado, a la tiranía de la mercancía. Crear es ir al encuentro del otro, escuchar, abrir espacio, establecer vínculos. Compartir; es decir partir con los otros en un viaje que es siempre descubrimiento y asombro y también partir, con los otros, el pan de una libertad necesaria y posible.

Este proceso el capital lo fetichiza, lo reduce a mercancía. La creación (de un espacio de disidencia y libertad) se transforma en bienes de consumo aptos para su comercialización. La crítica es domesticada, la plenitud o belleza, la sátira brutal, la subversión de códigos, la distorsión, destrucción o creación de lenguajes... todo ello pasa a ser expuesto, bien clasificado y domesticado, en el gran supermercado de la cultura.

Frente al mundo cosificado de la mercancía afirmamos que los bienes culturales son de todas y todos, son gratuidad, donación: “ El capital quiere hacernos creer que somos lo que vendemos. Pero somos lo que regalamos”. La creación artística, que exige como condición inexcusable la libertad, debe de poder llegar libremente a sus receptores. Ningún presupuesto ideológico debe condicionarla, pero no puede ni debe estar a expensas de los condicionamientos del mercado. Sólo la libre circulación de los bienes culturales permitirá su goce y disfrute por amplias capas de la población. Es en este espacio de libertad en el que podemos re-descubrir lo real, experimentar el asombro, inventar palabras, formas y gestos que digan la verdad de otro mundo posible.

Un arte no institucionalizado, no condicionado por el mecenazgo empresarial ni por orientaciones gubernamentales. Un arte que atraviese la vida cotidiana, que salga a las calles, a los centros de trabajo, a los espacios de intervención ciudadana. Un arte crítico, revolucionario, que exprese de mil formas diferentes el NO necesario de las multitudes. Un arte no domesticado. Un arte que exprese el duelo y la celebración, la herida y el consuelo. 1.13. Por una política alternativa de la comunicación

A semejanza de la política de la representación, los medios de comunicación están sometidos a las leyes del espectáculo y la Bolsa. Las censuras de la información no se producen con la arcaica tachadura del lápiz rojo. Por un lado, se recurre a una selección del silencio: aquello que existe y es de interés general, pero no interesa a la línea editorial del medio de comunicación de turno, simplemente se obvia. Pero la más eficaz censura del sistema se produce por la vía de la inundación. Toneladas de noticias llegan hasta los ojos y los oídos de la población de manera instantánea y constante. Se hace imposible digerir tal cúmulo informativo, ni cribar el grano y separarlo de la paja para que llegue a la gente la información que importa, aquélla que proporcione las claves para las que puede forjarse un criterio cabal acerca de la realidad sociopolítica, cercana o planetaria.

La información es un derecho solamente proclamado. Para que pueda existir en la realidad lucharemos por:

* poner fin al poder de los grandes grupos multimedia sobre la información y la instrumentalización política de los medios * acabar con la precarización laboral que somete a las y los profesionales de la comunicación a los propietarios de los medios en los que trabajan * establecer medidas de control democrático sobre la gestión de los medios públicos y sobre la concesión de licencias al sector privado, con el fin de que los medios de comunicación no se transformen en instrumentos al servicio de los intereses de los sectores privilegiados, grupos económicos, gobierno, aparatos administrativos y/o direcciones de partidos políticos. * control social democrático sobre los medios de propiedad pública para garantizar la independencia informativa y la mejora constante de la calidad de los contenidos. Estos mecanismos de control han de servir al mismo tiempo para deshacer estructuras ociosas, eliminar privilegios y hacer desaparecer cualquier vestigio de clientelismo * garantía por parte de los Estados a los distintos colectivos sociales de la posibilidad efectiva de comunicar a través de los medios con programas de calidad, gestionados por los propios movimientos sociales y realizados con los profesionales y los medios de producción necesarios * el acceso a las nuevas redes de comunicación ha de ser concebido como servicio público y, por tanto, también han de ser públicos la propiedad sobre los sistemas de conexión por cable y los mecanismos de explotación de las frecuencias digitales * gratuidad de todas las conexiones y mejora sustancial de los anchos de banda (garantizando mediante una Directiva Europea el acceso mediante banda ancha como servicio universal), así como defensa de la utilidad social de las nuevas redes y de sus capacidades interactivas, frente a las restricciones impuestas por los grandes grupos mediáticos y las corporaciones financieras

Para avanzar hacia este conjunto de objetivos nos comprometemos a potenciar la colaboración en todos los terrenos (técnicos, económicos, editoriales...) ente medios de comunicación alternativos, condición necesaria para conseguir una influencia social frente al poder, hasta ahora incontestado, de los medios de comunicación convencionales. 2. ¿Cómo lo queremos hacer? 2.1. Con derechos y libertades

a. Sexuales y reproductivos

Aborto libre y gratuito

* Exigimos el aborto libre y gratuito porque la decisión sobre sus cuerpos y sus vidas es un derecho fundamental de todas las mujeres. El aborto ha de ser libre porque debe ser una práctica normalizada dentro del sistema sanitario y no un tabú, y porque lo que no puede ser en ningún caso es un delito, como ocurre en el Estado español y que en muchos lugares obliga a las mujeres a la clandestinidad, con los riesgos que ello implica. Reclamamos el aborto libre poque deben ser las mujeres quienes decidan en última instancia si pueden o no llevar un embarazo adelante. La maternidad ha de ser también libre y deseada, y por ello es imprescindible una educación sexual y afectiva, honesta y sincera, para evitar embarazos no deseados.

* Reivindicamos también aborto gratuito para que sea accesible para todas las mujeres que lo requieran, sin que dependa del estatus social o de los recursos económicos. Para ello es imprescindible que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo pueda realizarse en los centros públicos y que se regule la objeción de conciencia, además de una legislación que no implique el desamparo legal actual para el personal facultativo. Pero no sólo la Interrupción Voluntaria del Embarazo debe ser accesible sino que también los métodos anticonceptivos deben integrarse en el sistema sanitario público, incluidos los de última generación.

* Ahora que se está discutiendo la modificación de la Ley en el Estado español y que éste en el primer semestre de 2010 tendrá la presidencia de la Unión Europea, es el momento de impulsar una campaña por una legislación homogénea para todo el territorio comunitario, de forma que se eliminen las situaciones de discriminación existentes, que obligan a las mujeres a viajar de un país a otro para encontrar el país que le permita interrumpir su embarazo dentro de la legalidad. Por eso una candidatura anticapitalista que sea feminista no puede dejar de reivindicar el derecho a decidir de las mujeres: DESPENALIZACIÓN TOTAL DEL ABORTO: derecho al aborto y a la contracepción libre y gratuitas a cargo de la Sanidad Pública. Derecho a las prestaciones sanitarias públicas para la maternidad y reproducción asistida sin límite de edad, territorio, orientación sexual o modelo familiar.

Liberación sexual y derecho al propio cuerpo

* Exigimos el pleno respeto a todas las opciones sexuales. Por el derecho a una educación afectivo-sexual igualitaria. Asimismo, reclamamos la promulgación de directivas comunitarias que obliguen a todos los Estados miembros de la Unión al cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales en la U.E., de modo que todos los estados recojan en sus respectivos ordenamientos jurídicos normas que hagan realidad el derecho de todos los ciudadanos a un trato idéntico con independencia de su orientación sexual, y pongan fin a la discriminación hacia las personas LGTB+. * La aprobación de una declaración de reconocimiento de los derechos de las personas LGTB+ como derechos humanos. * La completa supresión de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término “grupo de riesgo” en alusión al colectivo de gays, lesbianas y transexuales. * La retirada o denegación de cualquier ayuda o subvención por parte de la Unión Europea y de las administraciones públicas de los Estados miembros a aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de homo o lesbofobia. * El pleno derecho a la libertad de movimiento y de asilo. La modificación de la directiva europea 2004/83/EC, donde se establecen las normas relativas a los requisitos para la concesión “asilo”, en este contexto asilo por cuestiones sexules y de género, donde se define el término “refugiado” como “nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social” es una definición ambigua para las personas LGTB+, por ello exigimos la inglusión de “exiliado sexual” en dicha directiva. * La gratuidad de los procesos completos (tratamientos quirúrgicos, hormonales y endocrinológicos, plástico-estéticos y de apoyo sicológico), de cambio de sexo y su inclusión en la Sanidad Pública de cercanía de todos los países de la U. E. * La normalización de la transexualidad, que incluya programas y medidas orientadas a favorecer su integración social y laboral y a combatir el rechazo y la discriminación que sufren los y las transexuales.

b. Laicidad

* separación total de las iglesias y los Estados y exclusión de todo tipo de privilegios en todos los ámbitos de la esfera pública * expropiación del Patrimonio artístico de la Iglesia Católica y su paso a manos del Estado y paralización de concesiones de suelo público a instituciones religiosas para centros de enseñanza y proyectos como el “minivaticano” de Las Vistillas de Madrid

c. Sin discriminaciones para las personas con discapacidad

* Rechazamos la segregación y la discriminación de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral, de la vivienda, arquitectónico, sanitario, de ocio, sexual, cultural o político. Aspiramos a que cada persona tenga los apoyos necesarios para cubrir todas sus necesidades y poder llevar una vida autónoma.

d. Sin machismos

Es necesario seguir trabajando para poner fin a la violencia contra las mujeres:

* Por una ley europea contra las violencias de género; * Por un servicio público de acogida, de alojamiento y de protección para las mujeres víctimas de violencia; * Por el desarrollo del derecho a alojamiento, empleo y protección social para permitir a las mujeres salir de la violencia conyugal, todo tipo de explotación y los matrimonios forzados; * Equiparación de derechos para las mujeres inmigrantes independientemente de su situación legal; * Porque todos estos derechos sean implementados y absolutamente garantizados.

2.2. Por una democracia con mayúsculas

Otra política y otra democracia son posibles. Hacer verdad esta afirmación exige asumir unos compromisos muy concretos que la hagan creíble para la ciudadanía. El desprestigio de la llamada “clase política” en su sentido más amplio (partidos, sindicatos mayoritarios, organizaciones dependientes de subvenciones gubernamentales...); su sistemático desprecio de aquellos a quienes dicen representar, el dar la espalda a la gente, el autismo de que hacen gala, su estar instalados en una realidad y un discurso autosuficientes y desvinculado de la realidad... han llegado a un límite extremo.

Presionando por la puesta en pie de estas y otras medidas democratizadoras y respetuosas de derechos y libertades fundamentales en todas las esferas, podremos ir avanzando hacia una democracia al servicio de la transformación y la emancipación social, que tienda a basarse en la autoorganización y la autogestión de los y las de abajo. Porque la democracia por la que luchamos ha de estar estrechamente unida a la superación del capitalismo y ha de basarse en el ejercicio constante por parte de la ciudadanía de un poder de control y decisión –a distintas escalas en función de las materias sometidas a debate- sobre todas las políticas que afectan a sus vidas. Esto último implica avanzar hacia la superación de las desigualdades básicas y un nuevo reparto de los tiempos que permita disponer del tiempo libre necesario para poder ocuparse de los asuntos comunes, deliberando y decidiendo colectivamente.

POR UNA DEMOCRACIA RADICAL, REPUBLICANA, LAICA, DE INICIATIVA, DE CONTROL Y DECISIÓN empezando por la adopción de medidas como:

* derecho de voto a los 16 años para todas las personas con residencia estable; reforma de la legislación electoral en dirección a implantar un sistema de representación proporcional sin correcciones; sistema de listas cerradas y no bloqueadas, con la obligación de los y las representantes de rendir cuentas periódicamente de su gestión en audiencias públicas habilitadas al efecto; paridad de género en la representación política en todas las instancias * reforma de la normativa que ampare el ejercicio de derechos fundamentales, suprimiendo cualquier tipo de condicionalidad; derogación de la legislación “antiterrorista” (y supresión de la lista de organizaciones “terroristas”) de la UE; derogación de la Ley de Partidos vigente en el Estado español; En defensa de las libertades y contra la tortura; contra la dispersión y alejamiento de sus lugares de residencia de las personas presas * regulación amplia de la Iniciativa Legislativa Popular y del Referéndum ciudadano, sin exclusión de materias como el derecho a la libre decisión de los pueblos sobre su propio futuro o la forma de Estado, dando así pasos decisivos hacia la democratización radical frente a las trabas de los nacionalismos de Estado y a la supervivencia de instituciones ilegítimas como la monarquía

a. No a la profesionalización de la política, no a la corrupción

Existe un descrédito y una absoluta desconfianza hacia las formas de representación política a la vez que, en algunos sectores, la expectativa en la posibilidad de una mediación política diferente. Hay que alimentar la esperanza en una voz que sea fiel a los movimientos sociales, que sepa escuchar, que no traicione las luchas de los de abajo, que rinda cuentas, que no usurpe la voz de nadie... Para hacerlo creíble, más allá de una declaración de intenciones, parece necesario estar:

* CONTRA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA,CONTRA LA CORRUPCIÓN, OTRA POLÍTICA Y OTRA DEMOCRACIA EMANCIPATORIAS SON POSIBLES - La política ha de ser concebida como un compromiso voluntario con la transformación social y no como una profesión ejercida por elites políticas que aspiran a perpetuarse en el poder y en sus instituciones y son cada vez más vulnerables a la corrupción. Hacen falta otra política y otra democracia que fomenten la participación del conjunto de la ciudadanía y cuestionen una democracia formal y oligárquica de baja intensidad, limitada a la elección de representantes cada 4 años que no rinden cuentas ante su electorado: * LIMITACIÓN DE LA PERMANENCIA EN CUALQUIER CARGO PÚBLICO A NO MÁS DE 2 MANDATOS, aplicación estricta de su incompatibilidad con otras actividades remuneradas; por la austeridad en el ejercicio de la representación popular: NINGÚN SALARIO DE UN CARGO PÚBLICO SUPERIOR AL SALARIO MEDIO PÚBLICO. Compromiso formal por parte de todos las y los candidatos de rendir cuentas de su actuación ante los electores. En suma la firma por todos los candidatos /as de un compromiso de actuación en el que se especifique, de la manera más formal posible, las estrictas condiciones a las que se someterían en caso de ser elegidos: limitación de mandato, salario, rendición de cuentas ante los electores, declaración de nivel de ingresos, accesibilidad con su electorado, revocabilidad... * El compromiso de las y los representantes de IA será la rotación cuando se cumpla 1 legislatura y media, así como el rendimiento de cuentas público y regular –en períodos no superiores a 6 meses- mediante procesos participativos abiertos a su electorado..

b. Garantía de derechos para todos y todas

* RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS por parte de las instituciones del Estado, promoviendo medidas de vigilancia en las comisarías e interrogatorios, en su trato con los detenidos, evitando así posibles malos tratos y torturas. Disolución de las bandas fascistas y de los grupos paramilitares. * FINIQUITAR LA POLÍTICA DE DISPERSIÓN dentro la estrategia penitenciaria, que menoscaba los derechos de todos los presos de estar cerca de su lugar de origen o familiar, y rompe con la comunicación con el exterior para su nueva inserción social. * ACABAR CON EL REGISTRO FIES de presos (Ficheros de internos de especial seguimiento) que promueve conculcaciones de los derechos humanos a determinados presos indiscriminadamente, rompiendo con la igualdad de servicios, asistencia y educación. Buscando aun mayor aislamiento social, yendo más allá de lo que es la privación de libertad.

c. En la arquitectura institucional

* Pero ese nuevo camino hacia otra Europa tiene que partir de la necesaria DEROGACIÓN DEL TRATADO DE MAASTRICHT Y DEL PLAN DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO, así como de la PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE LISBOA, rompiendo así con el proceso de construcción actual. Como medida inmediata, la independencia del Banco Central Europeo debe ser suprimida para someterlo al control de los parlamentos europeo, estatales y nacionales y de las organizaciones sociales y ponerlo al servicio de planes alternativos frente a la crisis y a favor de la convergencia social y ecológica (mediante una armonización por arriba de los derechos y conquistas sociales alcanzados) y de la solidaridad con los pueblos del “Sur”.

Se debería abrir así un nuevo debate sobre la necesidad de emprender un verdadero proceso constituyente que parta del inmediato acceso a la ciudadanía plena de todas las personas residentes en territorio europeo. Pero para que ese proceso llegue a ser realidad será necesario, como está ocurriendo ya en América latina, un protagonismo creciente de las organizaciones sociales y populares, capaz de forzar una verdadera refundación de Europa en un sentido radicalmente democrático y anticapitalista 2.3.Nueva fiscalidad

* Reforma fiscal orientada por los objetivos de incrementar la presión fiscal –a través del aumento de los impuestos directos- sobre las rentas del capital, especialmente el inmobiliario. * Persecución del fraude y la evasión fiscales y responsabilidades penales para sus autores. * Por una política fiscal progresiva común a escala de la UE sobre las transacciones financieras (como el Impuesto Tobin), las grandes fortunas y las empresas transnacionales, así como sobre los altos salarios de cargos directivos y ejecutivos.

3. Por una Europa de los pueblos

La cesión de soberanía de los Estados a las instancias comunitarias no ha supuesto brecha alguna a través de la que las distintas realidades nacionales no estatales alcanzasen a hablar con voz propia en Europa. Ni la nonata Constitución europea ni el Tratado de Lisboa han abierto ninguna puerta en ese sentido, ya que ambas se someten al tabú de la “integridad territorial” de los Estados miembros, mientras que por el contrario practican una política de “doble rasero” reconociendo la emergencia de nuevos Estados en áreas incluso vecinas como ha ocurrido con Montenegro o Kosovo. La evolución de la Unión bajo las sacudidas de la crisis acentúa las desigualdades sociales, pero también los desequilibrios territoriales, la injusticia hacia las minorías y el sometimiento de las naciones sin Estado, alejándose a marchas forzadas del ideal de una Europa de los pueblos.

Defendemos la necesidad del reconocimiento pleno del DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN –INCLUIDAS LA SEPARACIÓN Y LA INDEPENDENCIA- EN EL MARCO DE LA UE Y DEL ESTADO ESPAÑOL. Al mismo tiempo propugnaremos en el ejercicio del mismo la opción por propuestas federales y/o confederales, libremente pactadas, que garanticen el reconocimiento de la diversidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de todos sus países miembros.

La UE debe impulsar la normalización del uso de todas las lenguas en la UE y en el Estado español, así como la enseñanza de las lenguas estatales, nacionales y de la inmigración. Esas medidas deben ir acompañadas por el desarrollo de políticas educativas y sociales que garanticen el reconocimiento efectivo de la diversidad y eviten la segregación por clase, lengua u origen étnico. 4. Un nuevo internacionalismo

* Contra la Europa imperialista, debemos exigir la renuncia y/o derogación de los “Acuerdos” y Tratados de “Libre Comercio” de la UE, como los que pretende imponer a los pueblos de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) y a los de Centro América, contrarios al respeto a la soberanía de los pueblos sobre sus bienes y recursos naturales y al servicio del saqueo de sus recursos en beneficio de las grandes multinacionales del Norte. * La cancelación de la Deuda Externa de los países empobrecidos por parte de todos los gobiernos de la UE así como el pago de la Deuda Ecológica han de ser el punto de partida de un cambio radical en las relaciones UE-Sur, basado en la justicia y no en la “caridad” de las políticas de “Cooperación y Desarrollo” y en el intervencionismo militar. Junto a todo esto, la negación de toda legitimidad a las instituciones y organismos internacionales que han estado al servicio del neoliberalismo, como el FMI, el BM y la OMC, ha de conducir a una modificación también radical de un “orden global” que, bajo la eufemística denominación de “comunidad internacional”, ha estado bajo el control de las grandes potencias y, sobre todo, del imperialismo estadounidense. * Contra la Europa militarista, la RETIRADA DE LAS TROPAS DE LA UE Y DE LA OTAN DE AFGANISTÁN y LÍBANO, además de la retirada total de las tropas y bases militares estadounidenses de Iraq, Oriente Medio y Asia Central, constituye un paso necesario en el camino hacia unas nuevas relaciones con los pueblos de esas regiones, basadas en el respeto de su derecho de autodeterminación (incluido el Kurdistán) y contra todo tipo de islamofobia. Asimismo, la renuncia a la presencia militar de Estados miembros de la UE en otros países y la DISOLUCIÓN DE LA OTAN deberían abrir un proceso tendente la sustitución de los ejércitos –y, por tanto, del Euroejército- por fuerzas de defensa no violenta, contribuyendo así desde suelo europeo a la desmilitarización y desnuclearización del planeta. * El BOICOT, LA DESINVERSIÓN Y LAS SANCIONES CONTRA EL APARTHEID ISRAELÍ, siguiendo el ejemplo de la campaña mantenida en el pasado contra Sudáfrica, constituyen hoy una tarea inaplazable del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. Debemos exigir la anulación del Acuerdo Preferencial de Comercio de la UE con el Estado de Israel, así como la suspensión de todo tipo de acuerdo social, educativo o cultural con Israel hasta que acate el derecho internacional y los principios universales de respeto a los derechos humanos. Asimismo, la UE debe exigir del Estado de Israel que indemnice al pueblo palestino por los daños humanos y materiales sufridos poniendo fin inmediatamente a la ocupación de Cisjordania y Gaza y reconociendo a la representación del pueblo palestino legítima y democráticamente elegida. * Los pueblos del Estado español tenemos una deuda histórica con el pueblo saharaui como antigua colonia que la dictadura franquista entregó al régimen dictatorial marroquí en 1975. Por eso debemos exigir el fin de la ocupación marroquí, del saqueo de sus recursos y el respeto al derecho a la plena libertad e independencia del pueblo saharaui mediante el RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA POR EL ESTADO ESPAÑOL Y LA UE. Una tarea que ha de ir estrechamente unida a la solidaridad con el pueblo marroquí frente a un régimen represivo que se ha convertido en el principal aliado del imperialismo en el Norte de Africa. Denunciamos los crímenes de ejércitos y mercenarios extranjeros, así como de las milicias sectarias paramilitares.

5. ¡Y la crisis que la paguen los ricos! DIEZ MEDIDAS URGENTES Y ALTERNATIVAS CONTRA LA CRISIS Y LA EUROPA CAPITALISTA

Junto con el Foro Social Mundial de Belém, decimos: “NO VAMOS A PAGAR LA CRISIS, LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS RICOS. Para hacer frente a la crisis son necesarias alternativas anticapitalistas, antiracistas, antiimperialistas, feministas, ecologistas y socialistas”. y de que no debemos dejarnos engañar por las falsas soluciones que desde el G-20 se pretenden poner en marcha ni ceder al miedo y a la resignación, éstas son algunas de nuestras propuestas para responder a esta situación de emergencia global DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA.

Un PLAN DE MOVILIZACIÓN SOSTENIDA, desde los sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanas y partidos de izquierda frente a la crisis. Este Plan debería incluir la convocatoria de una HUELGA GENERAL contra los banqueros, la patronal y el gobierno y a favor de la puesta en pie de las medidas más urgentes contra el paro y la precarización de nuestras vidas y en defensa del medio ambiente, de los derechos de las mujeres y de los pueblos. Un Plan de acción que necesariamente debería coordinarse con iniciativas y movilizaciones similares que a escala de la UE se están desarrollando y deberán proseguirse en el futuro.

Desde Izquierda Anticapitalista proponemos diez medidas y urgentes y alternativas contra la Crisis y la Europa Capitalista

1. Frente a la nueva ofensiva patronal contra los trabajadores y trabajadoras a través de los EREs y los despidos masivos, exigimos la PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS. Asimismo, el pago por los empresarios y directivos – con su patrimonio personal y familiar- de las deudas contraídas en los sectores en crisis, incluyendo la garantía de recolocación de todas las personas afectadas y sin disminución de salarios, así como su reconversión a cargo del Estado y bajo control obrero y social. Abolición del despido libre y reducción radical de la temporalidad en la contratación laboral con el fin de convertir la contratación indefinida en norma y la eventual en excepción, tendiendo así a converger con las políticas sociales más avanzadas de la UE. Reconversión de la industria militar y de sectores como el autmóvil y la construcción, con garantía de empleo y sin disminución de salario para todos y todas, bajo control obrero y social, al servicio de necesidades sociales sostenibles ambientalmente. SALARIO MÌNIMO DE 1.200 EUROS y derecho a un INGRESO SOCIAL EQUIVALENTE PARA TODAS LAS PERSONAS DESOCUPADAS en el camino hacia la Renta Básica Universal. REDUCCIÓN DE LA SEMANA LABORAL A 35 HORAS Y SOCIALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE CUIDADO. Supresión de las ETTs y potenciación de SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS. 2. Frente a la socialización de las pérdidas, promovida por los gobiernos al servicio de los banqueros, los especuladores y los estafadores para luego volver a privatizar los beneficios, exigimos la CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA BAJO CONTROL SOCIAL, con el fin de poner en marcha un sistema de préstamos ecosociales destinado a orientar la transición hacia otro modelo productivo al servicio de las necesidades básicas de la población. CIERRE DE TODOS LOS “PARAÍSOS FISCALES”, EMPEZANDO POR LOS QUE EXISTEN DENTRO DE LA UE, Y DE TODAS LAS FILIALES DE BANCOS Y EMPRESAS EUROPEAS EN LOS “PARAÍSOS FISCALES” EXTRACOMUNITARIOS. 3. Frente al cambio climático y a la crisis energética, EXPROPIACIÓN PÚBLICA DEL SECTOR ENERGÉTICO. Éste debe ser considerado como un servicio público planificado democráticamente, con el fin de emprender con urgencia el abandono progresivo de las energías no renovables y la transición hacia otro modo de producir, distribuir y consumir basado fundamentalmente en la energía solar. De inmediato, debería establecerse el COMPROMISO DE LA UE DE REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UN 40 % PARA 2020 CON RESPECTO A LOS NIVELES DE 1990 Y RENUNCIA A LA ENERGÍA NUCLEAR. 4. Frente a la Europa-fortaleza y el racismo institucional con el que las administraciones públicas criminalizan a la población trabajadora inmigrante, DEROGACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE “RETORNO”, CIERRE DE LOS CIEs, derogación de la Ley de Extranjería, despenalización del “top manta” y defensa del derecho a la hospitalidad con las personas “sin papeles”. Puentes, no muros: Cierre de los nuevos “muros de la vergüenza” en el Norte de África. NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL. Derechos iguales para todos y todas. 5. Contra el fraude inmobiliario y las hipotecas basura, LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO. EXPROPIACIÓN DE LAS VIVIENDAS VACÍAS Y CREACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO PARA ALQUILER SOCIAL, NO SUPERIOR AL 20 % DEL SALARIO. NINGÚN DESAHUCIO POR IMPAGO DE HIPOTECAS DE LOS HOGARES AFECTADOS POR EL FRAUDE INMOBILIARIO Y EL PARO. 6. El agua, la tierra, la sanidad, la educación, la cultura son bienes y derechos comunes al servicio de una vida digna para todos y todas. POR UNOS SERVICIOS DE PROPIEDAD Y DE GESTIÓN 100 % PÚBLICOS, CONDICIÓN NECESARIA PARA SU CALIDAD SOCIAL. PARALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y RETORNO AL SECTOR PÚBLICO, BAJO CONTROL SOCIAL, DE LOS YA PRIVATIZADOS. NO AL PLAN BOLONIA: Por una Universidad Pública y de calidad al servicio de las necesidades sociales y no de la precarización de nuestras vidas. Por una revisión profunda de la Política Agrícola Común de la UE para ponerla al servicio de quienes trabajan la tierra y a favor de un mundo rural vivo. POR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: Fuera la agricultura y la alimentación de la OMC. NO A LOS TRANSGÉNICOS. Por un trato digno a los animales. Por una política cultural que garantice que los medios de comunicación públicos estén al servicio de la ciudadanía y que favorezca la creación artística y desmercantilizada, el copyleft y los medios de comunicación alternativos. 7. La crisis está siendo aprovechada también por la derecha y los sectores más conservadores de la iglesia católica y de otras religiones para atacar derechos y conquistas logradas por las mujeres y por todas aquellas personas que luchan contra el patriarcado y la “norma” heterosexual. Frente a la timorata reforma del gobierno de ZP y a las restricciones que a la interrupción voluntaria del embarazo existen en muchos países de la UE, debemos exigir el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir libremente mediante la DESPENALIZACIÓN TOTAL DEL ABORTO y derecho al aborto y a la contracepción libre y gratuitas a cargo de la Sanidad Pública. Por el pleno respeto a todas las opciones sexuales y a la libertad sexual. 8. La globalización neoliberal del capitalismo ha ido acompañada también por un aumento constante de los gastos militares, una mayor militarización del planeta y una expansión de la OTAN como brazo armado de “Occidente” bajo el control estadounidense y con la implicación directa de la UE. En el contexto de la crisis actual, esa “Alianza” constituye una amenaza permanente frente a los pueblos que se rebelen frente a su nuevo “desorden”. Por eso habrá que seguir luchando por la DISOLUCIÓN DE LA OTAN E, INMEDIATAMENTE, exigir la RETIRADA DE LAS TROPAS DE LA UE Y DE LA OTAN DE AFGANISTÁN Y LÍBANO, el BOICOT AL ESTADO DE ISRAEL y el RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL PUEBLO PALESTINO A VIVIR EN PAZ Y EN SU TIERRA. Contra la ocupación marroquí, RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA POR EL ESTADO ESPAÑOL Y LA UE 9. Las respuestas a la crisis global exigen que la SOCIALIZACIÓN DE LA RIQUEZA Y DE LOS BIENES COMUNES y la PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA ECONOMÍA se basen también en la lucha CONTRA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA CORRUPCIÓN y a favor de OTRA DEMOCRACIA REPUBLICANA Y PARTICIPATIVA mediante medidas como: DERECHOS PLENOS DE CIUDADANÍA Y DE VOTO A LOS 16 AÑOS PARA TODAS LAS PERSONAS CON RESIDENCIA ESTABLE; LA LIMITACIÓN DE LA PERMANENCIA EN CUALQUIER CARGO PÚBLICO A NO MÁS DE 2 MANDATOS, CON SALARIOS QUE NO SEAN SUPERIORES AL SALARIO MEDIO PÚBLICO; LA DEROGACIÓN DE LEYES RESTRICTIVAS DE LIBERTADES BÁSICAS COMO LA LEY DE PARTIDOS, Y EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN, INCLUIDA LA INDEPENDENCIA, DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE EUROPA. 10. La Unión Europea no sólo ha sido uno de los principales motores de las políticas que han conducido a esta crisis global sino que ahora pretende imponer de forma antidemocrática un Tratado de Lisboa que no es sino una nueva versión del Tratado Constitucional que fue rechazado por los pueblos francés y holandés. Las próximas elecciones europeas y la presidencia española durante el primer semestre de 2010 han de ser nuevas oportunidades para gritar bien alto que OTRA EUROPA ES POSIBLE: DEROGACIÓN DEL TRATADO DE MAASTRICHT Y DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO. NO AL TRATADO DE LISBOA, POR UNA EUROPA BASADA EN LA ARMONIZACIÓN POR ARRIBA DE LOS DERECHOS Y CONQUISTAS LOGRADOS Y EN LA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL SUR, que apoye sus intereses y decisiones soberanas en las instituciones internacionales, empezando por la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos y la renuncia a la imposición de Acuerdos y Tratados de “Libre Comercio” injustos.

OTRO MUNDO ES POSIBLE. NUESTRAS VIDAS Y EL PLANETA VALEN MÁS QUE SUS BENEFICIOS.

Sin embargo, para que estas propuestas de ruptura con la lógica capitalista y los contenidos que aquí recogemos se popularicen es fundamental trabajar por federar las resistencias en curso, potenciar un proceso de convergencia de luchas por abajo, en la perspectiva de propiciar un movimiento de conjunto contra las políticas actuales que sean cuantitativa y cualitativamente más potentes. La huelga general que necesitamos no puede ser decretada en frío sino que debe ser preparada desde la convergencia real de las luchas: contra los cierres de empresas, contra la privatización de la educación y la sanidad, contra las políticas de austeridad. Esto no impide que apoyemos iniciativas sindicales y ciudadanas que puedan surgir desde distintas zonas y sectores que, pese a sus limitaciones, contribuyan a extender la necesidad de avanzar por el camino que proponemos. Porque tenemos alternativas y necesitamos construir la fuerza necesaria para hacerlas posibles a escala del Estado español, a escala europea y globalmente.

Es desde el apoyo y la participación activa en estas y otras movilizaciones que se están desarrollando en Europa y en el Estado español como concebimos el impulso de una CANDIDATURA ANTICAPITALISTA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS, con la colaboración de activistas, sindicalistas e independientes. Porque es más necesario que nunca demostrar que hace falta, junto con fuerzas políticas a escala europea con las que podemos compartir lo esencial de ese proyecto, construir UNA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA PARA OTRA EUROPA POSIBLE.

Exige, por el contrario, poner en primer plano la necesidad de un proyecto global de sociedad alternativa que tienda a basarse en la SOCIALIZACIÓN DE LA RIQUEZA Y DE LOS BIENES COMUNES y en la planificación democrática de la economía para ponerla al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la humanidad, del planeta y de las futuras generaciones. Desde la firme convicción de que OTRO MUNDO ES POSIBLE. Porque NUESTRAS VIDAS Y EL PLANETA VALEN MÁS QUE SUS BENEFICIOS.

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