Desatar el lazo de la mordaza del PP

Comunicado de Anticapitalistas ante las nuevas agresiones contra las libertades del gobierno de Rajoy

En unas pocas horas se está concentrando la acción demoledora del PP contra los restos de independencia y opinión libre que puedan quedar en el llamado “poder judicial”. La siguiente secuencia de hechos no es producto del azar. Bien al contrario forma parte de una política autoritaria sistemática.

La destitución del fiscal Manuel López Bernal que investigaba los desmanes de Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia del PP gracias al apoyo de Cs, decretada por el nuevo flamante Fiscal General del PP José Manuel Plaza auténtico destroyer del aparato de persecución legal de los corruptos; la denuncia por parte de López Bernal y la Unión Progresista de Fiscales de la existencia de coacciones y delitos contra quienes investigan casos de corrupción; la “absolución” de Cristina de Borbón junto a la ridícula condena a su marido Iñaki Urdangarin puesto en libertad sin fianza; y la catarata de declaraciones sobre la existencia de jueces y fiscales buenos y de jueces y fiscales malos realizadas por Rafael Catalá, Ministro de Justicia y de larga tradición como pocero de las aguas sucias del aparato de estado por cuenta del partido de Rajoy…son, sólo, las más recientes manifestaciones de la podredumbre del entramado de la parte del Estado que teóricamente es garante de nuestros derechos y libertades.

Y ello se hace en un contexto internacional de involución ideológica y de retroceso de los derechos humanos, laborales y sociales, simbolizado por Trump pero cuyo aliento se ve en el ascenso de la extrema derecha “institucional” tanto en Europa como en Latinoamérica, África y Asia. Lo que supone un mayor riesgo que debemos conjurar, comenzando por el Estado español.

Un régimen contra el pueblo

Un enfoque formal, no exento de razón, podría concluir que estamos ante una serie de acontecimientos que ponen en evidencia que la separación de poderes sobre la que teóricamente se asienta el Estado de Derecho desde 1978, es una pura entelequia.

Pero la cuestión es más grave: nos encontramos ante casos desnudos del carácter clasista de la justicia en una sociedad capitalista en una de las versiones más extremas, la que requiere un gobierno conservador, la oligarquía del Ibex35 y el mandato del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para allanar aún más el camino abierto por la Ley Mordaza para poder aplicar más y más duros recortes salariales y del gasto social y nuevos ataques a las condiciones laborales, así como una “reconducción” de la crisis política abierta por el 15 M, agente deslegitimador del régimen del 78 y causante en última instancia del fin del bipartidismo como pieza fundamental del funcionamiento del mismo.

La actuación del PP es uno de los casos más escandalosos a nivel mundial de uso sectario de los mecanismos gubernamentales para defender la cosa nostra en la que se ha convertido el partido conservador, que ha relevado al PSOE en su función de garante de los intereses de la oligarquía financiera e industrial, y que pone en evidencia el nexo existente entre el modelo de negocio de las grandes constructoras, las compañías del oligopolio energético y las principales entidades bancarias y la corrupción política. Ésta lejos de ser un epifenómeno del sistema capitalista, forma parte del business as usual, está íntimamente vinculado al funcionamiento y a la realización de la ganancia en la actual fase de privatización de lo público y de saqueo de los bienes comunes.

Una tarea pendiente: la ruptura democrática

A ese fin económico se une el objetivo del PP, de Cs y de parte del PSOE de realizar un cierre acelerado por la derecha de la crisis del bipartidismo para afrontar el desafío de la consulta catalana y evitar que siga una deslegitimación general del régimen del 78 que pudiera desencadenar una ruptura democrática y la apertura de nuevos momentos constituyentes.

El que la jefatura monárquica del Estado se vea involucrada una y otra vez desde hace años en los turbios negocios del saqueo y dado el papel constitucional que tiene el monarca, nos da una idea del grado de corrosión del régimen.

Un régimen cuya mejor metáfora es banquillo de acusados y condenados (la sentencia era inevitable dada la indignación social) del caso de las tarjetas black de Bankia: miembros del PP y del PSOE, de la CEOE y de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) e incluso de aquellos sectores del PCE e IU que estaban más apegados a la Constitución del 78, unidos en el expolio.

Pero esta condena social no basta. Es necesario que todas las fuerzas políticas del cambio, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales feministas, ecologistas, por la vivienda, juveniles, de pensionistas… unan su voz, expresen su rotunda decisión a terminar con este estado de cosas e impulsen la movilización en las calles y en las plazas comenzando por apoyar las iniciativas en curso.

Anticapitalistas llama, por tanto, a participar de forma activa en cuantas protestas se convoquen para denunciar estas situaciones.